26 de septiembre de 2017.


H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-


Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución Política del Estado; así como los artículos 169 y 174 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos a esta Soberanía a presentar Iniciativa con carácter de Acuerdo de urgente resolución, por el que exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que, cumpla cabalmente con los acuerdos pendientes que firmó el día 29 de octubre de 2014, con los padres y familiares de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, derivado de los terribles hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero; así como para que proporcione verdad y justicia a todas las víctimas.

Lo anterior, con sustento en la siguiente:



E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

La Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fue fundada en 1926 y forma parte del sistema de escuelas formadoras de maestros rurales. Ubicada a unos cuantos kilómetros de la capital del Estado de Guerrero, es una de las 16 instituciones de este género que aún existen. Se integra por alrededor de 500 estudiantes que aspiran a ejercer la docencia en las comunidades más empobrecidas del país y que asisten bajo la modalidad de internado.

En décadas recientes, el modelo educativo de las normales rurales ha sido debilitado por los diferentes gobiernos estatales y federales, que lo consideran rebasado. Las normales rurales enfrentan dificultades debido a los recortes presupuestales, al cierre de planteles y a la discriminación laboral en contra de sus egresados.

En respuesta, las y los jóvenes alumnos, realizan diversas acciones para defender este modelo educativo. Tal situación no es privativa del Estado de Guerrero, se presenta en varias entidades del país.

Es por ello que los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” se ven orillados a llevar a cabo cada año una serie de acciones de protesta para abrir espacios de diálogo concertación con el Gobierno del Estado, a efecto de asegurar la subsistencia del plantel. Los estudiantes se organizan para recabar fondos encaminados a asegurar la subsistencia de la Normal, para ello llevan a cabo boteos (colectas de dinero), actividades culturales y acciones de promoción de la Normal. Es en este contexto que ocurren los hechos narrados enseguida .


Hechos de los días 26 y 27 de septiembre
El día 26 de septiembre de 2014, aproximadamente a las 21:00 horas, entre 90 y 100 estudiantes de la Normal se dirigían a la ciudad de Chilpancingo desde Iguala, a bordo de tres autobuses que habían tomado minutos atrás . Al salir de la central de autobuses, con dirección a Chilpancingo, varias patrullas intentaron cerrar su paso, empezando a disparar de manera intermitente sin dar advertencia alguna. Una patrulla municipal les cortó el camino atravesándoseles, al tiempo que llegaron más de 30 policías que se apostaron en posición de tiro. Los estudiantes quedaron cercados, al ubicarse otras patrullas atrás de ellos. Entonces descendieron de los autobuses dirigiéndose hacia la patrulla que se encontraba estacionada de frente y se elevó la tensión entre los jóvenes y las fuerzas policiales.

Haciendo uso desproporcionado e innecesario de la fuerza letal, los policías municipales dispararon ráfagas indiscriminadamente, cayendo herido el joven Aldo Gutiérrez Solano. Los estudiantes del último autobús fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y sometidos, acostándolos en el piso. El resto de los normalistas se dispersaron, al tiempo que los policías continuaban disparando. La balacera duró alrededor de cuarenta minutos.

Un elemento de la Policía que se identificó como “Comandante” buscó entablar diálogo con los estudiantes, estos pidieron que les permitieran levantar a su compañero que se encontraba en el piso, los policías lo impidieron. Al día de hoy, Aldo Gutiérrez se encuentra en estado vegetativo, con muerte cerebral.

Concluida esta primera balacera, los policías se llevaron detenidos a un número indeterminado de estudiantes. Posteriormente, algunos jóvenes se reorganizaron en el lugar de los hechos, esperando que arribara el Ministerio Público, para dar fe de los hechos y recoger los indicios.

