05 de marzo de 2024. El Congreso del Estado exhortó al Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua y a la Auditoría Superior del Estado, para que se investiguen posibles faltas administrativas de servidores públicos y de particulares vinculados a ellas, durante el procedimiento de regularización de un predio municipal relativo al expediente 142/2022.

El llamado se hizo extensivo al Comité Municipal de Patrimonio Inmobiliario y a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, y de Hacienda y Planeación del Municipio de Chihuahua, a fin de rescindir el título municipal otorgado.

El 9 de junio de 2023, el Comité Municipal de Patrimonio Inmobiliario en la 13a sesión ordinaria, acordó como procedente la solicitud del ciudadano Rubén Corral Rivera para la regularización de un predio ubicado en la colonia Francisco Villa, sin embargo dicho ciudadano vendió el predio, el cual fue dividido en tres lotes habitacionales.

De lo anterior señala la proposición aprobada por unanimidad de votos, se pueden ver una serie de anomalías en el proceso, entre estas, se presume que dichas irregularidades no pueden surgir solamente del particular, sino que implican posibles irresponsabilidades y actos ilegales de los servidores públicos del municipio de Chihuahua.

En tanto que, posiblemente se falseó información por parte de algunos servidores públicos señalando que la enajenación respondía al interés social de apoyar a un adulto mayor que era propietario de dicho inmueble; y que había un candado en el dictamen de la enajenación que prohibía gravar el inmueble durante los dos años siguientes, el cual fue ignorado completamente por las oficinas de catastro de la Tesorería Municipal de Chihuahua, y por parte la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, quien autorizó la solicitud para subdividir el predio en tres lotes habitacionales.

Es por ello y dado al propósito de proteger el patrimonio municipal y evitar actos de corrupción que se hace el llamado para que se vigile la legalidad de los procedimientos de regularización o desincorporación de los predios municipales, y evitar casos como el referido, en el que presumiblemente hay una colusión con servidores públicos para obtener predios a bajo costo de manera fraudulenta.