30 de marzo de 2021. 'La diputada del PRI, Anna Elizabeth Chávez Mata, presentó iniciativa con carácter de acuerdo, a efecto de exhortar al Honorable Congreso de la Unión, a fin de que, conforme a lo establecido en la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con absoluto respeto a su ámbito de competencia, expida la legislación única en materia procesal civil y familiar, procurando tener en cuenta los distintos grados de avance de los poderes judiciales locales, con el objetivo de dar mayor certeza y eficacia a los procesos que se desahogan en el país.\r\n\r\n\r\nH. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA \r\nPRESENTE.-\r\n\r\nLa suscrita Anna Elizabeth Chávez Mata, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputada de la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado, con fundamento en lo que dispone la fracción I, del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 169, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; comparezco ante este Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a fin de presentar iniciativa con carácter de Acuerdo a efecto de exhortar de manera respetuosa, al Honorable Congreso de la Unión a fin de que, conforme a lo establecido en la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con absoluto respeto a su ámbito de competencia, expida la legislación única en materia procesal civil y familiar, procurando tener en cuenta los distintos grados de avance de los poderes judiciales locales, con el objetivo de dar mayor certeza y eficacia a los procesos que se desahogan en el país; lo anterior al tenor de la siguiente: \r\n\r\nEXPOSICIÓN DE MOTIVOS:\r\n\r\nEl Derecho de Familia se ha convertido en una disciplina jurídica autónoma, cuyo estudio es independiente del Derecho Civil, como tradicionalmente se le ha considerado, y conforme a sus principios, normas, instituciones y fuentes, su naturaleza es social, por tanto, se ubica como rama del Derecho Social. \r\n\r\nA razón de esto se inició con un proceso de transformación política; la nueva visión de Estado implementada por el Gobierno, requiriendo de políticas públicas acordes a esta realidad histórica. En ese sentido, el 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se faculta de forma exclusiva al Congreso de la Unión a expedir la legislación única, aplicable a nivel nacional, en materia procesal civil y familiar.\r\n\r\nPara la obtención del resultado de la referida reforma, desde el mes de abril de 2015 se inició con un arduo trabajo por medio de distintos foros de consulta organizados por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) , en conjunto con 17 instituciones de desarrollo, a solicitud del entonces titular del Ejecutivo Federal, por medio de un ejercicio plural de consulta en materia de justicia cotidiana que tuvo como propósito fortalecer al Estado de derecho mediante incentivos institucionales para hacer efectivos los derechos de las personas y resolver, de manera pacífica y ordenada, los conflictos propios de la vida democrática, en estos foros participaron juristas, académicos y representantes de la sociedad civil, con la finalidad de elaborar propuestas y recomendaciones para hacer más amplio, eficaz y equitativo el acceso a la justicia en México.\r\n\r\n Tomando en cuenta que diversos dispositivos normativos constitucionales, así como convenios y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano exigen la protección de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad.\r\n\r\nLa consulta permitió exponer a la luz pública un problema olvidado el acceso a la justicia que incide en la calidad de vida de los mexicanos, el ejercicio de los derechos humanos, el desarrollo económico y la consolidación del Estado de derecho.\r\n\r\nDentro de estas recomendaciones resalta una agenda prioritaria de cuatro temas para acercar la justicia a las personas y entre estos destaca la creación de un nuevo modelo de justicia familiar.\r\n\r\nLa citada reforma constitucional tuvo como finalidad establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar la justicia civil y familiar en todo el país. A pesar de que a nivel constitucional se encuentra plasmada la obligación de contar con una legislación única, no ha sido posible llevarla a la vida jurídica.\r\n\r\nLa reforma a nuestra Carta Magna, señalo un término de ciento ochenta días para que el Congreso de la Unión expidiera dicha ley, estos, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma, siendo el 16 de septiembre de 2017, lo cual tendría que haberse hecho hacia la mitad del mes de marzo de 2018.\r\n\r\nAhora bien, hasta en tanto entre en vigor la normativa única en materia Procesal Civil y Familiar, se sigue aplicando en las entidades federativas la normativa local expedida con anterioridad a esa fecha, no obstante, los tres Poderes nos encontramos impedidos para iniciar cualquier modificación que permita lograr de manera más eficaz y simplificada los trámites conforme la nueva realidad.\r\n\r\nHoy más que nunca se hace necesaria la entrada en vigor de la Norma única en la materia, pues debemos resaltar que derivado de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, los poderes judiciales de todo el país, se han visto en la necesidad de aplicar adecuaciones constantes del funcionamiento de las instituciones, buscando estrategias que les permitieran solventar las cargas de trabajo bajo estrictos protocolos para garantizar la salud tanto de trabajadores como de los usuarios. Todo ello sin poder modificar sus marcos legales.\r\n\r\nEn ese sentido, es importante reconocer las acciones que han emprendido los diversos Poderes Judiciales, entre ellos el del Estado de Chihuahua, todo ello para garantizar el mejoramiento de la administración de justicia, expidiendo los acuerdos y necesarios para reactivar los servicios que ofrecen, apoyándose de las diferentes herramientas tecnológicas a su alcance.\r\n\r\nNo debemos dejar de pasar todos los esfuerzos dedicados a construir un mejor sistema de justicia. En aras a consolidar la normativa procesal civil y familiar para establecer procedimientos homologados que permita procesos más ágiles y expeditos, e Incluso debemos recordar que la propia Comisión Nacional de Tribunales de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), ha externado la necesidad de implementar a la brevedad un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.\r\n\r\nPor lo anterior expuesto, y con el objeto de lograr una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar la justicia civil y familiar en todo el país, es que se propone, el siguiente Proyecto con carácter de: \r\n\r\nACUERDO:\r\n\r\nUNICO. - La Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta de manera respetuosa, al Honorable Congreso de la Unión a fin de que, conforme a lo establecido en la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con absoluto respeto a su ámbito de competencia, expida la legislación única en materia procesal civil y familiar, procurando tener en cuenta los distintos grados de avance de los poderes judiciales locales, con el objetivo de dar mayor certeza y eficacia a los procesos que se desahogan en el país.\r\n\r\nECONÓMICO. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la Minuta de Acuerdo correspondiente.\r\n\r\nDado en sesión realizada en la modalidad de acceso remoto o virtual del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua., a los treinta días de mes de marzo del año dos mil veintiuno.\r\n\r\n\r\nATENTAMENTE\r\n\r\nDIPUTADA ANNA ELIZABETH CHÁVEZ MATA\r\n'