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Septiembre 20 Iniciativa del diputado Jorge Soto para expedir la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de Chihuahua

H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-
JORGE CARLOS SOTO PRIETO, en mi carácter de diputado de la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68,fracción I de la Constitución Política, 167, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 75 y 76 del Reglamento Interior de Practicas Parlamentarias del Poder Legislativo, todos estos ordenamientos del Estado de Chihuahua; someto a consideración a este H. Congreso del Estado, iniciativa con carácter de decreto con el propósito de expedir la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de Chihuahua, lo anterior con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un obstáculo importante para lograr la competitividad económica y el desarrollo productivo de nuestra Entidad radica principalmente en la excesiva regulación, la complejidad y burocracia de los trámites y servicios, así como la ausencia de supervisión a las autoridades responsables de su aplicación.
La inadecuada regulación de las actividades públicas incide directamente en la vida de las personas, pone en riesgo su seguridad jurídica, obstruye la correcta prestación de bienes y servicios públicos, y frena el entorno empresarial imponiendo altos costos de cumplimiento que se traducen en pérdida de tiempo, dinero y un incentivo para cometer actos de corrupción.Esta última consecuencia se puede apreciar en los resultados arrojados durante el 2017, en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) donde mostró que la tasa de trámites donde la población estuvo en contacto con alguna persona dedicada al servicio público y experimentó al menos un acto de corrupción, fue de 40,673 por cada 100,000 habitantes.

Por su parte, el INEGI y la ahora Comisión nacional de Mejora Regulatoria, en un esfuerzo conjunto, emitieron en el mes de julio de 2017, los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, relativa al marco regulatorio y la competitividad en México, a partir de trámites, pagos, servicios e inspecciones realizadas por los gobiernos, las características y calidad de los servicios públicos básicos, la infraestructura pública y la experiencia con actos de corrupción. Todo ello en concordancia con los trabajos impulsados por el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Foro Económico Mundial.
Esta encuesta arrojó que el 20.2% del total de las unidades económicas consideraron que durante 2016, el marco regulatorio(realizar trámites, atender normas, licencias, permisos o inspecciones gubernamentales) representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocio.
El 59.9% de las unidades económicas consideraron que las cargas administrativas para cumplir con el marco regulatorio fueron mayores con relación a las del año previo.
Por lo que se refiere a los costos monetarios en que incurrieron las unidades económicas para cumplir con las regulaciones durante el 2016, se gastó un promedio $48,871 pesos por cargas administrativas.
A nivel nacional se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades federales, estatales o municipales, lo que representa un promedio de 19.5 trámites por unidad económica por año. De ellos, el 40.3% se realizaron directamente ante oficinas de gobierno y el 22.7% fueron realizados a través de internet.
El 64.6% de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites. Por otro lado, 39.4% señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones.
Ahora bien, según datos de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), se reciben en el Registro Federal de Trámites y Servicios, alrededor de 4,500 inscripcionesmensuales, más 1,300 trámites que no se incluyen en el Registro de conformidad con la Ley General de Mejora Regulatoria , todos estos están sujetos a más de 150 mil regulaciones vigentes emitidas por los tres órdenes de gobierno, es decir, existe incluso duplicidad normativa para quienes los realizan, debido a la falta de coordinación entre los distintos poderes, lo que representa un costo económico equivalente al 2.78% del Producto Interno Bruto (PIB).
Estos datos estadísticos nos obligan a generar políticas públicas que mejoren el marco normativo que regula la actividad empresarial, a fin de optimizar la eficiencia de la economía, proteger los derechos y la seguridad de la ciudadanía en la prestación de los bienes y servicios públicos.
Se han destinado grandes esfuerzos para diseñar políticas de mejora regulatoria en México, la realidad nos indica que las estrategias adoptadas no han resultado del todo efectivas, pues carecemos de instrumentos normativos integrales y coordinados entre los tres órdenes de gobierno para el correcto ejercicio público.
La duplicación innecesaria de regulaciones y los amplios márgenes de discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de las y los servidores públicos, ocasionanpérdida de confianza en las instituciones públicas y por ende,efectos negativos en la satisfacción social.
La lentitud de los trámites, los altos costos que ello representa ylos horarios restringidos, como ya vimos, también son factores que inciden directamente en elevar los índices de corrupción. Y además de lo anterior, carecemos de mecanismos de medición del impacto legislativo, es decir, de sus efectos y eficacia, pues desconocemos, en la mayoría de los casos, si las normas que se crean otorgarán beneficios superiores a sus costos de aplicación.
Retomando los reportes que realiza el Banco Mundial, “Doing Business” en México, 2016, enfocado en la medición de la calidad y la eficiencia de la regulación desde la perspectiva de la pequeña y mediana empresa, podemos observar, en los diversos indicadores de evaluación, que el Estado de Chihuahua presenta una considerable distancia con las entidades mejores evaluadas. Por ejemplo: de las 32 entidades federativas, en el rubro de “apertura de una empresa” Chihuahua ocupó el lugar 32; en “obtención de permisos de construcción” lugar 29; en “registro de la propiedad” el 14; y por último, en “cumplimiento de contratos” el lugar 25.
Definitivamente la simplificación y claridad normativa, la reducción de cargas administrativas, la calidad regulatoria a través de la evaluación post legislativa, la adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, la constante capacitación en el servicio público,el aprovechamiento de la tecnología y la transparencia, son algunos de los elementos indispensables en la implementación de una estrategia de mejora regulatoria exitosa.
La Mejora Regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten en obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.
En consecuencia, la mejora regulatoria busca generar mayores beneficios con el menor costo y tiempo posible para la ciudadanía en el acceso a sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Por ejemplo, tramitar un permiso para uso de suelo, dotación de placas vehiculares, pagar impuestos y derechos o crear una empresa, actualmente implica una verdadera pérdida de tiempo y dinero. Pero con una regulación idónea, procesos ágiles y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación podremos procurar el bienestar social.
Ahora bien, si bien es cierto nuestro Estado cuenta con una normatividad en materia de Mejora Regulatoria, resulta preciso destacar que en cumplimiento a la reforma federal constitucional de los artículos 25, último párrafo y 73, fracción XXIX-Y; con fecha 18 de mayo de 2018 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Mejora Regulatoria que tiene por objeto establecer los principios y las bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en la materia para el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios. Así mismo, en los artículos transitorios de la dicha ley, se establece que a partir de la entrada en vigor, las entidades federativas contarán con un plazo de un año para adecuar sus leyes a su contenido.Razón por la cual, se hace necesario que esta Asamblea representativa deoportuno cumplimiento a la obligación antes señalada y toda vez que resulta oportuno realizar una adecuación normativa integral, debe expedirse una nueva Ley y abrogarse la legislación vigente en la materia.
La mejora regulatoria no solo ofrece beneficios desde la perspectiva económica para ser un Estado más competitivo, sino que también fortalece a las instituciones gubernamentales en su desempeño, así como procura el bienestar social como principal enfoque de esta política. De la misma forma en que persigue garantizar el efectivoacceso a bienes y servicios, busca el diseño de normas claras, trámites simples y procedimientos transparentes que brinden seguridad jurídica a las personas.
En consideración a lo anterior, el constante análisis y evaluación efectiva de los beneficios y costos potenciales de las leyes, debe ser una tarea prioritaria de los gobiernos democráticos que buscan la gobernabilidad en un marco de seguridad jurídica, calidad regulatoria, transparencia, participación ciudadana y responsabilidad pública.
Todo lo anterior, además deberá estar alineado a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de asegurar el debido cumplimiento de sus fines por parte de las y los servidores públicos, así como de particulares vinculados con hechos que lesionen su correcta aplicación y derive en actos de corrupción.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 167 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como en los artículos 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo me permito proponer a esta Legislatura, el siguiente proyecto con carácter de:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Seexpide la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de Chihuahua, para quedar redactada de la siguiente manera:


LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

TÍTULO PRIMERO.
DE LA MEJORA REGULATORIA.

CAPÍTULO ÚNICO.
DEL OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS OBLIGADOS.

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Chihuahua y sus Municipios, obligatoria para todas las autoridades, entidades, órganos u organismos gubernamentales, así como órganos autónomos del ámbito estatal y municipal en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 2.- El objeto es establecer los principios, bases generales, procedimientos así como los instrumentos necesarios para que las Leyes emitidas por el Congreso del Estado de Chihuahua y las normas de carácter general que emita cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo gubernamental, así como órganos autónomos del ámbito estatal y municipal garanticen beneficios superiores a sus costos y el máximo bienestar para la sociedad.

Al efecto, esta Ley ordena la creación de un Sistema Estatal de Mejora Regulatoria y de un Catálogo Estatal de Trámites y Servicios que incluya todos los trámites y servicios estatales y municipales, con el objetivo de generar seguridad jurídica y facilitar su cumplimiento mediante el uso de las tecnologías de la información. La inscripción en el Catálogo y su actualización será obligatoria.

El seguimiento e implementación de la Ley corresponde al Consejo, a la Comisión Estatal y a las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 3.- Las disposiciones de carácter general a las que hace referencia el artículo anterior, deberán ser publicadas por los Sujetos Obligados en el periódico oficial del Estado de Chihuahua.

