09 de marzo de 2017.
Diputados integrantes de la LXV Legislatura del Congreso, solicitaron al Secretario de Educación y Deporte, atender de manera inmediata los conflictos laborales suscitados en diversas universidades tecnológicas en la entidad, respecto a la violación de los derechos laborales.
Dicha petición fue presentada por la diputada Antonieta Mendoza Mendoza, luego de que se dieran a conocer casos de trabajadores cuyos derechos laborales han sido violentados, por lo que solicitan sea analizada la situación de las y los trabajadores afectados, para que, en caso de no mediar motivo grave y con el aval del Consejo Directivo, gire las instrucciones pertinentes mediante las cuales los rectores de las universidades, respeten los derechos laborales y en su caso, restituya en su plaza a quienes han sido despedidos sin causa justa.
Así mismo, exhortaron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que se de agilidad al procedimiento correspondiente respecto a la queja interpuesta por los empleados de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, y se emitan las recomendaciones pertinentes para impedir que la autoridad correspondiente, continúe trasgrediendo los derechos del personal académico y administrativo de la institución educativa en mencionada.
La iniciadora resaltó que en días pasados el Secretario de Educación y Deporte, acudió a comparecer en el Poder Legislativo, ante la Junta de Coordinación Política, en donde escuchó de manera directa y personal por parte de las y los trabajadores las denuncias de los hechos antes descritos.
Ante lo anterior, el funcionario estatal se comprometió a realizar la investigación correspondiente, y actuar en consecuencia para detener este tipo de acciones; sin embargo, no obstante al compromiso, el acoso laboral continuó, y a la fecha, varios de los trabajadores han sido cesados, en la lucha por ejercer sus derechos; acotó Mendoza Mendoza.
Las remociones del personal académico y administrativo de las universidades tecnológicas en el Estado se presentando y son realizadas a través de los rectores respectivos, con el argumento según lo señalado por los afectados, de que se trata de ejecutar el plan de austeridad del Gobierno del Estado, lo cual es totalmente incongruente, pues a los ceses o remociones le siguen nombramientos inmediatos que se realizan para sustituir a los trabajadores que han sido despedidos.