03 de noviembre de 2016. Mediante un Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, el Congreso del Estado exhorto al Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Senado de la República, para que eliminen los obstáculos de carga administrativa de las organizaciones de la sociedad civil que les permita una mayor rendición de cuentas sin vulnerar la autonomía de las mismas.

Lo anterior obedece a que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados emitió dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

Al respecto un grupo plural de representantes de la sociedad civil y la academia, con experiencia en investigación y construcción del marco normativo, manifestaron su preocupación y un enérgico rechazo a las siguientes propuestas:

Liquidación forzosa de patrimonio en caso de perder la autorización, así como por cambio de residencia
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) Artículo 82. Fracción V.

Esta disposición explicó la legisladora, determinaría la obligación para que las donatarias tengan que deshacerse de su patrimonio al momento de cambiar de residencia para efectos fiscales, por revocación de la autorización para recibir donativos deducibles o cuando la vigencia de dicha autorización haya concluido y no se haya renovado dentro de los tres primeros meses del ejercicio siguiente.

Lo que en la práctica los tres supuestos constituyen una liquidación de la OSC, ya que no podría operar sin patrimonio, y constituye una medida extrema que vulnera el principio de proporcionalidad y constituiría un obstáculo al ejercicio constitucional de Libertad de Asociación.

Por otro lado y de acuerdo a datos de la propia Secretaría de Hacienda para el período entre 2014 y 2015, disminuyó en poco menos del 5% el número de donatarias autorizadas y con las modificaciones a la normatividad propuestas anualmente más de 400 OSC tendrían que cerrar sus puertas al perder su patrimonio, la gran mayoría por una omisión administrativa.

De ahí la urgencia de la presente propuesta.