08 de febrero de 2019.

H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.-

Quien suscribe, Carmen Rocío González Alonso, en mi carácter de Diputada a la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, acudo ante este alta Asamblea a efecto de exponer el siguiente posicionamiento:

Como es del conocimiento público, a principios del mes de diciembre del año 2018, en diferentes medios de comunicación nacionales como internacionales se hizo viral el despido masivo de trabajadores al servicio del gobierno federal, en lo particular en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tanto en oficinas centrales, como en las delegaciones de Tuxpan, Veracruz, Baja California Sur, Ensenada, Baja California, Jalisco, Coahuila, Sinaloa, Irapuato, Guanajuato, Ciudad de México, Cuernavaca, Morelos, entre otras oficinas ubicadas en las diferentes entidades federativas; en ese momento las personas que fueron despedidas sin justificación alguna y de manera arbitraria, exigían que se les diera una explicación pronta por parte de las autoridades por cómo se suscitaron los hechos, ya que en la mayoría de los casos se dio la misma modalidad en los despidos, los empleados eran literalmente “encerrados” por parte de su superior jerárquico, así como del personal jurídico de la dependencia para obligarlos a firmar sus renuncias, esto en un ambiente de amenazas e insultos, se destaca que los afectados son trabajadores con bajo salario y no altos funcionarios que pos ende cuentan con remuneraciones más altas.

En fecha 21 de Diciembre del 2018, el Servicio de Administración Tributaria a través de su portal oficial dio a conocer el siguiente comunicado de prensa;
El Gobierno de México ha iniciado la actual administración bajo los principios rectores de austeridad, eficiencia y ahorro. El SAT, como parte de esta reorganización no resulta ajeno a ese compromiso.
Derivado de un análisis organizacional y con la finalidad de evitar duplicidad de funciones e incrementar la eficiencia, las Administraciones Generales del SAT propusieron reajustar sus unidades administrativas, determinando las áreas y plazas que se podrían compactar, previendo no impactar la calidad de los servicios ni los procesos recaudatorios.
Aunado a ello también se eliminarán los privilegios y altos sueldos a funcionarios públicos de nivel directivo; se ejercerán recursos en forma racional y se combatirá frontalmente la corrupción.
Estas medidas se empezaron a implementar esta semana en distintas oficinas de la Ciudad de México y, a partir de este jueves, en el resto del país, abarcando en ciertos casos la supresión total de nuestras administraciones desconcentradas.
A este momento hemos recibido quejas sobre la forma en que la medida de austeridad está siendo aplicada. En este sentido, se le ha solicitado a la Administración General de Recursos y Servicios que, en los términos de la normatividad aplicable, revise que la acciones sean realizadas en estricto apego a la ley.
La atención a los procesos de recaudación, fiscalización, jurídicos, así como, la atención a los contribuyentes para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones fiscales están garantizadas.
En el SAT refrendamos el compromiso con la política de austeridad en beneficio de los mexicanos, convencidos de que la eficiencia y el ahorro permitirán que los recursos públicos se optimicen en beneficio de las y los contribuyentes.

Así mismo el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos mexicanos al ser cuestionado durante su conferencia matutina del día 24 de diciembre del 2018, de forma textual manifestó lo siguiente;
“Los trabajadores inconformes tienen el derecho constitucional de manifestarse, derecho a la manifestación, a la protesta, un derecho a disentir y que comprende sus quejas porque se están llevando a cabo cambios. Por lo que promete que su gobierno analizará la situación para que no se cometan injusticias”
“Algunos trabajadores de confianza han dejado de laborar en el gobierno. Vamos a revisar esta decisión que se ha tomado por un mandamiento en el sentido de que debemos de evitar duplicidades y ajustar el número de funcionarios públicos de confianza”, asegura, para, a continuación, prometer que se revisará caso por caso, “porque puede ser que se trate de un trabajador de confianza, pero que lleva 15 o 20 años laborando y que, además, gana muy poco”.
“Lo que estamos buscando –añade- es hacer el ajuste arriba, en los altos funcionarios públicos, no en los trabajadores de base, no en los que ganan muy poco. Eso se va a revisar”.
Por lo anterior señalado las autoridades argumentan que la decisión de prescindir de miles de trabajadores fue en apego a la política de austeridad implementada por el titular de Poder Ejecutivo Federal; sin embargo el 1 de Enero del presente año el Servicio de Administración Tributaria emitió una convocatoria al puesto de Oficial de Comercio Exterior en cualquiera de las 49 aduanas de nuestro país dentro de la Administración General de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria.

Es por todo lo anterior expuesto que se advierte que existe una gran incongruencia tanto en el decir como en el actuar por parte de las autoridades y el propio titular del Poder Ejecutivo, ya que en su momento se argumento que debido a la implementación de la política de austeridad y a un reajuste en sus unidades administrativas se tomaba la decisión de prescindir laboralmente de miles de trabajadores que a la fecha siguen con incertidumbre jurídica, ya que no se les ha resulto su situación laboral; es por ello que no encontramos un verdadero compromiso por parte del gobierno federal en brindarles una solución pronta a miles de trabajadores y sus familias, sin embargo si vemos unas convocatoria emitida por el Servicio de Administración Tributaria para contra nuevo personal, al cual se le deberá dotar de recurso económico para el pago de sueldos y salarios.


ATENTAMENTE


CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ ALONSO