16 de mayo de 2023. La 67 Legislatura local, por mayoría de votos, solicitó a la Cámara de Diputados y al Senado del Congreso de la Unión, emitan el acuerdo de improcedencia correspondiente al caso de la iniciativa de decreto que propone reformar la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con la pretensión de dotar a dicho organismo de facultades en materia educativa, y trasladar a éste la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, sustrayéndola de la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública, lo que implica la invasión de competencias a la autoridad de la materia.
Por otro lado, exhortó al Gobierno Federal a que desista de su propósito de sacar de la Secretaría de Educación Pública a la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, para trasladarla al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pretendiendo dotar a éste de facultades educativas, impactando con ello las facultades previstas en la Ley General de Educación para la Secretaría de Educación Pública, así como las consideradas para ésta Secretaría en su relación con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, previstas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Lo anterior, luego de la aprobación de la proposición presentada por la diputada Rocio Sarmiento Rufino, quien expuso que el día de ayer lunes 15 de mayo Día del Maestro, más de 600 trabajadores educación indígena se apostaron a las afueras del palacio legislativo para solicitar la intervención de esta Legislatura ante el Gobierno federal a fin de que éste último dé marcha atrás en su intención de sacar de la estructura de la Secretaría de Educación Pública la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, trasladándola al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, respecto al cual se quejaron por su falta de atención y empatía para ayudarlos a resolver las problemáticas ancestrales de las que adolecen los pueblos originarios, y que impactan en consecuencia el sistema educativo, derechos transversales que, de ser garantizados y respetados por el Instituto.
Asimismo, recordó que la propuesta de Decreto recibida por la Cámara de Diputados hace treinta días, se plantea la fusión, integración o extinción de 18 instituciones; 15 de ellas, que son órganos desconcentrados u organismos descentralizados que actualmente cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios; con esta iniciativa dejan de tener tal condición y fortaleza para convertirse en unidades administrativas de alguna dependencia, impactando así la estructura orgánica en instituciones importantes, pero sobre todo, quitándoles el nivel de decisión que actualmente tienen para ejercer sus atribuciones.
Con esto último, según la iniciativa, se pretende suprimir, trasladar, integrar, convertir, contraer o fusionar unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados, organismos públicos descentralizados y fideicomisos hacia dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, para “racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”.
Sin embargo, explicó la diputada, la propuesta del gobierno de México tiene muchas aristas, las cuales, tanto el Ejecutivo Federal como la Cámara de Diputados, y el Senado del Congreso de la Unión deben evaluar antes de tomar las decisiones finales, pues si el camino que se pretende seguir no es el idóneo, no sólo se ponen en juego cuestiones de infraestructura, de organigrama, de funciones, de atribuciones, de procedimiento administrativo y de recursos económicos y materiales, sino el derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de educación indígena.