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Resumen de iniciativas aprobadas de manera urgente en Sesión de la Diputación Permanente de hoy 18 de enero

18 de enero de 2022.
El Congreso de Chihuahua exhortó a las secretarías de Salud Federal y Estatal, a la de Hacienda del Estado, y a los 67 ayuntamientos de la Entidad, para que se considere prioritaria la dotación de medicamentos e insumos para la salud en aquellos centros que funcionen bajo su responsabilidad en el Estado.
La petición surgió luego de que fuera aprobada de manera urgente la iniciativa de la diputada del PRI, Ivón Salazar Morales, quien detalló que en los últimos años, los servicios de salud se han visto afectados a consecuencia del desabasto de medicamentos del denominado “Cuadro Básico de Medicamentos”, mismo que fue sustituido en el año 2020 por el “Libro de Medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud”, el cual se actualiza cada año, y en el que se calcula existen unas 14 mil claves para identificar los insumos y medicamentos básicos para atender a la población que recurre a los sistemas de salud en el País.
Agregó que, de acuerdo al Mapeo de Desabasto de Medicamentos en México, en los últimos dos años “las entidades de Sinaloa, Chihuahua y Guerrero, aglomeran los casos más alarmantes con porcentajes de no surtimiento por encima del 50%. En los centros de salud de estas entidades una de cada dos recetas de pacientes no fueron surtidas efectivamente a lo largo de estos dos años.
Es por lo antes mencionado y dado al desabasto incluso en medicamentos controlados, mismos que tienen un alto costo y que son indispensables para mantener la salud de una persona, y deben ser adquiridos por las familias a su propio coste, se pidió a las instancias mencionadas se dé prioridad al abastecimiento adecuado.

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La Sexagésima Séptima Legislatura de Chihuahua, pidió al Congreso de la Unión se realicen las reformas necesarias en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se contemple tasa del 0% en pruebas médicas destinadas a la detección del SARS-CoV-2.
Dicha petición aprobada de manera urgente, fue presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Adrián Sánchez Villegas, quien mencionó que el sistema recaudatorio en México, contempla a través de su Ley del Impuesto al Valor Agregado, una tasa 16% a toda persona que realice actos de enajenación de bienes, entre los que se encuentran pruebas médicas destinadas a la detección del SARS-CoV-2.
Explicó que de exentar el IVA, el costo aproximado de una prueba para la detección de virus y anticuerpos del COVID-19, de la mano de personal altamente calificado sería el siguiente: Con IVA:
PCR $2,320
Antígeno $500
IgG post vacuna $490
Sin IVA
PCR $2,000
Antígeno $431.03
IgM/IgG $551.72
IgG post vacuna $422.41

Es por ello y dado a que dicha exención abonaría al ahorro en el bolsillo de las y los mexicanos, aunado a que al fijar tasa del 0% en dichas pruebas médicas destinadas a la detección del SARS-CoV-2 las personas podrína detectar de manera temprana un contagio y por ende se reduciría el número contagios, además de iniciar a la brevedad con el tratamiento.
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Diputadas y diputados del Congreso de Chihuahua, tras aprobar de manera urgente la iniciativa de la diputada del PRI, Georgina Zapata Lucero, pidieron al Ejecutivo Federal implementar acciones urgentes para contrarrestar los efectos inflacionarios que se viven en el País, lo cual ha traído la peor cuesta de enero de los últimos 21 años.
La Legisladora resaltó que de acuerdo a un informe presentado por el titular de la PROFECO, en la zona norte del País, en la cual se encuentra Chihuahua, junto con Baja California, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, se encontró la canasta básica a un precio máximo de $1,006.30 y un mínimo de $713.78; precios que marcan un porcentaje inflacionario histórico alto, en donde por ejemplo el limón tuvo un aumento del 300% y frutas y verduras de hasta un 436%.
Por último, refirió que México se encuentra en el séptimo lugar mundial en cuestión inflacionaria, entre las 31 economías revisadas; por ello se hace la exigencia referida, con la finalidad de que se aseguren condiciones de seguridad económica a la ciudadanía, para que las empresas mexicanas sientan que los gobernantes buscan la estabilidad, y que los mexicanos tengan la tranquilidad de que su ingreso es suficiente para lograr las condiciones mínimas de vivienda.