12 de septiembre de 2017. H CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE.-

Los suscritos, Diputados RENÉ FRÍAS BENCOMO, ANTONIETA MENDOZA MENDOZA Y MARTHA REA Y PÉREZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de esta Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado con fundamento en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado, así como 167,169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta alta representación a efecto de presentar Punto de Acuerdo exhortando respetuosamente al al Ejecutivo Federal para que a través la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente audite y revise las actuaciones de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente en Chihuahua y realice las acciones necesarias y pertinentes a fin de garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores de la educación de educación básica, media superior y superior, así como al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de la Función Pública verifique las actuaciones de los Funcionarios Públicos de la Secretaría de Educación y Deporte y de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente al tenor de la siguiente:


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el presente sexenio se han llevado a cabo una serie de “reformas estructurales”, una de ellas, es la reforma educativa, en donde los argumentos principales han sido elevar la calidad de la educación, así como la dignificación de la labor de los docentes, confiando en el compromiso que estos tienen con México y con la educación pública, reconociendo las fortalezas de este gremio y contemplando mecanismos que permitan que los maestros puedan mejorar en las áreas donde tengan debilidades, todo ello por medio de una evaluación.

Sabemos que el magisterio mexicano es una de las profesiones que guarda mayor cercanía con la sociedad, teniendo un papel de gran preponderante para la construcción de nuestra nación. Nuestro país reconoce la importancia del maestro y el enorme significado que tiene, la dedicación que estos brindan a nuestros niños y jóvenes en el fortalecimiento de la identidad nacional y de la formación de ciudadanos.

El sistema educativo nacional, pretende actuar bajo dos principios rectores, la calidad y la equidad establecidos en el artículo 3o Constitucional, en donde en su inciso c) de la fracción IX se establece que el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa emitirá directrices considerando los objetivos de calidad y equidad.

Incluso la propia autoridad educativa en voz del Ex secretario Emilio Chuayffet Ex Secretario de Educación Pública, previa la implementación de la reforma, afirmo:

“La reforma educativa propone un Sistema Profesional de docentes, en donde ellos son los protagonistas del proceso y es la obligación del estado darles certidumbre en su ingreso, en su permanencia y en la promoción del servicio, respetando todos sus derechos adquiridos".

Nuestros maestros han cumplido, se han evaluado y han respondido a las exigencias de la autoridad educativa, saliendo con resultados satisfactorios, por encima de las expectativas. El problema ha sido, que la autoridad educativa local por medio de la Subsecretaria de Educación, La Coordinación del Servicio Profesional Docente y los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua continúan actuando con una interpretación equivoca a la ley, limitando o restringiendo derechos ya adquiridos, extralimitándose en sus facultades y competencias, pretendiendo eliminar por completo la certeza jurídica con la cual deben de contar.

Si bien es cierto el maestro es una de las figuras más relevante del proceso educativo, la autoridad educativa, debe hacer su parte de manera responsable y apegada a la ley, sin lesionar derechos, para que no se violenten procesos y pueda ser esta reforma una herramienta justa en donde se procure establecer un instituto o coordinación que este técnicamente preparado para la labor que demanda la tarea administrativa educativa.

La reforma establece que el servicio profesional docente, que en el ámbito local sería la coordinación del Servicio Profesional Docente, debe garantizar que se fijarán reglas claras de estímulos y promociones, para que los trabajadores de la educación puedan desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades, de tal manera que la autoridad debe realizar sus actos con transparencia y legalidad, dandole certeza y certidumbre a los sujetos a la ley.

Lo anterior se menciona, porque desde el termino del ciclo escolar anterior y el inicio del ciclo escolar 2017-2018, se han venido evidenciando una serie de incidencias, inconsistencias y arbitrariedades observadas, en los procesos de cambios de adscripción, promoción y asignación de plazas llevados a cabo por la Secretaría de Educacion y Deporte y la Coordinación del Servicio Profesional Docente.

Podemos mencionar que en la convocatoria de cambios de adscripción 2017-2018 para la educación básica se lesionan los derechos de los trabajadores para poder obtener un cambio de un centro de trabajo, limitando a no haber tenido alguna incapacidad médica mayor a 15 días en el ciclo escolar anterior, no transparentando todos los espacios vacantes con los que se contaban para ofertarlos, dando a conocer sólo algunos de los que estaban y no todos. Para luego ser ofertados a personal de nuevo ingreso. Asimismo en la convocatoria de nivel media superior otorgaron espacios vacantes a nuevas plazas, siendo poco razonable, ya que no se consideraron a docentes que tienen años de antigüedad.

Además se empezó a ocupar el criterio de que todo personal que busque algún cambio debe de haber permanecido en el mismo centro escolar por al menos dos años, mencionado que este no iba a ser determinante, sin embargo al haberse establecido en la convocatoria, provoco la inhibición de varios docentes para que no se inscribieran en el proceso.