Artículo 4.- La mejora regulatoria se orientará por los principios, que a continuación se enuncian, sin que el orden dispuesto implique necesariamente una prelación entre los mismos:

I.- Mayores beneficios que costos para la sociedad;

II.- Seguridad jurídica que propicie la claridad de derechos y obligaciones;

III.- Simplicidad y no duplicidad en la emisión de normas, trámites y procedimientos administrativos;

IV.- Uso de tecnologías de la información;

V.- Prevención razonable de riesgos;

VI.- Transparencia y rendición de cuentas;

VII.- Fomento a la competitividad y el empleo;

VIII.- Promoción de la libre concurrencia y competencia económica, así como del funcionamiento eficiente de los mercados;

IX.- Acceso no-discriminatorio a insumos esenciales e interconexión efectiva entre redes;
X.- Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio, y

XI.- Todos aquellos afines al objeto de esta Ley.

En caso de conflicto entre estos principios, los órganos responsables de expedir la regulación deberán ponderar los valores jurídicos tutelados a que se refiere este precepto y explicitar los criterios de decisión que subyacen a la regulación propuesta.

Artículo 5.- Son objetivos de la política de mejora regulatoria, a través de la presente Ley lograr:

I.- Conformar, regular la organización y el funcionamiento del Sistema, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes regido por los principios establecidos en el artículo 4;

II.- Asegurar la aplicación de los principios señalados en el artículo 4;

III.- Promover la eficacia y eficiencia gubernamental en todos sus ámbitos;

IV.- Fomentar el desarrollo socioeconómico y la competitividad de la entidad;

V.- Simplificar la apertura, instalación, operación y ampliación de empresas, mejorando el ambiente de negocios;

VI.- Procurar que las Leyes y normas de carácter general que se expidan generen beneficios superiores a los costos, no impongan barreras a la competencia y a la libre concurrencia, y produzcan el máximo bienestar para la sociedad;

VII.- Modernizar y agilizar los procedimientos administrativos que realizan los Sujetos Obligados, en beneficio de la población del Estado;

VIII.- Generar seguridad jurídica y transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones;

IX.- Fomentar una cultura de gestión gubernamental para la atención del ciudadano;

X.- Establecer los mecanismos de coordinación y participación entre los Sujetos Obligados en materia de mejora regulatoria;

XI.- Promover la participación social en la mejora regulatoria;

XII.- Facilitar a los particulares el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones;

XIII.-Armonizar la reglamentación municipal en el Estado;

XIV.- Fomentar el conocimiento por parte de la sociedad de la normatividad estatal y municipal;

XV.- Coadyuvar en las acciones para reducir la carga administrativa derivada de los requerimientos y procedimientos establecidos por parte de las autoridades administrativas del Estado;

XVI.- Coordinar y armonizar en su caso, las Políticas estatales y municipales de requerimientos de información y prácticas administrativas, a fin de elevar la eficiencia y productividad tanto de la administración pública estatal como de la municipal, y

XVII.- Priorizar y diferenciar los requisitos y trámites para el establecimiento y funcionamiento de las empresas según la naturaleza de su actividad económica considerando su tamaño, la rentabilidad social, la ubicación en zonas de atención prioritaria, así como otras características relevantes para el municipio.

Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I.- Análisis: El Análisis de Impacto Regulatorio;

II.- Catálogo: El Catálogo Estatal de Trámites y Servicios;

III.- COFEMER: La Comisión Federal de Mejora Regulatoria;

IV.- Comisión: La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria;

V.-Comisión Municipal: La Comisión Municipal de Mejora Regulatoria;

VI.- Consejo: El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria;

VII.- Director: El Director General de la Comisión;

VIII.- Disposiciones de Carácter General: Los Reglamentos, decretos, acuerdos, normas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan los Sujetos Obligados;

IX.- Estado: El Estado de Chihuahua;

X.- Inventario: El Inventario Regulatorio Electrónico;

XI.- Ley: La Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de Chihuahua;

XII.- Padrón: El Padrón Único de Inspectores y Verificadores;

XIII.- Programa Anual: El Programa Anual de Mejora Regulatoria;

XIV.- Propuesta Regulatoria: La Propuestas o proyectos de Leyes y normas de carácter general que pretendan emitir cualquiera de los Sujetos Obligados, y que se presenten a la consideración de la Comisión, a la Comisión Municipal o cualquier otra instancia en los términos de esta Ley;

XV.- Registro: El Registro de Expediente Electrónico;

XVI.- Reglamento: El Reglamento de la Ley;

XVII.- Regulación: Las Leyes y cualesquier disposición de carácter general que emita cualquier Sujeto Obligado;

XVIII.- SARE: El Sistema de Apertura Rápida de Empresas;

XIX.- Secretaría: La Secretaría de la Función Pública.

XX.- Servicio: La actividad que brinda un Sujeto Obligado de carácter potestativo, general, material o no material, continuo y disponible para personas físicas o morales del sector privado que tienen por objeto satisfacer una necesidad pública;

XXI.- Sistema: El Sistema Estatal de Mejora Regulatoria;

XII.- Sujetos Obligados: La autoridad, entidad, órgano u organismo gubernamental, así como órganos autónomos del ámbito estatal y municipal;

XXIII.- Trámite: A cualquier solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado hagan ante una dependencia u organismo descentralizado, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio, en general, a fin de que se emita una resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información que sólo tenga que presentarse en caso de un requerimiento de una dependencia u organismo descentralizado, y

XXIV.- VUC: La Ventanilla Única de Construcción.

TÍTULO SEGUNDO.
DEL SISTEMA ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA.

CAPÍTULO PRIMERO.
DE LOS OBJETIVOS.

Artículo 7.- El Sistema tiene como propósito la ordenación racional, sistemática y coordinada de las acciones necesarias para asegurar que la regulación que integra el ordenamiento jurídico de la entidad responda a los principios y propósitos establecidos en la presente Ley.

Artículo 8. - El Sistema contará con los siguientes órganos:

I.- El Consejo;

II.- La Comisión;

III.- Las Comisiones Municipales, y

IV.- Los demás que se establezcan en esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 9.- El Consejo es el órgano responsable de coordinar la Política de mejora regulatoria del Poder Ejecutivo de la entidad.

Artículo 10.- El Consejo estará integrado de la siguiente manera:

I.- El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;

II.- El Secretario de Innovación y Desarrollo Económico;

III.- El Consejero Jurídico del Ejecutivo Estatal;

IV.- Cinco representantes regionales de las presidencias municipales del Estado, los cuales se dividirán en grupos, otorgando dicha representación al municipio con más desempeño económico de la región, conformándose de la siguiente forma

GRUPO UNO (Noroeste):
GRUPO DOS (Noreste):
GRUPO TRES (Suroeste):
GRUPO CUATRO (Centro):
GRUPO CINCO (Sureste):

V.- Los Rectores de las Universidades Autónomas del Estado;

VI.- El Titular de la Auditoria Superior del Estado;

VII.- Los Presidentes de Cámaras y Asociaciones legalmente constituidas y asentadas en el Estado;

VIII.- El Presidente del Colegio de Notarios del Estado;

IX.- El Director de la Comisión, quien fungirá como Secretario Técnico;

X.- El Presidente del Tribunal Estatal de Justicia;

XI.- El Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo;

XII.- El Titular del Consejo de la Judicatura Estatal;

XIII.- Los Titulares de los Órganos Autónomos en el Estado de Chihuahua, y

XIV.- Siete ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, al desarrollo económico o social de la localidad.

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario General de Gobierno.

Por cada miembro propietario, el titular podrá nombrar a un suplente, debiendo enviar el documento en el que se informe de su designación al Secretario Técnico.


Artículo 11.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I.- El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de mejora regulatoria;

II.- El diseño y promoción de políticas integrales en materia de mejora regulatoria;

III.- La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre esta materia generen las instituciones competentes de los distintos órdenes de gobierno;

IV.- El establecimiento de mecanismos de coordinación para la implementación y operación de la mejora regulatoria con los municipios;

V.- Desarrollar y proponer al titular del Ejecutivo del Estado el Reglamento de la Ley y sus modificaciones;

VI.- Establecer la representación de los municipios en los términos reglamentarios.

VII.- Aprobar, a propuesta de la Comisión, el Plan Estatal;

VIII.- Conocer de los informes e indicadores de los Programas de mejora regulatoria de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, en los términos de esta Ley;

IX.- Promover el uso de metodologías, instrumentos, programas y las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de mejora regulatoria;

X.- Identificar problemáticas regulatorias que incidan en la competitividad o el desarrollo económico y social de la Entidad, emitir recomendaciones vinculatorias para los miembros del Sistema y aprobar programas especiales, sectoriales o regionales de mejora regulatoria;

XI.- Establecer lineamientos para el diseño, sustanciación y resolución de trámites y procedimientos administrativos con base en los principios y objetivos de esta Ley;

XII.- Crear grupos de trabajo especializados para la consecución de los objetivos de esta Ley, de acuerdo a los términos reglamentarios que se establezcan;

XIII.- Establecer los mecanismos de monitoreo y evaluación mediante los indicadores que servirán para supervisar el avance del Plan Estatal;

XIV.- Desarrollar y proponer su reglamento interior al titular del Ejecutivo Estatal, y

XV.- Los demás que establezca esta Ley u otras disposiciones aplicables.

Mediante el Consejo se fijarán prioridades, objetivos, estrategias, indicadores, metas, e instancias de coordinación en materia de mejora regulatoria, así como los criterios de monitoreo y evaluación de la regulación en los términos reglamentarios que establezca el propio Consejo.

Artículo 12.- El Consejo sesionará de forma ordinaria cuando menos tres veces al año y de forma extraordinaria las veces que sean necesarias a juicio del Presidente o del Secretario suplente responsable del tema, previa convocatoria del Secretario Técnico con una anticipación de cinco días hábiles en el caso de las ordinarias y de dos días hábiles en el caso de las extraordinarias, misma que deberá de realizarse por escrito y entregarse en el domicilio y/o correo electrónico registrado de los miembros en términos de la legislación aplicable en la entidad.

