11 de abril de 2017. Ante la falta de respeto a los espacios para el estacionamiento de las personas con discapacidad, los diputados locales aprobaron la iniciativa presentada por la diputada Crystal Tovar Aragón, en la que solicita una campaña para el respeto de los también llamados “cajones azules”.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, contempla que “Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras”.
Es así, que para dar cumplimiento con lo estipulado, en el caso de los estacionamientos, estos lugares están ubicados de tal manera que proporcionen la vía más corta de la ruta de acceso al establecimiento, además el espacio debe ser suficiente para sillas de ruedas, y habrán de tener las rampas necesarias, entre otros requerimientos.
Las infracciones por estacionarse en las zonas reservadas para personas con discapacidad son consideradas como “graves” y son sancionadas con una multa equivalente diario de 20 a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quienes ocupen indebidamente los espacios de estacionamiento preferencial o bien, obstruyan las rampas o accesos para personas con discapacidad, es decir la multa puede variar entre los mil 509 a los 3 mil 774 pesos, aproximadamente.
Dado a que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, son las encargadas del cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, se deben otorgar a este sector poblacional, es que se envió el exhorto al titular de la Dirección de Vialidad y Tránsito de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, para que de acuerdo a sus atribuciones realice una campaña que promueva el respeto a los estacionamientos designados para personas con discapacidad, en la cual se haga del conocimiento que los ciudadanos pueden hacer directamente la denuncia de la infracción.