10 de julio de 2017. Los Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura, aprobaron el Decreto por medio del cual se crea la Mesa Técnica sobre Derechos de los Pueblos Originarios (Pueblos Indígenas), para analizar el marco normativo de la Entidad y con ello realizar una armonización legislativa con enfoque de Derechos Humanos para incorporar a las disposiciones jurídicas estatales y municipales los estándares internacionales en la materia.
La diputada Blanca Gámez leyó el Dictamen proveniente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, aseguró que los derechos humanos fueron concebidos con el carácter de individuales e inherentes a cada persona, el multiculturalismo entendido como un modelo social de organización que sustenta la posibilidad de convivir armónicamente entre los diversos grupos o comunidades que sean cultural, religiosa o lingüísticamente diferentes, ha permitido vislumbrar la importancia de proteger los derechos de naturaleza colectiva de las personas que forman parte de los pueblos indígenas o pueblos originarios.
Mencionó que uno de los referentes jurídicos primordiales con los que se cuenta a nivel nacional, es precisamente el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y mediante una reforma en el año 2011, se incorporó el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo que generó una serie de obligaciones para las autoridades de los diversos órdenes de gobierno.
Por ello, los retos que derivan de los instrumentos internacionales y de la reforma constitucional supracitada, implican el análisis del marco jurídico de la Entidad, con la finalidad de realizar una armonización legislativa con enfoque de derechos humanos, que permita la incorporación de los estándares internacionales en la materia, en donde resulta de gran valor la participación de mujeres y hombres que forman parte de las comunidades de los pueblos originarios.
Mencionó que esta Mesa dependerá de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso del Estado, que será la encargada de coordinar los trabajos correspondientes y deberá estar integrada por una persona del Poder Ejecutivo y otra del Poder Judicial, ambos del Estado.
También por representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; de los Grupos Parlamentarios y representaciones de los partidos políticos que convergen en el Congreso del Estado; mujeres y hombres que formen parte de las comunidades de los pueblos Originarios; instituciones académicas de nivel superior y organizaciones de la sociedad civil conocedoras en derechos de los pueblos y comunidades indígenas (Pueblos Originarios) o en Derechos Humanos.
También podrá invitarse a participar a cualquier otra persona o institución que posea experiencia o conocimientos en la materia.