De la misma manera, se lesionaron derechos en el proceso de asignación por promoción, en donde se encontraron inconsistencias y errores, publicándose espacios de dirección y supervisiones que ya se encontraban en proceso de regularización contraviniendo a lo establecido en la propia ley del servicio profesional docente, violando los derechos de los vulnerados.

Se otorgaron plazas de dirección y supervisión en espacios que no estaban vacantes, además aún existen compañeros que desde 2015 presentaron su evaluación para regularización, cumpliendo con todos los requisitos y siendo idóneos y aun no se otorga un nombramiento definitivo.

Se emitieron convocatorias para asignación de plazas para Asesores Técnico pedagógicos, en el nivel de secundaria de asignaturas por Hora Semana Mes y Supervisiones en espacios no existentes dentro del catálogo de categorías del subsistema estatal, participando y resultando idóneos los compañeros aspirantes, y no adjudicándoles ningún lugar por inexistencia de plazas.

Por si fuera poco y desvalorizando el esfuerzo de quienes obtuvieron los primeros lugares de prelación, se les oferto a estos solamente espacios en localidades alejadas de los centros urbanos y un una posterior asignación se dispusieron lugares con una mejor ubicación geográfica, es decir los primeros lugares se les otorgaron plazas distantes y quienes resultaron de prelación, incluso después del número 100, están siendo en Chihuahua Juárez, las cuales son más demandadas, lo que lo ha convertido en un proceso inequitativo totalmente.

Ademas están siendo vulnerados derechos de los docentes en el proceso de asignación de nuevas plazas ya que, desde el inicio se establecieron una serie de incidencias que provocaron inconformidad, obligando la detención por varias horas el proceso de asignación.

Todo ello porque en los procesos regionalizados, no fueron ofertados la totalidad de espacios vacantes en los diferentes niveles, por lo que se presume que ha sido un proceso sin transparencia.

Se tuvo una deficiente planificación en la oferta de plazas de hora semana mes, en la que en el afán de ofertar en pequeñas cantidades de éstas, se exponenció el número de plazas, no así en el beneficio de docentes en su estatus laboral, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema de seguridad social debido al incremento proporcional de nuevos derechohabientes, anteponiendo la imagen de ofertar un gran número de plazas, cada una con pocas horas.

Dejaron en estado de indefensión a los participantes al elegir una plaza de tipo temporal, ya que, no ofertaron plazas de tipo definitiva que sea acorde a sus intereses y conservar su idoneidad, negándole la posibilidad para que en una asignación posterior participe en la asignación de una de ellas, condicionando la aceptación de la plaza o en su defecto la renuncia a la misma perdiendo su estatus de idoneidad.

Se violentó el proceso de cambios de adscripción, ofertando y otorgando espacios a docentes de nuevo ingreso, los cuales eran susceptibles de ocuparse por los participantes en dicha convocatoria.

Se asignaron plazas definitivas en espacios de compañeros que están cubriendo un espacio directivo en proceso de regularización aún no finiquitado.

Es imperativo que la Secretaría de Educación y Deporte realice las acciones afirmativas necesarias en favor de la legalidad y certeza para elevar la calidad de la educación y deje de lado el terrorismo administrativo perjudicando y vulnerando los derechos de los trabajadores, poniendo por encima de intereses políticos la calidad educativa, las niñas, niños y jóvenes, quienes por estos procesos retardados han quedado sin clase por tantos días, exigimos se actúe con transparencia, certeza y legalidad, sin aletargar los procesos administrativos que les han confiado.

La Secretaría de Educación y Deporte y a la Coordinación del Servicio Profesional Docente deben dar certeza jurídica a los trabajadores de la educación, y le recordamos a su titular, que la calidad de la educación no se consigue persiguiendo o vulnerando los derechos de los maestros y maestras, si no siendo su aliado y brindándoles certidumbre, respetando su trabajo y garantizándoles que sus derechos no seguirán siendo quebrantados.

Es en virtud de lo anterior que promovemos la siguiente iniciativa con carácter de:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente audite y revise las actuaciones de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente en Chihuahua y realice las acciones necesarias y pertinentes a fin de garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores de la educación de educación básica, media superior y superior.

SEGUNDO.- La Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de la Función Pública verifique las actuaciones de los Funcionarios Públicos de la Secretaría de Educación y Deporte y de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente.

Siendo este un tema de gran relevancia, solicitamos a esta Presidencia, con fundamento en el Artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, que se someta al Pleno el presente asunto, para que sea votado en calidad de urgente y obvia resolución y remitido a la mayor brevedad posible a dicho órgano en virtud de que la situación planteada así lo amerita.


ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaria para los efectos de ley a que haya lugar.

DADO.- En la cede del poder legislativo a los 12 días del mes de septiembre del 2017.


GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA



DIPUTADO RENÉ FRÍAS BENCOMO

COORDINADOR



DIPUTADA ANTONIETA MENDOZA MENDOZA

VICECOORDINADORA



DIPUTADA MARTHA REA Y PÉREZ

INTEGRANTE