El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por medio de mayoría simple. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

Artículo 13.- La Comisión se establecerá como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio y Órgano de Gobiernodotado de autonomía técnica, operativa y de gestión, se encargará de implementar la Política Pública en la materia.

Artículo 14.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Coordinar el Consejo;

II.- Elaborar las prioridades, objetivos, estrategias y metas del Plan Estatal y someterlos a la aprobación del Consejo;

III.- Desarrollar y monitorear el sistema de indicadores que, en el marco del Plan Estatal y previa aprobación del Consejo, permitan conocer el avance de la mejora regulatoria en la entidad;

IV.- Proponer al Consejo recomendaciones que requieran acción inmediata, derivada de la identificación de problemáticas regulatorias que incidan en la competitividad o el desarrollo social y económico de la entidad;

V.- Establecer, operar y administrar el Catálogo;

VI.- Elaborar y someter a la aprobación del Consejo los lineamientos para la elaboración, presentación y recepción de los Programas de mejora regulatoria;

VII.- Elaborar y presentar al Consejo informes e indicadores sobre los Programas Anuales;

VIII.- Revisar el marco regulatorio estatal, diagnosticar su aplicación e implementar programas específicos de mejora regulatoria en las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo;

IX.- Ejecutar las acciones derivadas del Plan Estatal;

X.- Elaborar y presentar los lineamientos ante el Consejo, para recibir y dictaminar las propuestas de nuevas regulaciones, disposiciones de carácter general y/o de reforma específica, así como los Análisis que envíen a la Comisión los Sujetos Obligados;

XI.- Promover el uso de tecnologías de información para la sustanciación y resolución de trámites y procedimientos administrativos de conformidad con los principios y objetivos de esta Ley;

XII.- Promover y facilitar los mecanismos de apertura rápida de empresas a través del Programa Federal SARE;

XIII.- Brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria a dependencias y organismos del Poder Ejecutivo;

XIV.- Celebrar convenios de coordinación con los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito que corresponda, para asegurar la ejecución del Plan Estatal;

XV.- Convocar a las personas, instituciones y representantes de los organismos internacionales, empresariales, académicos o sociales que puedan aportar conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la mejora regulatoria, y

XVI. - Las demás que le otorguen esta Ley u otras disposiciones aplicables.

Artículo 15.- El Director será nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, quien cumplirá con los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano;

II.- Poseer título profesional en economía, derecho, administración u otras materias afines a esta Ley;

III.- Tener experiencia directiva en materia de regulación, economía, Políticas Públicas o materias afines al objeto de la Ley, y

IV. - Contar con un desempeño profesional destacado y gozar de buena reputación.

Artículo 16.- El Director tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Dirigir, técnica y administrativamente a la Comisión, a efecto de dar cumplimiento a los objetivos de la misma, de acuerdo con lo establecido en las normas legales aplicables;

II.- Proponer los objetivos, metas y prioridades del Plan Estatal y someterlo a la aprobación del Consejo;

III.- Proponer lineamientos, esquemas e indicadores de los Programas Anuales de la entidad para su implementación;

IV.- Formular propuestas respecto de los proyectos de diagnósticos, planes y acciones que pretenda implementar la Comisión;

V.- Operar y administrar el Catálogo, de acuerdo con los lineamientos establecidos y la información recibida de trámites y servicios de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo;
VI.- Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo, implementando las medidas necesarias para su cumplimiento;

VII.- Diseñar los lineamientos para la recepción, integración y seguimiento de la información de los Programas Anuales, así como presentar informes y avances al Consejo;

VIII.- Someter al proceso de mejora regulatoria los proyectos regulatorios y sus correspondientes Análisis;

IX.- Coordinar la ejecución de las acciones derivadas del Plan Estatal;

X.- Presentar ante el Consejo, para su aprobación, el avance del Programa Anual;

XI.- Fungir como Enlace Oficial de coordinación con los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito que corresponda, para asegurar la ejecución del Plan Estatal y de la Agenda Común, según sea el caso;

XII.- Celebrar los convenios con los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito que corresponda, para desarrollar acciones y programas en la materia;

XIII.- Establecer los mecanismos para brindar asesoría técnica y capacitación en materia de mejora regulatoria a los Sujetos Obligados, así como a los municipios que lo soliciten;

XIV.- Presentar ante el Congreso Local el informe anual de actividades de la Comisión, y
XV.- Las demás que le otorguen esta Ley u otras disposiciones aplicables.

Artículo 17.- Los municipios en el ejercicio de su autonomía, deberán crear respectivamente su Comisión Municipal, que tendrá las mismas atribuciones que la Comisión, debidamente adecuadas al ámbito de competencia que les corresponde.

Los Presidentes municipales designarán y removerán a un responsable para desarrollar la mejora regulatoria al interior de cada municipio. El Responsable de la mejora regulatoria será un servidor público con nivel jerárquico de director o superior. Dicho responsable fungirá como titular de la Comisión Municipal que le corresponda.

Artículo 18.- Los municipios reglamentarán lo conducente para la operación y estructura de su Comisión Municipal.

CAPÍTULO SEGUNDO.
COMPETENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

Artículo 19.- Los titulares de los Sujetos Obligados, designarán a un Enlace Oficial de mejora regulatoria el cual será de nivel jerárquico inmediato inferior a este, quien tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Coordinar el proceso de mejora regulatoria al interior del Sujeto Obligado;

II.- Formular y someter a la opinión de la Comisión o la Comisión Municipal, según corresponda el Programa Anual;

III.- Informar de conformidad con el calendario que establezcan las Comisiones, respecto de los avances y resultados en la ejecución del Programa Anual correspondiente;

IV.- Supervisar y asesorar en la formulación de las Propuestas regulatorias y los Análisis correspondientes;

V.- Hacer del conocimiento de las Comisiones, las actualizaciones o modificaciones al Catálogo y al Catálogo Municipal de Trámites y Servicios en el ámbito de su competencia;

VI.- Hacer del conocimiento de las Comisiones, las actualizaciones o modificaciones al Inventario;

VII.- Informar al titular del Sujeto Obligado de los resultados de su gestión en materia de mejora regulatoria;

VIII.- Colaborar con las Comisiones en la elaboración e implementación de mecanismos que permitan medir periódicamente la implementación de la mejora regulatoria en los Sujetos Obligados, y

IX.- Las demás que señale la presente Ley, el Reglamento, otros ordenamientos aplicables y las Comisiones.

TÍTULO TERCERO.
DE LOS INSTRUMENTOS DE MEJORA REGULATORIA.

CAPÍTULO PRIMERO.
DEL INVENTARIO REGULATORIO.

Artículo 20.- La Comisión Estatal, en colaboración con las Comisiones Municipales y los Sujetos Obligados, promoverá la elaboración de un Inventario, el cual deberá contener todas las regulaciones en el ámbito estatal y municipal que se encuentren vigentes.

Para tal efecto, deberán establecerse mecanismos de coordinación con las autoridades que en el ámbito de sus respectivas competencias ya cuenten con inventarios o registros de las regulaciones estatales y municipales.

Artículo 21.- Los Sujetos Obligados serán responsables de mantener actualizado el Inventario, de conformidad con las disposiciones que para tal efecto emita la Comisión, en coordinación con otras autoridades competentes.

Artículo 22.- El Inventario deberá incorporar tanto las regulaciones vigentes como las propuestas regulatorias que se encuentren en proceso de emisión, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo del Título Tercero de esta Ley.

Artículo 23.- La Comisión llevará el Inventario, que será público, para cuyo efecto las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública estatal, deberán proporcionarle la siguiente información, para su inscripción, en relación con cada regulación que aplican:

I.- Nombre de la regulación;

II.- Poder emisor de la regulación (Legislativo, ejecutivo, judicial u órganos autónomos);

III.-Tipo de ordenamiento;

IV.-Ámbito de aplicación;

V.- Sujetos regulados;

VI.- Fecha de publicación;

VII.- Fecha de última reforma;

VIII.- Vigencia;

IX.- Sector, y

X.- Referencia a los trámites que se deriven de la regulación.

Artículo 24.- La información a que se refiere el artículo anterior deberá entregarse a la Comisión en la forma en que dicho órgano lo determine y la Comisión deberá inscribirla en el Inventario, sin cambio alguno, dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Las dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública estatal, deberán notificar a la Comisión cualquier modificación a la información inscrita en el Inventario, dentro de los diez días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición.

Artículo 25. Los Sujetos Obligados no podrán aplicar regulaciones adicionales a las inscritas en el Inventario, ni aplicarlas de forma distinta a como se establezcan en el mismo.


CAPÍTULO SEGUNDO.
DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO.

Artículo 26.- El Análisis es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para atender una problemática específica. Esta herramienta permite analizar sistemáticamente los impactos potenciales de las regulaciones para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que éstas sean más transparentes y racionales, además de que brinda a la ciudadanía la oportunidad de participar en su elaboración.

Artículo 27.- Para asegurar la consecución de los objetivos de esta Ley, los Sujetos Obligados adoptarán esquemas de revisión de regulaciones existentes y de propuestas regulatorias, mediante la utilización del Análisis.

Artículo 28.- Los Análisis deben contribuir a que las regulaciones se diseñen sobre bases económicas, jurídicas y empíricas sólidas, así como promover la selección de alternativas regulatorias cuyos beneficios justifiquen los costos que imponen y que generen el máximo beneficio neto para la sociedad. La Comisión y las Comisiones Municipales, en colaboración con las autoridades encargadas de la elaboración de los Análisis, desarrollarán las capacidades necesarias para ello.

