Pide Congreso la suspensión del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía
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11 de octubre de 2022.
El Congreso del Estado exhortó al Poder Ejecutivo Federal, suspenda la aplicación del Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía (APECIC).
El diputado Saúl Mireles Corral dijo que en octubre del 2022 se presentó el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC), el cual tiene por objetivo combatir los altos niveles de inflación, los cuales al cierre del mes de septiembre se mantienen en un 8.70% a tasa anual, nivel que es similar al que se registró en el mes de agosto, niveles no vistos en más de 2 décadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Explicó que dentro del citado acuerdo se contemplan 10 puntos, los cuales se acordaron con 15 diferentes empresas de productos básicos, con lo que se pretende buscar una reducción de un 8% en los productos de la canasta básica, la cual se define como el conjunto de productos y servicios considerados esenciales para la subsistencia de los miembros que componen a las familias, en la actualidad esta se encuentra compuesta por 24 productos, los cuales alcanzan un consto de $1,129.00 (mil ciento veintinueve pesos 00/100), y con la firma del citado documento se pretende reducirla a $1,039 (mil treinta y nueve pesos 00/100), intención que si bien es cierto se aprecia loable, en la ejecución de este acuerdo se encuentran una serie de impactos y repercusiones para la salud pública, así como también para el sector agroalimentario nacional.
En sí, comentó el diputado, con el anuncio realizado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, estaremos más vulnerables y se pondrá en riesgo la planta productiva de México; adicionalmente se exacerbarán problemas que ya se están teniendo derivado de las reducciones a los recursos económicos para inspección, vigilancia, campañas y atención a brotes de plagas y enfermedades.
Es por esto que la implementación del multicitado acuerdo, violenta las medidas sanitarias y fitosanitarias lo que podría desencadenar un alto riesgo en la salud del país, además de los costos incalculables de una erradicación de posibles plagas cuarentenarias, así como también las implicaciones de una competencia desleal contra los productores nacionales, lo que se traduce en pérdida de millones de empleos que dependen de esta actividad, y por último pero no menos importante el incremento de una dependencia alimentaria.