Debe Estado destinar mayores recursos para los procesos de búsqueda e identificación de cuerpos humanos: Congreso
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27 de septiembre de 2022. El Congreso del Estado en sesión ordinaria de este martes, pidió al Ejecutivo Estatal realizar la asignación de recursos suficientes para que se lleven a cabo los procesos de búsqueda e identificación de cuerpos humanos, incluyendo los sueldos de las personas que laboran en la Dirección de Servicios Periciales y Forenses.
La proposición fue hecha por la Diputada Deyanira Ozaeta Díaz, quien señaló que, según el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, en México se pierde una persona por hora y para analizar los restos humanos de las más de 52 mil personas fallecidas sin identificar en el país, se necesitarían 120 años o más, en el reportaje de Animal Político se menciona también que este Comité destaca que solo 7 Estados concentran el 71.7% de los cuerpos no identificados, entre ellos Chihuahua.
Así mismo, reveló que en Chihuahua la crisis forense no es una situación ajena, toda vez que pudo comprobar, al acudir al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Juárez, con la finalidad de dar seguimiento a una gestión, que un caso en el que no se había logrado identificar plenamente a una persona, primero se mencionó una estimación de 2 meses para entregarlo a sus familiares, y se postergo hasta 6 meses.
Ozaeta Díaz dijo que la crisis forense no es de hoy ni de hace unos meses, son años de retrasos y de procesos largos y complicados por los que pasan familiares para la identificación de quienes están bajo el resguardo de la Fiscalía General del Estado.
Finalmente explicó que la “crisis forense” no se limita al número de personas que han fallecido y continúan en el anonimato, sino también a la saturación de los espacios que reciben cuerpos, el número insuficiente de especialistas para identificarlos, la falta de seguimiento de los protocolos de identificación, la inexistencia o desuso de sistemas informáticos que faciliten el registro de cuerpos que llegan a las instituciones forenses y el intercambio de información entre estados, y la baja inversión pública para fortalecer las capacidades forenses.