A las 23.30 horas, organizaciones sociales y periodistas de medios locales comenzaron a llegar al lugar de los hechos, donde los estudiantes custodiaban la escena del crimen para evitar que hubiera alguna alteración. Posteriormente, cerca de las 24:00 horas, los estudiantes informaron sobre los hechos a los medios en una improvisada conferencia de prensa, cuando repentinamente se aproximó una camioneta de la que descendieron varias personas con armas largas, quienes empezaron a disparar indiscriminadamente contra los estudiantes. El saldo de esta segunda agresión fue de dos estudiantes muertos, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, y cinco personas heridas gravemente: Edgar Andrés Vargas, Fernando Marín Benítez, Johnatan Maldonado, y los profesores Fátima Viridiana Bahena Peña y Alfredo Ramírez García. La agresión duró alrededor de 15 minutos. Los estudiantes, profesores, periodistas y otras personas que se encontraban en el lugar empezaron a correr en diferentes direcciones y varios de ellos se refugiaron en casas particulares. En el caso de Edgar Andrés Vargas, el joven estudiante fue ingresado por sus compañeros a una clínica particular cerca del lugar de los hechos, donde a los 10 minutos llegaron elementos del Ejército mexicano que con violencia encañonaron y desalojaron a los muchachos.

La violencia desatada en Iguala la noche del 26 de septiembre obligó a los estudiantes a permanecer escondidos y dispersos durante la madrugada.

Alrededor de las 7:00 horas del día 27 de septiembre, los jóvenes estudiantes se reagruparon en la Fiscalía de la Zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) y comenzaron a rendir su testimonio sobre los hechos, solicitando visitar las instalaciones de la Policía Preventiva para constatar la integridad física de los estudiantes detenidos. Sin embargo, las autoridades negaron que hubieran realizado detenciones la noche anterior. A partir de este momento, surgió el temor de que se hubiesen perpetrado desapariciones forzadas, lo que lamentablemente se comprobaría con posterioridad.

A las 16:00 horas, mientras los estudiantes se encontraban en la Fiscalía dando seguimiento a la denuncia, autoridades del Gobierno de Guerrero les informaron que a tres calles de donde ocurrieron los hechos habían encontrado el cadáver de un estudiante con visibles huellas de tortura, sin ojos y desollado del rostro; los estudiantes constataron que se trataba de su compañero Julio César Mondragón Fontes.

Ese mismo día, el Gobierno del Estado de Guerrero dio a conocer en un comunicado de prensa información sobre estos hechos y otros que sucedieron en el mismo contexto. Así, se informó que además de las agresiones contra los estudiantes: “cerca de las 24:00 horas, se registró otra agresión de sujetos armados contra diversos automovilistas que se desplazaban sobre la carretera federal Iguala – Chilpancingo, en la que resultó afectado un autobús turístico, en la que viajaban integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo y dos taxis del servicio público, perdiendo la vida un menor y dos personas. En dicho lugar fueron asegurados casquillos percutidos calibre .223 (AR-15)” .

En el mismo comunicado informó sobre un “incidente sobre la carretera federal Chilpancingo – Iguala, a la altura del kilómetro 176”, donde se localizaron dos vehículos con impactos de bala y del cual resultaron otras dos personas heridas.

Después de varios esfuerzos por reagruparse, los estudiantes lograron determinar que 43 de sus compañeros habían sido detenidos por agentes del Estado desconociendo su paradero. Como saldo de las jornadas violentas de Iguala, a esa cifra de más de cuatro decenas de desaparecidos se sumaron seis personas muertas y más de 20 personas lesionadas.

Los desaparecidos son: 1) Felipe Arnulfo Rosa, 2) Benjamín Ascencio Bautista, 3) Israel Caballero Sánchez, 4) Abel García Hernández, 5) Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 6) Doriam Gonzáles Parral, 7) Jorge Luis Gonzáles Parral, 8) Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 9) José Luis Luna Torres, 10) Mauricio Ortega Valerio, 11) Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 12) Abelardo Vázquez Peniten, 13) Adan Abraján de la Cruz, 14) Christian Tomás Colón Garnica, 15) Luis Ángel Fransico Arzola, 16) Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 17) Israel Jacinto Lugardo, 18) Julio César López Patolzin, 19) José Ángel Navarrete González, 20) Marcial Pablo Baranda, 21) Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 22) Alexander Mora Venancio, 23) Bernardo Flores Alcaraz, 24) Luis Ángel Abarca Carrillo, 25) Jorge Álvarez Nava, 26) José Ángel Campos Cantor, 27) Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 28) Giovanni Galindes Guerrero, 29) Jhosivani Guerrero de la Cruz, 30) Cutberto Ortiz Ramos, 31) Everardo Rodríguez Bello, 32) Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, 33) Martín Getsemaniy Sánchez García, 34) Jonás Trujillo Gonzáles, 35) José Eduardo Bartolo Tlatempa, 36) Leonel Castro Abarca, 37) Miguel Ángel Hernández Martínez, 38) Carlos Iván Ramírez Villarreal, 39) Jorge Antonio Tizapa Legideño, 40) Antonio Santana Maestro, 41) Marco Antonio Gómez Molina, 42) César Manuel Gonzáles Hernández y 43) Saúl Bruno García. Todos ellos jóvenes estudiantes, aspirantes a docentes, de entre 18 y 23 años, provenientes en su mayoría de comunidades rurales e indígenas del Estado de Guerrero.

