03 de febrero de 2022.
La Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua en su Sesión semanal, acordó enviar a la Auditoría Superior del Estado (ASE), copia de la iniciativa promovida por el diputado Omar Bazán Flores, la cual contiene la información relativa de la sesión del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de donde se desprende la autorización para llevar a cabo la enajenación de diversos bienes inmuebles.
Ello, a efecto de que dicha autoridad fiscalizadora, valore la posibilidad de incluir esta situación en su Programa Anual de Auditoría, previsto para el 2022, señaló la diputada Leticia Ortega Máynez, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Refirió que la propuesta en estudio se basa en posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos de un ente en específico, y que el acuerdo se pretendía fundamentar en las atribuciones que tiene la Comisión de Fiscalización para instruir la práctica de auditorías a la ASE, sin embargo, al analizar la petición se determinó la imposibilidad de su aprobación en los términos propuestos, ya que la solicitud no proviene del análisis de los informes presentados al Congreso, a través de la Comisión de Fiscalización por la ASE, además, de que conforme a lo expuesto por el iniciador, el contenido del Acta No. 591, de la sesión del Consejo Universitario de dicha Institución, en donde se autoriza la enajenación de diversos inmuebles que, a consideración del diputado, están sujetos al régimen de dominio público, y que por tanto, la Universidad debió haber agotado el procedimiento para su desincorporación en el Congreso, según lo dispuesto en la Ley de Bienes del Estado y la propia Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua; no obstante, del mismo contenido del Acta, se advierte que dicha Universidad consideró que dichos inmuebles “ya no se encuentran en uso, ni destinados directa o inmediatamente al objeto de esta institución”, por lo que de ser así, el procedimiento de subasta pública autorizado por ese órgano colegiado se encontraría apegado a derecho, dado que se trataría de inmuebles sujetos a un régimen jurídico distinto, es decir, al de dominio privado.
De lo anterior, la Comisión carece de la certeza necesaria para poderse pronunciar, debido a que se tendría que verificar si efectivamente los inmuebles se encuentran en los supuestos invocados por la Universidad, o bien, si pertenecen al régimen de dominio al que hace alusión el Diputado promovente.
Es por ello que se envía a la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, copia de la iniciativa mencionada, para que dicha situación de ser posible, sea incluida en su Programa Anual de auditoría para el año 2022.