28 de septiembre de 2021.
La Presidenta del Congreso del Estado, Geo Bujanda, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Apoyo y Protección a Migrantes y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua, con el propósito de garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y de personas vulnerables migrantes.

“Chihuahua es tierra de paso de migrantes, por lo que es imperante que desde nuestras leyes se protejan sus derechos e integridad, se contemple el principio de no detención de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en estaciones migratorias para que en su lugar se les brinde alternativas de cuidado y se reconozca y priorice el interés superior de la niñez”, expresó Bujanda Rios.

Dio a conocer que en 2020, 11,514 niñas, niños y adolescentes extranjeros fueron detectados por las autoridades migratorias, 93% provenían de países centroamericanos, mientras que cerca de 12,549 niños y adolescentes mexicanos fueron repatriados de Estados Unidos a México; Por su parte, la UNICEF estima que la mayoría viajan sin acompañamiento.

La propuesta presentada por Bujanda Ríos, incluye la creación de políticas públicas en materia de atención y apoyo a migrantes, con especial atención en niñas, niños y adolescentes, mujeres, indígenas, personas con discapacidad y las personas adultas mayores, así como las víctimas del delito.

“Escuchamos cada vez más noticias de niñas, niños y adolescentes obligados a cruzar fronteras ante la violencia que viven en sus hogares o por falta de oportunidades. No podemos permitir que además del largo camino que deben de enfrentar en busca de una mejor calidad de vida, sufran en el trayecto violaciones a sus derechos humanos”, puntualizó.

Por último, Geo Bujanda enfatizó que se debe cumplir la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Chihuahua, incluyendo la no privación de la libertad por motivos migratorios, así como brindar atención especial, generar acciones de acompañamiento, e informar dicha circunstancia a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia o municipal respectivo.