17 de abril de 2024. La 67 Legislatura de Chihuahua, envió un exhorto a las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Social del Congreso de la Unión, para que realicen un análisis exhaustivo del proyecto de decreto que contempla la creación del fondo de pensiones para el bienestar; así como el que realicen un Parlamento Abierto para fomentar un debate transparente, plural y completo que permita estudiar todas las implicaciones y riesgos de dicho proyecto.
De acuerdo con el dictamen aludido, aprobado el día lunes 15 de abril de 2024, en sesión de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el Fondo de Pensiones para el Bienestar estaría bajo la administración del Banco de México en representación del gobierno, y correspondería a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinar el funcionamiento de este fondo a través de un decreto que será emitido por el presidente en un plazo máximo de 60 días posteriores a la entrada en vigor de este proyecto de decreto.
El financiamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar se sustente en recursos provenientes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como en las ganancias generadas por empresas como el Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Transístmico. Es importante destacar que, hasta la fecha, todas estas fuentes han demostrado ser altamente ineficientes.
Con base a lo antes señalado, es sumamente arriesgado vincular las pensiones de los mexicanos y mexicanas, a un proyecto que muestra una peligrosa inestabilidad financiera.
Aunado a ello, confiar las pensiones de las y los mexicanos a un ente como el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, se vuelve especialmente riesgoso en vista de las denuncias de robo, abuso y corrupción que lo rodean. Este instituto, que han manejado a conveniencia como un símbolo de la lucha contra la corrupción y la justicia social, se ha visto envuelto en acusaciones de saqueo, contratos desfavorables y prácticas corruptas.
En ese sentido, colocar los fondos de pensiones en un proyecto que enfrenta incertidumbre financiera, expone a las y los ciudadanos a riesgos innecesarios. Las pensiones son recursos fundamentales para el futuro de quienes han trabajado por años arduamente y su seguridad debe ser prioritaria en cualquier decisión de inversión.
Ahora, es profundamente alarmante que un tema de tanta importancia, que afecta directamente los derechos de seguridad social de miles de mexicanas y mexicanos, sea discutido y potencialmente aprobado sin el riguroso análisis que merece y, sobre todo, sin garantizar su plena conformidad con el orden constitucional.
Dada la importancia de este tema para la sociedad mexicana, se confía en la disposición y compromiso de las y los legisladores destinatarios del presente punto de acuerdo, para abordar este asunto con la seriedad que merece, garantizando así la efectividad y equidad de las políticas públicas en materia de seguridad social.