Artículo 29.- Los procesos de diseño y revisión de las regulaciones y propuestas regulatorias, así como los Análisis correspondientes deberán enfocarse prioritariamente en contar con regulaciones que cumplan con los siguientes propósitos:

I.- Generen los mayores beneficios para la sociedad;
II.- Promuevan la coherencia de Políticas Públicas;

III.- Mejoren la coordinación entre poderes y órdenes de gobierno;

IV.- Fortalezcan las condiciones de libre concurrencia y competencia económica y que disminuyan los obstáculos al funcionamiento eficiente de los mercados;

V.- Impulsen la atención de situaciones de riesgo mediante herramientas proporcionales a su impacto esperado, y

VI.- Establezcan medidas que resulten coherentes con la aplicación de los Derechos Humanos en México.

Artículo 30.- Los Análisis establecerán un marco de análisis estructurado para asistir a los Sujetos Obligados en el estudio de los efectos de las regulaciones y propuestas regulatorias, y en la realización de los ejercicios de consulta pública correspondientes. Las cuales deberán contener cuando menos:

I.- La explicación de la problemática que da origen a la necesidad de la regulación y los objetivos que ésta persigue;

II.- El análisis de las alternativas regulatorias y no regulatorias que son consideradas para solucionar la problemática, incluyendo la explicación de porqué la regulación propuesta es preferible al resto de las alternativas;

III.- La evaluación de los costos y beneficios de la propuesta regulatoria, así como de otros impactos incluyendo, cuando sea posible, el Análisis para todos los grupos afectados;

IV.- El análisis de los mecanismos y capacidades de implementación, verificación e inspección;

V.- La identificación y descripción de los mecanismos, metodologías e indicadores que serán utilizados para evaluar el logro de los objetivos de la regulación, y

VI.- La descripción de los esfuerzos de consulta llevados a cabo para generar la propuesta regulatoria y sus resultados.

Artículo 31.- Cuando los Sujetos Obligados elaboren propuestas regulatorias, los presentarán a la Comisión o a la Comisión Municipal, según corresponda, junto con un Análisis que contenga los elementos que ésta determine, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 42 de esta Ley, cuando menos treinta días antes de la fecha en que pretendan publicarse en la Gaceta Oficial o medio de publicación del ayuntamiento correspondiente o someterse a la consideración del titular del Ejecutivo Estatal o el municipio, según corresponda.

Se podrá autorizar que el Análisis se presente hasta en la misma fecha en que se someta la propuesta regulatoria al titular del Ejecutivo Estatal, el municipio o se expida la disposición, según corresponda, cuando ésta pretenda resolver o prevenir una situación de emergencia. En estos casos deberá solicitarse la autorización para el trato de emergencia ante la Comisión o a la Comisión Municipal, para lo cual deberá acreditarse que la disposición:

I.- Busque evitar un daño inminente, o bien atenuar o eliminar un daño existente a la salud o bienestar de la población, a la salud animal y sanidad vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía;

II.- Tenga una vigencia no mayor de seis meses, misma que, en su caso, podrá ser renovada por una sola ocasión por un periodo igual o menor, y

III.- No se haya solicitado previamente trato de emergencia para una disposición con contenido equivalente.

Tomando en consideración los elementos anteriormente descritos, la Comisión o la Comisión Municipal, según corresponda, deberá resolver la autorización para trato de emergencia en un plazo que no excederá de cinco días hábiles.

Se podrá eximir la obligación de elaborar el Análisis cuando la propuesta regulatoria no implique costos de cumplimiento para los particulares. Cuando una dependencia, entidad o autoridad estatal o municipal estime que el proyecto pudiera estar en este supuesto, lo consultará con la Comisión o la Comisión Municipal, según corresponda, la cual resolverá en un plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles, de conformidad con los criterios para la determinación de dichos costos que al efecto establezcan en disposiciones de carácter general.

Artículo 32.- Cuando la Comisión o la Comisión Municipal respectiva, reciba un Análisis que a su juicio no sea satisfactorio, podrá solicitar al Sujeto Obligado correspondiente, dentro de los diez días hábiles siguientes a que reciba dicho Análisis, que realice las ampliaciones o correcciones a que haya lugar.

Cuando a criterio de la Comisión la manifestación siga siendo defectuosa y la disposición de que se trate pudiera tener un amplio impacto en la economía o un efecto sustancial sobre un sector específico, podrá solicitar a la dependencia o entidad respectiva que con cargo a su presupuesto efectúe la designación de un experto, quien deberá ser aprobado por la Comisión. El experto deberá revisar el Análisis y entregar comentarios a la Comisión y a la propia dependencia o entidad dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a su contratación.

Artículo 33.- La Comisión y las Comisiones Municipales harán públicos, desde que los reciban, las disposiciones y Análisis, así como los dictámenes que emitan y las autorizaciones y exenciones previstas en el presente Capítulo, con la finalidad de recabar las opiniones y comentarios de los sectores interesados.

Para tal efecto, deberán establecerse plazos mínimos de consulta pública que no podrán ser menores a veinte días hábiles, de conformidad con los instrumentos jurídicos que dichas Comisiones establezcan.

La determinación de dichos plazos mínimos deberá tomar en consideración el impacto potencial de las disposiciones que se promueven, su naturaleza jurídica y ámbito de aplicación, entre otros elementos que se consideren pertinentes y que deberán establecerse mediante disposiciones de carácter general.

Los Sujetos Obligados podrán solicitar a la Comisión y las Comisiones Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, la aplicación de plazos mínimos de consulta menores a los previstos en esta Ley, siempre y cuando se determine a juicio de éstas, y conforme a los criterios que para tal efecto emitan, que los beneficios de la aplicación de dichos plazos exceden el impacto de brindar un tiempo menor para conocer las opiniones de los interesados.

Artículo 34.- Cuando a solicitud de un Sujeto Obligado responsable del proyecto correspondiente, la Comisión o las Comisiones Municipales determinen que la publicidad a que se refiere el artículo anterior pudiera comprometer los efectos que se pretendan lograr con la disposición, éstas no harán pública la información respectiva, hasta el momento en que se publique la disposición en el Periodico Oficial del Estado.

También se aplicará esta regla cuando lo determine la Consejería Jurídica [área jurídica del municipio], previa opinión de la Comisión, respecto de las propuestas regulatorias que se pretendan someter a la consideración del titular del Ejecutivo Estatal, o el titular del Ejecutivo Municipal correspondiente.

Artículo 35.- La Comisión o la Comisión Municipal respectiva deberán emitir y entregar al Sujeto Obligado correspondiente un dictamen del Análisis y del proyecto respectivo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción del Análisis, de las ampliaciones o correcciones al mismo o de los comentarios de los expertos a que se refiere el artículo 32, según corresponda.

El dictamen considerará las opiniones que en su caso reciba la Comisión o la Comisión Municipal respectiva de los sectores interesados y comprenderá, entre otros aspectos, una valoración sobre si se justifican las acciones propuestas en la propuesta regulatoria.

Cuando el Sujeto Obligado de la propuesta regulatoria no se ajuste al dictamen mencionado, deberá comunicar por escrito las razones respectivas a la Comisión, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles, antes de emitir la disposición o someter el proyecto respectivo a la consideración del titular del Ejecutivo Estatal o el titular del Ejecutivo Municipal, según corresponda, a fin de que la Comisión emita un dictamen final al respecto dentro de los cinco días hábiles siguientes.

En caso de que la Comisión o la Comisión Municipal según corresponda, no reciban respuesta al dictamen o a los comentarios de los expertos a que se refiere el artículo 32, en el plazo indicado en el párrafo anterior se tendrá por desechado el procedimiento para la propuesta regulatoria respectiva.

Cuando el dictamen final contenga opiniones relacionadas con la creación, modificación o eliminación de trámites, éstas tendrán el carácter de vinculatorias para el Sujeto Obligado promotor de la propuesta regulatoria, a fin de que realicen los ajustes pertinentes al mismo, previo a su emisión o a que sea sometido a la consideración del titular del Ejecutivo Estatal, el municipio o el titular del Ejecutivo Municipal, según corresponda. En caso de discrepancia entre la autoridad promovente y la Comisión respectiva, sólo el titular del Ejecutivo Estatal o el municipio correspondiente podrán revocar la decisión.

Artículo 36.- Los municipios establecerán los procedimientos para la revisión y opinión de los Análisis y señalarán a las autoridades responsables de su elaboración atendiendo a lo previsto en la presente Ley, a través del Reglamento correspondiente publicado en el Periódico Oficial del Estado, Gaceta Oficial del ayuntamiento o el medio de publicación oficial establecido por el ayuntamiento.

Artículo 37.- La Secretaría de Gobierno no publicará en periódico oficial del Estado las disposiciones de carácter general que expidan los Sujetos Obligados sin que éstas acrediten contar con un dictamen final de la Comisión respectiva o alguna de las autorizaciones o exenciones a que se refiere el presente Capítulo.

Artículo 38.- Las regulaciones que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y que establezcan costos de cumplimiento para los negocios y emprendedores, de conformidad con los criterios que al efecto emita la Comisión o las Comisiones Municipales, según corresponda, deberán establecer una vigencia que no podrá ser mayor a cinco años.

