26 de agosto de 2024. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador para reformar el Poder Judicial representa un grave riesgo para su independencia y un peligro para el país. Al sugerir la elección popular de jueces, magistrados y ministros, esta iniciativa no democratiza la justicia; la politiza, comprometiendo la imparcialidad que es esencial en un Estado de derecho. Ejemplos como Bolivia muestran cómo un sistema así puede derivar en una justicia politizada y desacreditada, un camino que debe evitarse.

Las preocupaciones no se limitan a nuestro territorio; tanto Estados Unidos como Canadá han expresado su alarma ante los posibles efectos negativos que este cambio podría tener en la estabilidad económica y política. Los inversionistas perciben esta medida como una fuente de incertidumbre que podría afectar las relaciones comerciales y el flujo de inversiones en el mercado nacional.

El proceso electoral que conllevaría este cambio añadiría complejidad administrativa y confusión entre los votantes, quienes no tendrían los elementos necesarios para evaluar adecuadamente a los candidatos. Además, la elección de estos cargos carecería de criterios sólidos basados en la experiencia y el conocimiento jurídico, reemplazándolos con promesas de campaña y eslóganes vacíos. Garantizar la justicia en un sistema donde los jueces son elegidos por popularidad en lugar de por competencia es un cuestionamiento crucial, considerando que lo que está en juego es la estabilidad económica y política del país.

Claudia Sheinbaum, como presidenta electa, debe replantear esta reforma antes de que cause un daño irreversible. Si su objetivo es realmente fortalecer el sistema político, debe priorizar la preservación de la independencia judicial, en lugar de sacrificarla por seguir los intereses del presidente. La historia juzgará a quienes permitieron que el sistema judicial se viera comprometido por motivos políticos, y los daños derivados de una reforma tan mal concebida podrían ser incalculables.

Es crucial reconocer la valentía de quienes, desde el Poder Judicial, han alzado la voz en contra de esta medida. Sus paros y protestas no son solo una defensa de sus propios intereses, sino del estado de derecho y de las instituciones que han mantenido al país como un régimen democrático. El poder judicial debe ser independiente para garantizar una justicia verdadera y equitativa. En un contexto donde las decisiones judiciales deben basarse en la ley y no en los caprichos del poder, la independencia judicial es innegociable.

La situación actual demanda una revisión y un debate profundo sobre esta propuesta. No podemos permitir que un proyecto tan peligroso se imponga sin una resistencia firme. La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental de cualquier sistema político, y su preservación es responsabilidad de todos los ciudadanos comprometidos con el futuro del país. Defender la justicia es, en última instancia, defender el futuro de la nación, y en esta lucha, no podemos darnos el lujo de retroceder.

Cada ciudadano que valora la libertad debe comprender que la independencia del Poder Judicial no es un lujo, sino una necesidad fundamental. Este no es el momento de experimentar con el sistema judicial; es el momento de fortalecerlo. El país necesita un Poder Judicial fuerte y autónomo, capaz de resistir las presiones políticas y de garantizar que la ley se aplique de manera imparcial. Esta reforma, tal como está planteada, es un retroceso que debemos evitar.