A partir de la noche del 26 de septiembre de 2014 en que ocurrió la desaparición forzada de 43 estudiantes, las autoridades de los tres niveles de gobierno se mostraron omisas en sus responsabilidades frente a estos hechos. Las acciones gubernamentales a nivel estatal y federal distaron de ser coordinadas o acordes a la urgencia de la situación. Durante los primeros días, la organización de las familias de los desaparecidos contrastó con el desdén del gobierno federal, el cual a cuatro días de los graves eventos se deslindó pues el propio Presidente de la República declaró que “el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales” . De este modo, las primeras búsquedas las realizaron las propias familias.

Con el deslinde presidencial, el Gobierno Federal omitió actuar en las esenciales primeras horas y días posteriores a los hechos, que son claves en cualquier evento de desaparición forzada. Esta situación fue determinante, pues el hecho de que las primeras investigaciones hayan sido conducidas por autoridades incapaces y muy probablemente coludidas con los perpetradores como las de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, permitió que presuntos autores materiales de la Policía de Iguala no fueran detenidos inmediatamente.

Fue hasta el 29 de septiembre de 2014 por la noche que gracias a los esfuerzos de las familias y de las organizaciones civiles de derechos humanos se logró consolidar una lista completa de 43 alumnos desaparecidos.

En ese contexto, ante el aumento de la presión nacional e internacional, el Gobierno Federal comenzó a intervenir tardíamente en el caso. Fue hasta el 5 de octubre cuando la Procuraduría General de la República (PGR), prácticamente ocho días después, que empezó a colaborar en la investigación del caso. Esto no en razón de que se tratara de un gravísimo caso de desaparición forzada, sino por la probable vinculación de los hechos con una investigación federal relacionada con delincuencia organizada. Más tarde aún, a once días de la desaparición de los jóvenes, el Presidente Enrique Peña Nieto, se pronunció por primera vez sobre el caso diciendo que “al igual que la sociedad mexicana, como presidente de la República, me encuentro profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose a lo largo del fin de semana” .

Fue hasta el 29 de octubre, a 34 días de los hechos, cuando el Presidente recibió a los familiares de los estudiantes desaparecidos en una reunión celebrada en la Residencia Oficial de Los Pinos, para externarles de viva voz su preocupación por el caso y conocer de primera mano la angustia de las familias. En esa reunión, los padres y las madres reclamaron la negligencia con que el gobierno federal atendió inicialmente el caso. Por su parte, el Presidente de la República, adoptó los siguientes compromisos :
1. Profundizar y rediseñar el Plan de Búsqueda en vida de los 43 estudiantes desaparecidos;
2. Establecimiento de una Comisión Mixta de seguimiento e información integrado por el personal a cargo de la investigación dentro de la PGR y SEGOB;
3. Brindar todas las facilidades y apoyos al Equipo Argentino de Antropología Forense, peritos independientes asignados por las familias de los estudiantes desaparecidos;
4. Reconocimiento de la condición de agraviados de la comunidad estudiantil de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y el compromiso del respeto de sus derechos humanos, honra y reputación;
5. Compromiso de la PGR a facilitar la coadyuvancia de la representación acreditada y garantizar el debido proceso;
6. Investigar las posibles conductas cometidas por cualquier persona en relación con los hechos del 26 y 27 de septiembre, así como los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011;
7. Implementación de un Plan de Atención Victimal y la adecuada reparación del daño respecto de las víctimas de los hechos;
8. Continuar con la prestación de toda la atención médica necesaria para los estudiantes heridos;
9. Realizar un programa de redignificación de la infraestructura y los espacios de las Escuelas Normales Rurales del País; y
10. Reitera el compromiso de recibir la asistencia técnica requerida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de las medidas cautelares, agilizando los procesos para su implementación.