Dentro del año previo a que concluya la vigencia a que se refiere el párrafo anterior, las regulaciones deberán someterse a una revisión sobre los efectos de su aplicación ante la Comisión o las Comisiones Municipales, según corresponda, utilizando para tal efecto el Análisis, con la finalidad de determinar su cancelación, modificación o ampliación de vigencia, con la finalidad de alcanzar sus objetivos originales y atender a la problemática vigente.

Asimismo, podrán promoverse modificaciones adicionales al marco regulatorio vigente o acciones a los Sujetos Obligados correspondientes, para el logro del mayor beneficio social neto de la regulación sujeta a revisión.

Artículo 39.- La Comisión o las Comisiones Municipales, según corresponda, podrán establecer esquemas para reducir o limitar el costo económico que resulte de las propuestas regulatorias, mediante Acuerdos publicados en el Periódico Oficial del Estado, previa aprobación del Consejo o del Ejecutivo Estatal o el municipio.

CAPÍTULO TERCERO.
DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE MEJORA REGULATORIA.

Artículo 40.- Los Enlaces Oficiales de los Sujetos Obligados, deberán elaborar y presentar a la opinión de la Comisión o de la Comisión Municipal, según corresponda, dentro de los primeros 15 días naturales del mes de noviembre del año calendario previo a su implementación, un Programa Anual.

Dicho Programa deberá contener la planeación de las regulaciones, trámites y servicios que pretenden ser emitidos, modificados o eliminados en los próximos doce meses, así como la implementación de acciones para revisar y mejorar el acervo regulatorio y simplificar los trámites y servicios estatales y municipales.

Los Programas Anuales se harán públicos en los portales electrónicos de las Comisiones y en el Periódico Oficial del estado, a más tardar el 31 de diciembre del año previo a su implementación.

Artículo 41.- El Programa Anual, estatal y municipal, tendrá como objetivo:

I.- Contribuir al proceso de actualización y perfeccionamiento constante e integral del marco jurídico y regulatorio local;

II.- Incentivar el desarrollo económico del Estado y los municipios, mediante una regulación de calidad que promueva la competitividad a través de la eficacia y la eficiencia gubernamental, que brinde certeza jurídica y que no imponga barreras innecesarias a la competitividad económica y comercial;

III.- Reducir el número de trámites, plazos de respuesta de los Sujetos Obligados, y/o requisitos y formatos, así como cualquier acción de simplificación que los particulares deben cubrir para el cumplimiento de sus obligaciones o la obtención de un servicio, privilegiando el uso de herramientas tecnológicas;

IV.- Promover una mejor atención al usuario y garantizar claridad y simplicidad en las regulaciones y trámites, y

V.- Promover mecanismos de coordinación y concertación entre los Sujetos Obligados, en la consecución del objeto que la Ley plantea.

Artículo 42.- Conforme a los objetivos establecidos en el Programa Anual y los Programas Municipales de Mejora Regulatoria, los Sujetos Obligados deberán incorporar en sus Programas Anuales el establecimiento de acciones para la revisión y mejora del marco regulatorio vigente, considerando al menos los siguientes elementos:

I.- Un diagnóstico de la regulación vigente, en cuanto a su sustento en la legislación; el costo económico que representa la regulación y los trámites; su claridad y posibilidad de ser comprendida por el particular; y los problemas para su observancia;

II.- Fundamentación y motivación;

III.- Planeación de las regulaciones y trámites por cada Sujeto Obligado que pretenden ser emitidas, modificadas o eliminadas en los próximos doce meses;

IV.- Estrategia por cada Sujeto Obligado sobre las eliminaciones, modificaciones o creaciones de nuevas normas o de reforma específica a la regulación, justificando plenamente, de acuerdo a las razones que le da origen, su finalidad, y la materia a regular, atento al objeto y previsiones establecidos por la presente Ley;

V.- Planeación de los próximos doce meses por cada Sujeto Obligado sobre la simplificación de trámites con base en lo establecido en la fracción III del artículo 41, especificando por cada acción de simplificación de los trámites el mecanismo de implementación, funcionario público responsable y fecha de conclusión, y

VI.- Observaciones y comentarios adicionales que se consideren pertinentes.

Artículo 43.- La Comisión y las Comisiones Municipales podrán sugerir a los Sujetos Obligados la emisión, modificación o eliminación de regulaciones, trámites y servicios con base en lo establecido en el artículo 41 de esta Ley. Los Sujetos Obligados deberán brindar respuesta a las sugerencias emitidas por la Comisión o las Comisiones Municipales, según sea el caso.

Artículo 44.- La Comisión y las Comisiones Municipales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán promover la consulta pública en la elaboración de los Programas Anuales, favoreciendo tanto el uso de medios electrónicos como de foros presenciales, con la finalidad de analizar las propuestas de los interesados, las cuales deberán ser consideradas para la opinión que emitan la Comisión y las Comisiones Municipales, según corresponda.

Los Sujetos Obligados deberán brindar respuesta a la opinión a los comentarios y propuestas de los interesados, en los términos que éstas establezcan, previo a la publicación del Programa Anual.

Artículo 45.- La Comisión y las Comisiones Municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán establecer reportes periódicos de avances e indicadores para dar seguimiento a la implementación del Programa Anual y evaluar sus resultados, los cuales se harán públicos en los portales de las Comisiones.

CAPÍTULO CUARTO.
DEL CATÁLOGO ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS.

Artículo 46.- La Comisión administrará mediante una plataforma electrónica el Catálogo, que será público, para cuyo efecto los Sujetos Obligados, deberán proporcionarle la siguiente información, en relación con cada trámite que aplican:

I.- Nombre y descripción del trámite o servicio;

II.- Homoclave;

III.- Fundamento jurídico y reglamentario;

IV.- Casos en los que el trámite debe realizarse;

V.- Requisitos. En caso que existan requisitos que necesiten alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero se deberá señalar la persona, empresa o dependencia que lo emita;

VI.- Identificar si es un trámite ciudadano o empresarial;

VII.- Número de copias por requisito, en su caso;

VIII.- Si el trámite o solicitud de servicio debe realizarse mediante escrito libre o con un formato tipo. En este caso, el formato deberá estar disponible en la plataforma electrónica del Catálogo;

IX.- En caso de requerir inspección o verificación, señalar el objetivo, datos de contacto de inspectores o verificadores y los horarios de atención;

X.- Datos que deben asentarse y documentos que deben adjuntarse al trámite;

XI.- Plazo máximo de el Sujeto Obligado para resolver el trámite, en su caso, y si aplica la afirmativa o negativa ficta;

XII.- Monto y fundamento de la carga tributaria, en su caso, o la forma en que deberá determinarse el monto a pagar, así como el lugar y la forma en que se deben cubrir, y las alternativas para hacerlo si las hay;

XIII.- Vigencia del trámite que emitan los Sujetos Obligados;

XIV.- Dirección y nombre de todas las unidades administrativas ante las que debe realizarse el trámite o solicitarse el servicio;

XV.- Horarios de atención al público;

XVI.- Criterios a los que debe sujetarse la dependencia respectiva para la resolución del trámite o prestación del servicio, y

XVII.- Nombre del funcionario público, domicilio, números de teléfono, fax y correo electrónico, así como la dirección y demás datos relativos a cualquier otro medio que permita el envío de consultas, documentos y quejas.

Artículo 47.- Adicional a la información referida en al artículo 46 los Sujetos Obligados deberán proporcionar a la Comisión la siguiente información por cada trámite inscrito en el Catálogo:

I.-Sector económico al que pertenece el trámite con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN);

II.- Identificar las etapas internas y tiempos de la dependencia para resolver el trámite;

III.- Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones del trámite, y en su caso, frecuencia mensual esperada para los trámites de nuevo creación, y

IV.- Número de funcionarios públicos encargados de resolver el trámite.

Artículo 48.- La información a que se refiere los artículos 46 y 47 deberá entregarse a la Comisión en la forma en que dicho órgano lo determine y la Comisión deberá inscribirla en el Catálogo, sin cambio alguno, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma. La Comisión podrá emitir opinión respecto de la información que se inscriba en el Catálogo, y los Sujetos Obligados deberán solicitar los ajustes correspondientes o notificar a la Comisión las razones para no hacerlo.

Los Sujetos Obligados, deberán notificar a la Comisión cualquier modificación a la información inscrita en el Catálogo, dentro de los diez días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición que fundamente dicha modificación.

Las unidades administrativas que apliquen trámites o servicios deberán tener a disposición del público la información que al respecto esté inscrita en el Catálogo.

Artículo 49.- La información a que se refiere el artículo 46, fracciones I a XII, deberá estar prevista en Leyes, reglamentos, decretos o acuerdos, o cuando proceda, en normas o acuerdos generales expedidos por los Sujetos Obligados, que aplican los trámites y servicios.

Artículo 50.- La legalidad y el contenido de la información que se inscriba en el Catálogo será de estricta responsabilidad de los Sujetos Obligados.

Artículo 51.- Los municipios crearán un Catálogo Municipal de Trámites y Servicios equivalente al Catálogo, en el que se inscribirán los trámites, servicios, requisitos, plazos y cargas tributarias de los Sujetos Obligados, debiendo observarse los requisitos y formalidades a que se refieren los artículos anteriores.

Artículo 52.- El Catálogo deberá cumplir con los criterios del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios.

Artículo 53.- Para la inscripción de trámites en el Catálogo se entenderán las resoluciones en sentido afirmativo al promovente, transcurrido el plazo establecido para que las autoridades brinden respuesta. Para tal efecto, las autoridades estatales y municipales deberán efectuar las adecuaciones correspondientes al marco jurídico aplicable a efecto de establecer lo anterior, o en caso contrario, manifestar a la consideración de la Comisión o las Comisiones Municipales las justificaciones para no hacerlo, conforme a los criterios que éstas definan, considerando entre otros aspectos la ocurrencia de un posible riesgo a la vida, a la sociedad, al medio ambiente o a la economía.

