Noticias

Propone diputada Ana Estrada reformar la Constitución de Chihuahua a fin de disminuir el financiamiento a los partidos políticos

27 de noviembre de 2018.

H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-


La suscrita, en mi carácter de Diputada de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracciones I y II; y 68, fracción I, de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 167, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo a esta Soberanía a presentar Iniciativa con carácter de Decreto que reforma la fracción I del artículo 27 Bis de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, a fin de disminuir en un 50 % el financiamiento a los Partidos Políticos. Lo anterior, con sustento en la siguiente:




E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S


Uno de los elementos característicos de una democracia verdaderamente representativa y funcional es la austeridad. La razón es sencilla: la existencia de un régimen político en el que la voluntad ciudadana sea la pauta de las decisiones fundamentales del Estado y en el que la actividad gubernamental genere resultados que impulsen el bienestar de la mayoría, sólo puede ser posible cuando la actividad política es ajena al dispendio y al privilegio.












Desafortunadamente, en México la política ha estado marcada por la ausencia de sobriedad, el derroche y la opulencia. En nuestro país, tener un cargo público ha sido visto indebidamente por muchas personas como la puerta de entrada a la riqueza. En tal contexto, como lo muestran diversos estudios, tener poder político se ha convertido en sinónimo de concentrar recursos y dinero , así como poder. Y en medio de esa realidad distorsionada, han surgido frases lamentables como aquella que afirmaba: “Que un político pobre, era un pobre político”.

Esta situación puede ayudar a explicar en cierta medida muchos de los males que aquejan a las y los mexicanos, desde la falta de crecimiento económico, hasta la falta de eficacia en el combate a la desigualdad y, por qué no decir, una desigualdad injusta.

Después de todo, ¿quién puede esperar que una clase política acostumbrada al privilegio luche de manera efectiva por el bienestar de la mayoría y por evitar la polarización social? No es casualidad que México sea uno de los países más desiguales del mundo. Aquí el 1% más rico dispone del 22% del ingreso total, mientras que en otros países el 1% más rico sólo dispone de un porcentaje que fluctúa entre 6 y el 10% del ingreso . Así que como atinadamente señala Lorenzo Meyer: “la democracia representativa mexicana tiene poco de democracia, menos de representativa y mucho de callejón sin salida” .

Esto no puede continuar así, la voluntad mayoritaria de la población mexicana expresada de manera contundente en las urnas, nos exige, señoras y señores Senadores, a una transformación profunda de nuestra realidad y sentar las bases de una nación más próspera y equitativa, en la que las oportunidades de desarrollo no estén reservadas sólo a unas cuantas personas.







Una de las áreas que podemos ver en la que el dispendio en el uso de recursos públicos se expresa con mayor crudeza, es en el financiamiento que se asigna a los partidos políticos.

Lo cierto es que el monto de los recursos que se otorgan anualmente a los partidos políticos es claramente excesivo y ofensivo, y no corresponde con la difícil situación económica y social por la que atraviesa nuestro país en años recientes.

Ello ha generado incentivos perversos para la corrupción y ha desvirtuado su papel como entidades de interés público y como organizaciones ciudadanas que debe promover la participación. Incluso, no es exagerado afirmar que la abundancia de dinero y la capacidad de dispendio de que han gozado los partidos políticos tradicionales y sus burocracias en las últimas décadas, han impulsado la consolidación de una estructura oligárquica que, de forma equivocada, entiende la representación política como una oportunidad de capturar los recursos del Estado.

Tal situación asfixia que el principio democrático de sus raíces, impide la correcta articulación de los mecanismos de representatividad y materialista, aquellos que Robert Michels, denominó como una de sus obras como la “ley de hierro de la oligarquía”, que se manifiesta en la dominación del electorado por los elegidos, de los delegantes por los delegados.

Bajo este escenario, entre la población se ha consolidado una percepción negativa de los partidos políticos, la cual resulta comprensible. Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los partidos políticos son instituciones que tienen un nivel de desconfianza del 82%.








A pesar de lo anterior, este año a los partidos estatales les fueron asignados recursos que ascendieron a los $184, 755, 037 (ciento ochenta y cuatro millones setecientos cincuenta y cinco mil treinta y siente pesos M.N.), para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña, actividades específicas, franquicias postales y franquicias telegráficas.

Es importante recordar que, de acuerdo con la fracción I, del artículo 27 Bis de nuestra Constitución Política del Estado, el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se fija anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente (80.60 pesos). Una fórmula que permite la entrega de montos millonarios a estos entes públicos.

Con esa base, atendiendo a las 2 millones 770 mil 381 personas inscritas en el padrón se tiene que, para 2019 los partidos recibirán en total 145 millones 140 mil 260 pesos, de los cuales un 30 por ciento se reparte de manera igualitaria a quienes lograron pasar el umbral del tres por ciento de la votación válida emitida, y el 70 restante va en proporción directa al porcentaje de cada partido.

Al tomar en cuenta que la votación válida emitida sería de millón 329 mil 307 votos (cifra luego de quitar votos nulos, de candidatos no registrados e independientes), el PAN se quedaría con un 30 por ciento de las preferencias electorales, seguido por Morena con 29 por ciento; PRI con 18; PVEM con 4.49; Panal con 4.29; PT con 3.71 y MC con 3.28 por ciento.

Cada uno de ellos conseguiría 6 millones 220 mil 296 pesos con el primer 30 por ciento del financiamiento total para partidos (43.54 mdp).












Del otro 70 por ciento (101.59 mdp) le representaría al PAN tener un gasto por 37 millones de pesos para el siguiente año, a Morena 36 millones, el PRI accedería a 25, Partido Verde y Panal 10 millones cada uno, PT con 9.98 millones y MC 9.5 millones de pesos .

Por ello, me presento ante esta tribuna precisamente para hacer cumplir algo que los chihuahuenses y las chihuahuenses desean y esperan de nosotros, reducir al 50 por ciento el financiamiento a todos los partidos políticos.

De forma concreta, se propone modificar la fórmula por la que se determina este financiamiento, el reducir a la mitad del porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización que se multiplica por el número total de ciudadanos y ciudadanas inscritos en el padrón electoral.

Que no se siga gastando el dinero del pueblo en los partidos y se reoriente el gasto a satisfacer las diversas necesidades de las familias chihuahuenses, ahorrarle a las y los ciudadanos 72 millones 570 mil 130 pesos, 72 millones que bien pueden ser invertidos en salud, son graves las deficiencias de Doctores y medicamentos en los hospitales públicos, en educación, tenemos escuelas que no tienen piso ni sanitarios, cubramos las necesidades de nuestros adultos mayores, hay mucho por hacer y este dinero tiene que invertirse en ello.

Compañeras y compañeros legisladores, les pido que seamos sensibles ante lo que nos exige el pueblo, que ya está harto de esta burocracia que ha costado mucho y que pesa mucho a nuestra calidad de vida. No podemos abdicar de nuestra responsabilidad de cumplir con las demandas y los anhelos de la población chihuahuense. Somos sus representantes y, como tales, debemos de actuar en este Congreso.








Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a consideración de esta Asamblea el siguiente Proyecto de:



DECRETO


ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 27 Bis de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, para quedar redactada de la siguiente manera:


ARTÍCULO 27 BIS.


El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan el derecho a participar en su distribución después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgarán conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

I. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte, de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el setenta por ciento restante, de acuerdo al porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.





TRANSITORIOS


ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua., a los veintisiete días de mes de noviembre del año dos mil dieciocho.


ATENTAMENTE



DIP. ANA CARMEN ESTRADA GARCÍA