09 de mayo de 2017.
Los diputados locales aprobaron el Acuerdo presentado por la Comisión de Justicia en voz de su presidenta, diputada Laura Marín Franco, respecto a la no aprobación de la iniciativa que buscaba que no sea requisito indispensable para la contratación de persona alguna la Carta de No Antecedentes Penales, salvo para ocupar cargos relacionados con la seguridad pública y aquellos que sean designados como funcionarios públicos.
Lo antes mencionado, debido a que ya existe un mecanismo de equilibrio entre el derecho al trabajo y los intereses de quienes generan las fuentes de empleo, mismo que se puede consultar en la Ley de Ejecución de Penas, en su Título Noveno, enunciado “Del Certificado de Antecedentes Penales”.
Al otorgarse cualquiera de los beneficios señalados en dicho ordenamiento, o determinarse la libertad definitiva, de oficio o a petición de parte, el consejo emitirá un informe al Patronato de Reinserción Social, conteniendo un estudio para demostrar que la persona puesta en libertad se encuentra en posibilidades de ser reinsertado a la vida en sociedad, en base a este estudio, el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social, podrá conceder el beneficio al liberado, y para que la Fiscalía se reserve la información del antecedente penal en el certificado, para efectos empresariales.
Por lo antes mencionado, es que se consideró no viable la propuesta presentada con fecha 11 de octubre de 2016, en Sesión Ordinaria.