Tomando en consideración las justificaciones descritas en el párrafo anterior, la Comisión o las Comisiones Municipales resolverán en definitiva sobre el particular, y esta decisión sólo podrá ser revocada por el titular del Ejecutivo Estatal o Municipal, según corresponda.

A petición del interesado, se deberá expedir constancia de la resolución afirmativa por falta de respuesta de la autoridad respectiva dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la misma. Para tal efecto, las autoridades estatales y municipales, en colaboración con la Comisión y las Comisiones Municipales establecerán mecanismos que permitan obtener dicha constancia por medios electrónicos.

Artículo 54.- Los Sujetos Obligados no podrán solicitar requisitos, ni trámites adicionales a los inscritos en el Catálogo, ni aplicarlos en forma distinta a como se establezcan en el mismo.

CAPÍTULO QUINTO.
DE LA MEDICIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.

SECCIÓN PRIMERA.
DE LA MEDICIÓN DEL COSTO DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS.

Artículo 55.- La Comisión deberá cuantificar y medir el costo económico de los trámites inscritos en el Catálogo considerando como mínimo los siguientes elementos:

I.- El tiempo que requiere el ciudadano o empresario para acumular la totalidad de los requisitos necesarios para presentar el trámite, tomando en consideración como mínimo el tiempo destinado en la comprensión e identificación de los requisitos nuevos o aquellos con los que ya contaba el ciudadano o empresario; pago de derechos; llenado de formatos; tiempo de espera en ventanilla; creación de archivos de respaldo, tiempo requerido con personas externas o internas, y tiempo de traslado a las oficinas de gobierno;

II.- El tiempo que el Sujeto Obligado requiere para resolver el trámite, tomando en consideración el tiempo destinado, según sea el caso en: el cotejo y revisión de la información, análisis técnico, inspección o verificación, elaboración de dictamen o resolución, validación mediante firmas, sellos o rúbricas, entre otros;

III.- El tiempo identificado para cada trámite, con base en la frecuencia anual y los elementos mencionados anteriormente, deberá ser monetizado, tomando como base las mejore herramientas y prácticas internacionales, para cuantificar y medir el impacto económico, y

IV.- El costo en el que incurren los agentes económicos del sector al dejar de producir por mantenerse a la espera de la resolución del trámite.

Artículo 56.- Conforme a la medición del impacto económico de los trámites se creará la Clasificación Económica de los Trámites y Servicios del Estado como herramienta para identificar, monitorear y jerarquizar el costo económico de los trámites inscritos en el Catálogo. La Clasificación referida se publicará trimestralmente en los términos que establezca la Comisión.

Artículo 57.- La Comisión definirá como trámites prioritarios aquellos que resulten con mayor impacto económico en la Clasificación señalada en el artículo 56 de la presente Ley. La Comisión podrá emitir acciones de simplificación para reducir el impacto económico de los trámites prioritarios.

Las acciones de simplificación deberán ser notificadas a los Sujetos Obligados mediante oficio. Los Sujetos Obligados tendrán 15 días hábiles para brindar respuesta y validar o proponer acciones paralelas de simplificación, las cuales deberán de reducir el impacto económico del trámite en cuestión.

Las acciones de simplificación validadas por los Sujetos Obligados se someterán durante 30 días hábiles a Consulta Pública en el portal electrónico de la Comisión, o en su caso, cuando coincida con los Programas de Mejora Regulatoria, se sumarán a dichos Programas Estatales y Municipales. Los Sujetos Obligados brindarán respuesta a los interesados que emitieron sugerencias o comentarios, justificando su viabilidad.

Una vez finalizada la Consulta Pública, la Comisión publicará las acciones de simplificación de los trámites prioritarios identificando para cada una de ellas el responsable, los mecanismos de simplificación y la fecha de conclusión. Posterior a las acciones de simplificación, la Comisión hará público los ahorros monetizados que se deriven del ejercicio de simplificación.

SECCIÓN SEGUNDA.
DE LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.

Artículo 58.- Los titulares de los Sujetos Obligados podrán, mediante acuerdos generales publicados en el Periódico Oficial del Estado, establecer plazos de respuesta menores dentro de los máximos previstos en leyes o reglamentos y no exigir la presentación de datos y documentos previstos en las disposiciones mencionadas, cuando puedan obtener por otra vía la información correspondiente.

Los titulares de los Sujetos Obligados podrán, mediante acuerdos generales o actos de Cabildo, publicados en el Periódico Oficial del Estado, establecer plazos de respuesta menores dentro de los máximos previstos en Leyes o reglamentos y no exigir la presentación de datos y documentos previstos en las disposiciones mencionadas, cuando puedan obtener por otra vía la información correspondiente.

En los procedimientos administrativos, los Sujetos Obligados recibirán las promociones o solicitudes que, en términos de esta Ley, los particulares presenten por escrito, sin perjuicio de que dichos documentos puedan presentarse a través de medios de comunicación electrónica en las etapas que los propios Sujetos Obligados así lo determinen mediante reglas de carácter general publicadas en el Periódico Oficial del Estado. En estos últimos casos se emplearán, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica. El uso de dichos medios de comunicación electrónica será optativo para cualquier interesado.

Los documentos presentados por medios de comunicación electrónica producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les otorgan a éstos.

Artículo 59.- Los Sujetos Obligados, fomentarán el uso de afirmativa ficta para aquellos trámites cuya resolución no implique un riesgo para la economía, vida humana, vegetal, animal o del medio ambiente.

CAPÍTULO SEXTO.
DE LA FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS.

SECCIÓN PRIMERA.
DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS.

Artículo 60.- Se crea el SARE, como un mecanismo que integra y consolida todos los trámites municipales para abrir una micro, pequeña, mediana o grande empresa que realiza actividades de bajo riesgo para la salud, seguridad y el medio ambiente garantizando el inicio de operaciones en un máximo de tres días hábiles, a partir del ingreso de la solicitud debidamente integrada. El SARE deberá contener al menos los siguientes elementos y criterios:

I.- Una ventanilla única de forma física o electrónica en donde se ofrece la información, la recepción y la gestión de todos los trámites municipales necesarios para la apertura de una empresa;

II.- Formato Único de Apertura para la solicitud del trámite, impreso o en forma electrónica;

III.- Catálogo de giros de bajo riesgo con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), el cual tendrá como objetivo determinar los giros empresariales que podrán realizar los trámites municipales para abrir una empresa a través del SARE;

IV.- Manual de operación del SARE en el que se describa el proceso interno de resolución, coordinación con otras dependencias e interacciones con el emprendedor;

V.- Resolución máxima en menos de tres días hábiles de todos los trámites municipales para abrir una empresa.

Artículo 61.- El Cabildo Municipal, a través de un acuerdo, aprobará las fracciones II, III y IV señaladas en el artículo anterior, considerando su impacto económico y social, pudiendo incluso llevar a cabo la aprobación de un Reglamento Municipal del SARE.

El municipio publicará en un documento oficial y en su página de Internet, en su caso, el catálogo que comprenda la clasificación de los giros o actividades a que se refiere este Artículo.

Artículo 62.- La autoridad municipal no podrá solicitar requisitos, o trámites adicionales para abrir una empresa cuya actividad esté definida como de bajo riesgo conforme lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 63.- El SARE se someterá a certificación de acuerdo a los lineamientos emitidos por la COFEMER que hacen referencia al Programa de Reconocimiento y Operación del SARE (PROSARE) operado por la COFEMER.

SECCIÓN SEGUNDA.
DE LA VENTANILLA ÚNICA DE CONSTRUCCIÓN.

Artículo 64.- Se crea la VUC como mecanismo de coordinación de todas las gestiones necesarias para la emisión de la Licencia de Construcción de obras que no rebasen los 1,500 metros cuadrados y que se encuentren reguladas en las Condicionantes de Uso de Suelo definidas por el municipio.

La VUC será la encargada de recibir, validar y gestionar la totalidad de requisitos correspondientes a los trámites municipales involucrados en la emisión de la Licencia de Construcción, brindando asesoría y orientación a los ciudadanos que la visiten. La VUC contará con los siguientes elementos:

I.- Una VUC que contemple un espacio físico o electrónico y único donde se gestionarán todos los trámites municipales involucrados con la licencia de construcción;

II.- Condicionantes de Uso de Suelo que definan el metraje, uso general y específico, ubicación geográfica, y la determinación de requisición de estudios de desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil, vialidad y/o impacto urbano, según sea el caso, garantizando el bajo riesgo para dichas construcciones;

III.- Formato único de construcción que contemple toda la información y requisitos necesarios para el proceso de emisión de la licencia de construcción;

IV.- Manual de operación de la VUC en el que se describa el proceso interno de resolución, coordinación con otras dependencias e interacciones con el usuario;

V.- Resolución máxima en menos de 22 días de todos los trámites municipales necesarios para construir una obra;

VI.- Padrón Único de Directores o Peritos Responsables de Obra certificados por el Municipio y,

VII.- Padrón Único de servidores externos que elaboran estudio de desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil y vialidad certificados por el Municipio.

Artículo 65.- El Cabildo Municipal aprobará las Condicionantes de Uso de Suelo como instrumento que determine previamente la factibilidad y los estudios requeridos para la construcción de la obra. Las Condicionantes de Uso de Suelo tomarán como referencia los planes de desarrollo urbano de cada municipio, y serán el elemento principal para la emisión de la Licencia de Construcción.

