27 de febrero de 2024. -El llamado se extiende a la FGE y la CEDH para que se investigue respecto de las violaciones a derechos humanos en contra de manifestantes.

La 67 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos, exhortó a Cruz Pérez Cuéllar, Alcalde de Ciudad Juárez y a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a conducirse de estricto apego a la Ley y garantizar que quienes participan en manifestaciones o actos de protesta no sean objeto de violencia ni de arrestos arbitrarios.

El exhorto se extiende a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a fin de que investigue el abuso de autoridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, así como del alcalde Cruz Pérez Cuellar, derivado de las violaciones a derechos humanos en contra de manifestantes el pasado fin de semana y, a la Fiscalía Anticorrupción para que, atendiendo a las peticiones de la ciudadanía, dé celeridad a los procedimientos de las denuncias por corrupción presentadas en contra de Cruz Pérez Cuéllar en lo individual y en conjunto con diversos funcionarios. Así también para que informe a esta Soberanía el estatus de dichas carpetas de investigación.

La diputada Marisela Terrazas Muñoz, iniciadora de la proposición, dio a conocer el pasado domingo 25 de febrero unos manifestantes acudieron a las afueras de la casa del alcalde Cruz Pérez Cuellar. Manifestación que de inicio fue pacífica por parte de quienes en el ejercicio de sus derechos acudían a mostrar sus inconformidades, pero que lamentablemente terminó con actos de autoridad desproporcionadamente violentos en contra de los ciudadanos.

“La actuación de la Policía Municipal de Juárez al reprimir de forma violenta una protesta pacífica contra el alcalde es injustificable e inaceptable en una democracia”, señaló la diputada.

Asimismo, dijo que más allá de los reclamos contra la gestión del alcalde Pérez Cuéllar, es grave que se utilice la intimidación y violencia policial para acallar voces críticas. Un gobierno que reprime en vez de dialogar, muestra debilidad y falta de voluntad para rendir cuentas sobre sus actos frente a la ciudadanía.

En ese sentido, se debe realizar una investigación imparcial sobre estos abusos policiales, sancionar a los responsables, para que se cumpla con los protocolos claros, a fin de evitar que la protesta social sea reprimida de esta forma en el futuro.

Por último, la diputada declaró que la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica son fundamentales para la salud democrática de cualquier país o localidad; lo ocurrido en Juárez constituye un retroceso autoritario frente a estas libertades cívicas que ningún funcionario electo debería promover ni tolerar.