Estos puntos no fueron, ni han sido cumplidos a cabalidad, por lo que el caso Ayotzinapa muestra que el Estado Mexicano no es capaz de erradicar la desaparición forzada y el país se enfrenta hoy una grave crisis en esta materia.

Entre otras cosas, la desaparición de los 43 estudiantes evidencia la insuficiencia del marco jurídico; las faltas de claridad sobre aspectos de competencia y jurisdicción en materia de desaparición forzada; la inexistencia de mecanismos de búsqueda inmediata en vida; las limitaciones de la Unidad de Búsqueda de PGR; la ausencia de una involucramiento sistemático de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de desaparición forzada; la insuficiencia de los datos estadísticos sobre denuncias y sentencias en materia de desaparición forzada; los defectos de la legislación estatal en materia de desaparición forzada; la irrelevancia real de los protocolos para las investigaciones en materia de desaparición forzada; las fallas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; el insuficiente registro de las detenciones; la nula incidencia de la formación pública en materia de derechos humanos; el fracaso de la justicia transicional; el rezago práctico en el respeto a los derechos de las víctimas; las deficiencias de los servicios periciales; y la falta de debida diligencia en las investigaciones.

Pero sobre todo, la desaparición de 43 jóvenes estudiantes significa una profunda herida para la sociedad mexicana, que anuncia peores atrocidades, si es que no se logra construir como un verdadero punto de inflexión respecto de la indiferencia gubernamental y social ante las desapariciones forzadas.

Efectivamente, falta atender la agenda estructural con perspectiva de derechos humanos, a partir de las realidades que devela el caso Ayotzinapa. El Presidente Enrique Peña Nieto presentó diez medidas para atender la crisis; pero no las cumplió y la agenda específica de derechos humanos frente a la crisis de desapariciones quedó diluida.

Al día de hoy, Ayotzinapa dista de ser un caso resuelto. Aunque es contundente la identificación de Alexander Mora Venancio, todavía hay 42 estudiantes desaparecidos. La hipótesis oficial postulada por la PGR aún no puede considerarse plenamente consolidada.

En general, los detenidos pertenecen a tres grupos: policías municipales de Iguala, policías municipales de Cocula –un municipio colindante– y personas vinculadas con el mencionado grupo delictivo. A ellos se suman el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa; así como la joven que presuntamente los encubrió cuando se escondieron en la Ciudad de México. Pero, no hay policías federales ni militares detenidos, ni tampoco agentes estatales.

En suma, Ayotzinapa es una herida abierta. La justicia y la verdad están aún pendientes, lo mismo que las garantías efectivas de no repetición. Las 180 víctimas directas, seis ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos, 80 perseguidos y 700 familias afectadas por el miedo, nos ha indignado y conmovido a todos los mexicanos. Sin embargo, no sólo nos faltan 43, nos faltan miles más, en cuya desaparición han participado tanto criminales declarados, como delincuentes que se esconden tras el disfraz de servidores públicos, como sucedió en Iguala con la familia Abarca y sus cómplices.

El grupo parlamentario de MORENA, en el Congreso del Estado, respetuosamente solicitamos al Comité contra la Desaparición Forzada distinga y se pronuncie respecto de lo que este caso revela sobre la crisis de desapariciones en México, de modo que exija al Estado mexicano lleve a cabo las acciones necesarias para que, en primera instancia, reconozca la dimensión de la crisis que enfrenta el Estado en la materia y en consecuencia, cumpla con sus obligaciones respecto de la Convención.

A tres años de esta masacre, los mexicanos seguimos esperando la respuesta, seguimos esperando la verdad.

Este caso no tiene calificativos, pero sí tiene responsables. No fue el crimen organizado, fue el Estado Mexicano


En mérito a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 174 fracción I, sometemos ante esta representación popular el siguiente Proyecto de:



ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que, cumpla cabalmente con los acuerdos pendientes que firmó el día 29 de octubre de 2014, con los padres y familiares de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, derivado de los terribles hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero; así como para que proporcione verdad y justicia a todas las víctimas.



TRANSITORIOS

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la Minuta de Acuerdo en los términos correspondientes.

Dado en Pleno del Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua., a los veintiseis días de mes de septiembre del año dos mil diecisiete.


ATENTAMENTE



DIP. PEDRO TORRES ESTRADA DIP. LETICIA ORTEGA MÁYNEZ