Las obras que por sus características se encuentren reguladas en las Condicionantes de Uso de Suelo solicitarán únicamente el trámite de Licencia de Construcción, sin necesidad de presentar algún otro trámite relacionado con la construcción de la obra.

La VUC deberá solicitar visto bueno a las autoridades de desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil y vialidad, según sea el caso, para la resolución de la Licencia de Construcción. En caso de no recibir respuesta por parte de las autoridades competentes en un plazo mayor a 15 días hábiles se aplicará afirmativa ficta.

Artículo 66.- La VUC será el único espacio físico o electrónico en donde los ciudadanos deberán acudir para gestionar los trámites señalados por la autoridad municipal, y contará con las siguientes atribuciones:

I.- Verificar la documentación entregada por el usuario y orientarle en caso de entregar documentación incorrecta e insuficiente;

II.- Enviar a las áreas competentes y autoridades de desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil y vialidad, según sea el caso, la información correcta y completa relevante al proceso de obtención de la Licencia de Construcción;

III.- Recibir los resolutivos y vistos buenos emitidos por las áreas competentes y autoridades de desarrollo urbano, medio ambiente, protección civil y vialidad, según sea el caso;
IV.- Brindar asesoría, información y estatus del proceso de los trámites relacionados con la Licencia de Construcción;

V.- Llevar a cabo el pago de derechos;

VI.- Brindar la documentación necesaria para dar el resolutivo final por parte de la autoridad, y
VII.- Las demás que le sean encomendadas.

Artículo 67.- La VUC se someterá a certificación y evaluación al menos cada 2 años a través del Programa de Reconocimiento y Operación de la VUC operado por la COFEMER.

CAPÍTULO SÉPTIMO.
DE LAS INSPECCIONES Y VERIFICACIONES

SECCIÓN ÚNICA.
DE LOS CRITERIOS MÍNIMOS.

Artículo 68.- Los Sujetos Obligados, pueden verificar e inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de carácter local.

Son objeto de la verificación o inspección los documentos, bienes, lugares o establecimientos donde se desarrollen actividades o presten servicios siempre que dichas diligencias estén reguladas por una Ley o reglamento de carácter administrativo.

Todas las verificaciones e inspecciones deberán estar normadas por una disposición de carácter administrativo y deberán de estar inscritas en el Catálogo o el Catálogo Municipal, según corresponda. Los Sujetos Obligados no podrán aplicar inspecciones o verificaciones adicionales a los inscritos en el Catálogo, ni aplicarlos en forma distinta a como se establezcan en el mismo. Todas las inspecciones o verificaciones deberán cumplir con los siguientes principios:

I.- Previo a la ejecución de la vista de verificación o inspección, los servidores públicos que tengan a su cargo el desarrollo de la misma se identificarán con documento oficial, con fotografía que los acredite como tales, y dejarán un tanto en original de la orden de visita dictada para ese efecto a los titulares de los bienes muebles o lugares a verificar, o a sus representantes legales;

II.- Durante la inspección o verificación no podrá solicitarse a los usuarios ningún requisito, formato o trámite adicional, siempre y cuando no se trate de un caso especial o extraordinario, para cuyo caso se dispondrá a los ordenamientos aplicables.

III.- No se realizará ningún cobro, pago o contraprestación durante la inspección o verificación.

Artículo 69.- La inspección y/o verificación se realizará conforme a las disposiciones siguientes:

I.- El inspector o verificador debe presentarse e identificarse ante las personas titulares de los predios, fincas, instalaciones o bienes muebles objeto de la verificación o en su caso, de sus representantes o de quienes tengan a su cargo la operación, cuidado o resguardo de las mismas, con documento idóneo, vigente y con fotografía, el cual lo acredite para realizar la verificación el día y hora señalado para la práctica de dicha diligencia, circunstancia que deberá hacerse constar en el acta que al efecto se levante, si el acto inicia en estos períodos;

II.- El resultado de la inspección o verificación se debe hacer constar en un acta circunstanciada y cuando se requieran análisis o estudios adicionales, en dictamen que se emita en forma posterior, donde se harán constar los hechos o irregularidades encontradas y en su caso, sus probables efectos, documentos de los cuales deberá entregarse copia al administrado;

III.- En la misma acta o dictamen se debe listar los hechos y en su caso las irregularidades identificadas para dar conocimiento al administrado;

IV.- Cuando en la inspección o verificación participe una autoridad competente y se adviertan hechos que generen condiciones graves de riesgo o peligro, podrán determinarse en el mismo acto, la medida de seguridad que corresponda, de acuerdo a lo establecido en esta Ley, determinación que se hará constar en el acta circunstanciada y se notificará al administrado;

V.- En ningún caso debe imponerse sanción alguna en la misma visita de verificación, y

VI.- Si del resultado de la verificación se advierten irregularidades, el responsable del acta circunstanciada o dictamen lo remitirá a la autoridad competente, quien realizará las acciones previstas por la Ley o los reglamentos aplicables.

Artículo 70.- En las Actas de inspección o verificación se debe constar como mínimo con:

I.- Nombre, denominación o razón social del visitado;

II.- Hora, día, mes y año en que se inicia y concluye la diligencia;

III.- Calle, número y población o colonia en donde se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;

IV.- En su caso, el número y fecha del oficio de comisión que motivó la diligencia;

V.- Datos generales de la persona con quien se entiende la diligencia, así como la mención del documento con el que se identifique; de igual forma el cargo de dicha persona;

VI.- Datos relativos a la actuación, incluyendo el fundamento legal en que se basó la verificación o inspección;
VII.- Declaración del visitado, si así desea hacerlo;

VIII.- En el caso de inspecciones, asentar en forma clara y precisa que se le dio debido cumplimiento conforme a lo señalado de este ordenamiento legal;

IX.- Nombre, firma y datos de los documentos con los que se identifiquen, quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo las de los verificadores o inspectores y otras autoridades que hayan concurrido, del visitado; así como las de los testigos de asistencia, y

X.- Las causas por las cuales el visitado, su representante legal con la que se entendió la diligencia, se negó a firmar si es que tuvo lugar dicho supuesto.

La falta de alguno de los requisitos establecidos en el presente artículo, según sea el caso, será motivo de nulidad o anulabilidad.

Artículo 71.- Los visitados a quienes se levante el acta de verificación o inspección, además de formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas con relación a los hechos contenidos en ella de forma verbal o por escrito; pueden ejercer tal derecho dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se levantó el acta.

Artículo 72.- Si del resultado de la inspección se determina la comisión de alguna infracción a las disposiciones administrativas, la autoridad podrá iniciar el procedimiento correspondiente para la imposición de las sanciones a que haya lugar, conforme los procedimientos administrativos aplicables, respetando en todo caso el derecho de audiencia y defensa.

Artículo 73.- Los Sujetos Obligados deberán contar un mecanismo de asignación de inspectores y verificadores que cumpla con los principios de máxima publicidad, aleatoriedad, eficiencia y eficacia.

Artículo 74.- La Comisión o la Comisión Municipal, según sea el caso, creará, administrará y actualizará el mediante una plataforma electrónica el Padrón, para cuyo efecto los Sujetos Obligados, deberán proporcionarle la siguiente información, en relación con cada inspector o verificador:

I.- Nombre completo y cargo;

II.- Área administrativa y dependencia a la que pertenece;

III.- Nombre y cargo del jefe inmediato;

IV.- Horarios de atención y servicio;

V.- Fotografía;

VI.- Vigencia de cargo;

VII.- Materia y giro de inspección o verificación, y

VIII.- Domicilio, número de teléfono y correo electrónico.

Artículo 75.- La información a que se refiere el artículo anterior deberá entregarse a la Comisión Estatal o la Comisión Municipal, según sea el caso, en la forma en que dicho órgano lo determine y la Comisión deberá inscribirla en el Padrón, sin cambio alguno, salvo por mejoras ortográficas y de redacción, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la misma.

Artículo 76.- Los Sujetos Obligados, deberán notificar a la Comisión Estatal o la Comisión Municipal, según sea el caso, cualquier modificación a la información inscrita en el Padrón, dentro de los diez días hábiles siguientes a que ocurra la modificación.

Artículo 77.- La legalidad y el contenido de la información que se inscriba en el Padrón serán de estricta responsabilidad de los Sujetos Obligados.

Artículo 78.- Ningún funcionario público podrá llevar a cabo actos de inspección o verificación si no se encuentra debidamente inscrito en el Padrón.


TÍTULO CUARTO.
DE LAS HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA EN LOS PODERES DEL ESTADO.

CAPÍTULO PRIMERO.
DEL SISTEMA ESTADÍSTICO PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN DE TIEMPOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES.

Artículo 79.- El Poder Judicial del Estado deberá crear una Comisión de Mejora Regulatoria para promover al interior del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura los principios establecidos en el artículo 4 de la presente Ley.

Artículo 80.- El Poder Judicial del Estado deberá contar con un sistema estadístico para monitoreo y evaluación de tiempos de los procedimientos judiciales, con miras a contribuir con el fortalecimiento y agilización de los procesos de resolución de controversias.

Artículo 81.- El Poder Judicial del Estado deberá contar con un sistema de notificaciones eficiente, mediante la implementación de una central de actuarios, que es la unidad encargada de organizar el turno aleatorio y llevar el control de las diligencias y ejecuciones de todo tipo de mandamientos judiciales, lo cual permite llevar un mayor control y disminuir los tiempos de notificación a las partes involucradas en el litigio.

