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Junio 11 Reforma Congreso normas estatales en materia de seguridad pública


Integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado reformaron, diversos artículos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Fiscalía General y la Ley de Seguridad Privada, todos ordenamientos de Chihuahua.
Entre las cuestiones que se reformaron están, el modificar las categorías de los peritos, trasparentar el quehacer principal del Estado a fin de reorganizar las funciones de seguridad, que el área encargada de innovación y desarrollo tecnológico, soporte y demás funciones, se desvincule de la Dirección General de Administración y Sistemas para dar origen a la Dirección de Sistemas y por último sancionar al prestador de servicios con la clausura del establecimiento en diversos supuestos relacionado con el Registro Estatal de Empresas, Personas, Armamento y Equipo de Seguridad Privada.
La Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, dentro de las consideraciones del Dictamen, señala que estas modificaciones hechas, son de suma importancia y trascendencia para la Entidad, para continuar con los avances en materia de seguridad pública y fortalecer la cobertura y calidad en la función de la misma, ya que se obliga a que los peritos técnicos, deberán acreditar los estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente, así como los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio.
Además, la Comisión Estatal de Seguridad Pública estará organizada para ejercer la función de seguridad pública, auxiliándose de Ia División de Fuerzas Estatales, de la División de Operaciones Especiales, de la de Inteligencia, Policía Vial, Operaciones Rurales, de Seguridad Bancaria, Comercial e industrial y las demás que determinen las leyes y reglamentos.
Cabe mencionar que las reformas realizadas se aplicaron al ser la seguridad pública uno de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, pues la promoción de la justicia proporciona condiciones de paz, seguridad, progreso, así como desarrollo social y económico y dado a que cada generación exige cambios y nuevas estrategias de previsión en concordancia con distintitas instituciones gubernamentales, versa el Decreto.