Leticia Ortega Máynez urge a acelerar la aplicación de la Ley de Prevención del Suicidio en Chihuahua

19 de marzo de 2025. "La atención a personas con pensamientos suicidas debe garantizarse con un marco normativo claro, que evite demoras y brinde apoyo efectivo", señaló Ortega Máynez.
Chihuahua, Chihuahua, a 19 de marzo de 2025.- Ante la creciente crisis de salud mental en el estado, la diputada de Morena Leticia Ortega Máynez presentó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado a expedir a la brevedad el Reglamento y los protocolos de atención de la Ley de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, publicada en noviembre de 2024.
Ortega Máynez recordó que la Ley establece un plazo de 180 días para la creación de su reglamentación secundaria, el cual está por cumplirse sin que exista certeza sobre su avance. "La legislación secundaria es igual de importante que la ley principal, pues se crea para complementarla, desarrollarla y especificar su aplicación", expresó la legisladora.
El exhorto también propone la conformación de mesas de trabajo con la sociedad civil, en las que participen organizaciones como el Centro Familiar para la Integración y el Crecimiento (CFIC), la Organización Popular Independiente (OPI) y la Colectiva Arte, Cultura y Equidad (Colectivarte), quienes han trabajado activamente en la generación de propuestas para la correcta implementación de la ley.
"Chihuahua presenta cifras alarmantes en esta materia. En 2023 se registraron 433 suicidios y en 2024 la cifra ha alcanzado los 500 casos. Es urgente contar con un marco normativo sólido que permita salvar vidas mediante estrategias de prevención y atención adecuadas", enfatizó Ortega Máynez.
La diputada subrayó que el reglamento y los protocolos definirán aspectos clave como los mecanismos de detección del riesgo, la identificación de señales de alerta, los procedimientos de atención y la coordinación interinstitucional para garantizar respuestas eficaces.
Finalmente, Ortega Máynez hizo un llamado al Ejecutivo Estatal para cumplir con sus responsabilidades y garantizar la correcta aplicación de la ley. "La atención a personas en crisis no puede depender de la improvisación. Necesitamos protocolos claros, con coordinación real entre instituciones, para que ninguna persona en riesgo se quede sin ayuda", concluyó.