Artículo 82.- El Poder Judicial del Estado deberá contar con un sistema de gestión de información judicial, como herramienta para permitir el manejo del juicio como un proceso organizacional a través de medios electrónicos, en la que intervengan diferentes funcionarios para optimizar los tiempos de traslado de los expedientes y las diferentes tareas asociadas al trámite del juicio.

CAPÍTULO SEGUNDO.
DE LA MEJORA REGULATORIA EN EL PODER LEGISLATIVO.

Artículo 83.- Los proyectos de Ley que se presenten en el Congreso del Estado de Chihuahua, así como las disposiciones de carácter general presentadas en los Cabildos, deberán acompañarse de un Análisis que considere como mínimo los elementos descritos en el artículo 30 de esta Ley.

Para este efecto las Leyes y reglamentos que rigen el funcionamiento del Congreso del Estado y los municipios adecuarán en la medida que resulte necesario, las disposiciones que resulten aplicables para permitir la aplicación del Análisis.

Artículo 84.- El Congreso del Estado de Chihuahua y los municipios realizarán revisiones periódicas de las Leyes en vigor para evaluar el cumplimiento de sus objetivos y los impactos generados como resultado de su aplicación, a fin de promover su análisis y mejora continua.

TÍTULO QUINTO.
DEL REGISTRO DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO.

CAPÍTULO ÚNICO.
DE LA CREACIÓN, OBJETO Y REQUISITOS.

Artículo 85.- Se crea el Registro, con el objeto de documentar por una sola vez la información sobre la constitución y funcionamiento de las personas morales y la correspondiente a las personas físicas que así lo deseen, para realizar trámites y servicios ante los Sujetos Obligados para lo cual se emitirá al interesado una clave de identificación personalizada y se integrará una base de datos.

Los Sujetos Obligados inscribirán a los usuarios que realicen trámites y servicios en el ámbito de su competencia. Para ello integrarán una clave de identificación particularizada basada en los elementos de la Clave Única del Registro de Población para las personas físicas y para las personas morales, basado en la Cédula de Identificación Fiscal.

Sin perjuicio de lo que al efecto prevea el Reglamento, la documentación mínima que se requerirá para la inscripción en el Registro será la referente a:

I.- La acreditación de la constitución de la persona moral;

II.- La acreditación de la personalidad de representantes o apoderados, y

III.- Cédula de Identificación Fiscal.

Artículo 86.- Una vez inscrito el usuario en el Registro, los Sujetos Obligados no deberán solicitarle la documentación integrada en la ficha particularizada correspondiente y será válida para realizar trámites o servicios en cualquiera de los Sujetos Obligados, salvo que el trámite o servicio de que se trate, requiera documentación particular o adicional.


TÍTULO SEXTO.
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

CAPÍTULO PRIMERO.
DE LAS INFRACCIONES.

Artículo 87.- Las infracciones administrativas que se generen por el incumplimiento a lo previsto en la presente Ley, se sancionarán de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables.

Artículo 88.- La Comisión deberá informar a la Secretaría de la Función Pública y Municipios, respecto de los casos que tenga conocimiento de incumplimiento a lo previsto en la presente Ley para que, en su caso, determine las acciones que correspondan.

Artículo 89.- Sin perjuicio de las infracciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, constituyen infracciones administrativas en materia de mejora regulatoria imputables a los servidores públicos, las siguientes:

I.- Omisión de la notificación de la información a inscribirse o modificarse en el Catálogo Estatal o Municipal de Trámites y Servicios, respecto de trámites a realizarse por los particulares para cumplir con una obligación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la disposición que regule dicho trámite;

II.- Omisión de entrega al responsable de la Comisión de los proyectos y demás actos materia del conocimiento de ésta, acompañados con los Análisis correspondientes;

III.- Solicitud de trámites, requisitos, cargas tributarias, datos o documentos adicionales a los inscritos en el Registro;

IV.- Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en cada trámite, inscrito en los Registros Estatal y Municipales, de Trámites y Servicios;

V.- Incumplimiento sin causa justificada a los programas y acciones de mejora regulatoria aprobados en el Ejercicio Fiscal que corresponda, en perjuicio de terceros;

VI.- Entorpecimiento del desarrollo de la Política Pública de mejora regulatoria en detrimento de la sociedad, mediante cualquiera de las conductas siguientes:

a) Alteración de reglas y procedimientos;

b) Negligencia o mala fe en el manejo de los documentos o pérdida de éstos;

c) Negligencia o mala fe en la integración de expedientes;

d) Negligencia o mala fe en el seguimiento de trámites;

e) Cualquier otra que pueda generar intencionalmente perjuicios o atrasos en las materias previstas en esta Ley, y

VII.- Falta de actualización del Catálogo Estatal y los Catálogos Municipales, en los términos del artículo 2 de esta Ley, su Reglamento y demás aplicables.

La Comisión respectiva informará por escrito a órgano interno de control que corresponda, de los casos que tenga conocimiento sobre incumplimiento a lo previsto en esta Ley y su Reglamento, para efecto de que, conforme a sus atribuciones, instruya el procedimiento respectivo y aplique las sanciones correspondientes.

CAPÍTULO SEGUNDO.
DE LAS CAUSAS DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Artículo 90.- Los actos u omisiones que deriven del incumplimiento a lo previsto en esta Ley, serán causal de responsabilidad administrativa y les corresponderá las sanciones administrativas que las autoridades competentes de los estados y municipios apliquen de conformidad con la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas.

CAPÍTULO TERCERO.
DE LAS SANCIONES.

Artículo 91.- Las infracciones administrativas a las que se refiere el artículo 96 de esta Ley serán imputables al servidor público que por acción u omisión constituya una infracción a las disposiciones de esta Ley, mismas que serán calificadas y sancionadas por el Órgano de Control Interno competente.

Artículo 92.- Sin perjuicio de lo establecido en las Leyes administrativas, el servidor público que incurra en responsabilidad con motivo del artículo 89, fracción VII, será sancionado con inhabilitación de 1 a 10 años en el servicio público estatal y municipal.

Artículo 93.- La Comisión Estatal o la Comisión Municipal denunciará por escrito a al órgano interno de control que corresponda, de los casos que conozca sobre incumplimiento a lo previsto en esta Ley y su Reglamento, para efecto de que, conforme a sus atribuciones, instruya el procedimiento respectivo y aplique las sanciones correspondientes.

CAPÍTULO CUARTO.
DE LA PROTESTA CIUDADANA.

Artículo 94.- Si al realizar un trámite o solicitar un servicio algún servidor público niega la gestión sin causa justificada, altera reglas, procedimientos, incumple los plazos de respuesta, solicita donaciones en dinero o en especie distintos al costo que marca la normatividad vigente, o acciones u omisiones como las señaladas en el artículo 96 de esta Ley, la ciudadanía podrá acudir a la Comisión a presentar una protesta ciudadana.

La Comisión solicitará la intervención directa del titular de la dependencia involucrada con la finalidad de resolver la solicitud, siempre y cuando asista la razón al promovente, en caso contrario se le brindará la asesoraría necesaria para que este último logre la conclusión del trámite o servicio de acuerdo con la normatividad aplicable.

CAPÍTULO QUINTO.
DE LOS RECURSOS

Artículo 95.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades estatales o municipales, según sea el caso, con apoyo en la presente Ley, podrán interponer los recursos previstos en el Ley General de Responsabilidades Administrativasy demás ordenamientos en la materia o intentar directamente la vía jurisdiccional que corresponda.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Los Programas de Mejora Regulatoria a que se refieren los Artículos 40 al 45, deberán ser expedidos en un plazo 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

TERCERO.- El Ejecutivo Estatal expedirá el Reglamento de la presente Ley en un periodo 90 días naturales a partir de la publicación de la presente Ley. Hasta en tanto se emitan dichos reglamentos, seguirán aplicándose las disposiciones reglamentarias vigentes, en todo aquello que no la contravengan.

CUARTO.- El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria se instalará dentro de los 30 días naturales siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley, y propondrá al Ejecutivo Estatal su Reglamento Interior, en un plazo no mayor a 40 días naturales, contados a partir de la fecha de su instalación.

QUINTO.- Se deberá adecuar la legislación en materia de mejora regulatoria de los municipios, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley, en un plazo no mayor de 90 días naturales contado a partir de la entrada en vigor de la misma.

SEXTO. Los Sujetos Obligados deberán informar a la Comisión Estatal, en un lapso 30 días naturales a la instalación formal de ésta, del nombramiento de su Enlace Oficial de mejora regulatoria.

SÉPTIMO. El Catálogo Estatal o Municipal de Trámites y Servicios deberá estar integrado en un término de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y las disposiciones aplicables entrarán en vigor una vez que la Comisión publique en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo de que el Catálogo se encuentra operando.

OCTAVO. Los municipios expedirán su propio reglamento en la materia en un plazo 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la Ley, el cual será publicado en la Gaceta Municipal o medio de publicación oficial del Municipio respectivo. Concluido este plazo, las Comisiones Municipales de Mejora Regulatoria deberán integrarse e instalarse en un plazo 60 días naturales.

NOVENO. Todos los asuntos pendientes de resolución en materia de Mejora Regulatoria, pasarán a la Comisión Estatal o Municipal, según corresponda, una vez que éstas se hayan instalado.
DÉCIMO. Se abroga la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Chihuahua emitida mediante Decreto 905/2015 II P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado número 63 de fecha 8 de agosto de 2015.


D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los 20 días del mes de Septiembre del 2018.

ATENTAMENTE




DIP. JORGE CARLOS SOTO PRIETO