05 de octubre de 2017.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
P R E S E N T E.


POSICIONAMIENTO DE LA DIPUTADA CARMEN ROCIO GONZALEZ ALONSO CON RESPECTO AL CUARTO AÑO DEL ACONTECIMIENTO TRAGEDIA OCURRIDA EL PASADO 5 DE OCTUBRE DE 2013, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, DENTRO DEL ESPECTÁCULO DENOMINADO “EXTREMO AEROSHOW”


La suscrita, en mi carácter de Diputada de la Sexagésima quinta legislatura del H. Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, acudo ante esta elevada Asamblea a fin de presentar un posicionamiento respecto de la tragedia ocurrida el pasado 5 de octubre de 2013, en esta ciudad de Chihuahua, dentro del espectáculo denominado “Extremo Aeroshow”, y que al día de hoy recordamos por cumplirse 4 años; al tiempo que solicitamos la inclusión íntegra en el Acta correspondiente a esta sesión del documento que se entrega en este acto.


Como es del conocimiento público, ese día, durante la presentación del “Extremo Aero Show Chihuahua Vive la Emoción”, concretamente en el espectáculo “Demolition Show”, un vehículo de los llamados “Monster Truck”, arrolló a los espectadores del evento.

El percance se suscitó cuando una camioneta con llantas de casi dos metros de altura, se salió de la pista en la que realizaba un recorrido que debía ser de rutina y embistió a los asistentes. Como resultado de estos hechos, nueve personas perdieron la vida y más de noventa resultaron heridas o lesionadas. Una calamidad sin precedentes en nuestra ciudad.

En diversas fechas los deudos de las víctimas directas del Aeroshow promovieron ante la Contraloría Jurídica adscrita a la Secretaria del Ayuntamiento, escritos y anexos mediante los cuales, instaban procedimientos de responsabilidad patrimonial ejercitando la acción de indemnización en términos de los artículos 22, 23 y 25 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chihuahua, en contra del Municipio de Chihuahua.

En fecha posterior, se dictó Acuerdo por la Contraloría Jurídica sobre los citados procedimientos, mismo que se interpretó de manera en que los procedimientos de responsabilidad ni se admitían, ni se desechaban, sino todo lo contrario, o bien, como lo llamamos en su momento coloquialmente se dejaron en el limbo jurídico. Desde ese momento quedó clara la intención de la anterior administración municipal respecto a retrasar la justicia a las víctimas y sus deudos.

Sobre los citados Acuerdos, se presentaron para cada procedimiento un Recurso de Revisión, mismos que en sesión ordinaria de fecha 09 Julio de 2015 el Ayuntamiento de Chihuahua, resolvió por mayoría de votos sobreseerlo.


La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendación 12/2014, el 31 de marzo del año 2014, exponiendo que el día 5 de octubre de 2013, se suscitó un accidente en un espectáculo de exhibición de automóviles denominado “Demolition Show 2013”, el cual se llevó a cabo dentro del marco de las actividades del “Extremo Aero Show 2013” en el parque metropolitano el Rejón, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

La CNDH hizo un análisis lógico jurídico, de acuerdo con lo establecido por el artículo 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en ese sentido, ese organismo nacional observó que se violaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídicas y a la protección a la vida e integridad y seguridad personales, en agravio de todas las víctimas, al omitir prestar el servicio público de modo adecuado.

Además, señaló que estos hechos son atribuibles al Presidente Municipal, al Subdirector de Gobernación del Municipio de Chihuahua, al Subdirector del Cuerpo de Bomberos y de la Unidad Municipal de Protección Civil, al coordinador operativo de la Unidad de Protección
Civil, al Secretario Municipal, al Tesorero Municipal, al Director de Desarrollo Empresarial y Turístico del Municipio, al Oficial Mayor y al Presidente de la Comisión de Regidores de Hacienda del Municipio, todos pertenecientes a la Administración 2010-2013.

Era claro que en su oportunidad, se habría de examinar la responsabilidad administrativa o de cualquier otro tipo que pudiera existir, ante las diferentes instancias de gobierno; sin embargo, el mayor drama en este asunto, lo que cimbró políticamente al Estado, es el sufrimiento de las víctimas y de sus deudos; la pena de quienes tuvieron la desgracia de perder a un familiar o enfrentar una lesión que les dejó secuelas permanentes, físicas y psicológicas.

Las recomendaciones se dirigieron a tres entidades: El titular del Poder Ejecutivo en la Entidad, al Congreso del Estado y al Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, las que versan en lo siguiente:

A. Al Gobernador Constitucional del Estado, para que gire las instrucciones que correspondan para que el fiscal que conoce de la causa penal que nos ocupa, pueda tomar en cuenta las observaciones señaladas en la propia recomendación y considere la pertinencia de vincular a proceso a la totalidad de servidores públicos que participaron en los hechos y que incurrieron en omisiones e irregularidades probablemente constitutivas de delito, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento;

B. Al Congreso del Estado de Chihuahua, para que colabore ampliamente con ese organismo nacional, para que en atención a las observaciones de la citada recomendación, de las cuales se desprenden irregularidades tanto en lo referente a las medidas de protección civil y seguridad, como al manejo de recursos públicos, se lleve a cabo la investigación correspondiente en términos de su competencia legal, a efecto de instaurar los procedimientos correspondientes a los servidores públicos que participaron en los hechos, y

C. A los integrantes del Ayuntamiento de Chihuahua, se les recomendaron 7 acciones, de las cuales citaré la recomendación primera, la cual señala que:

a) Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se proceda a la reparación del daño ocasionado a las víctimas directas e indirectas, en la que se incluya la indemnización respectiva, la atención médica incluyendo las prótesis y equipo médico necesario, así como la atención psicológica adecuada.

Recomendación que de manera dolosa y proteccionista de algunos servidores públicos de la anterior administración no dio cumplimiento, y con el objeto principal, como lo mencione con anterioridad, de retrasar lo más posible la justicia integral, buscando mecanismos legales cuestionables y argumentando que debían ser otras autoridades jurisdiccionales quienes debían definir una posible responsabilidad y fijar los montos de indemnización, situación que re victimizó a los deudos de este trágico acontecimiento.

No fue sino hasta la presente administración, que el H. Ayuntamiento de Chihuahua, en Sesión Extraordinaria 02/2017 y en el punto 10 de la Sesión Ordinaria 14/17, de fechas 13 de Marzo y 12 de julio de 2017 respectivamente, que en congruencia con la posición que siempre se tuvo con este asunto, y de acuerdo al artículo primero constitucional el Municipio aceptó y reconoció que la reparación integral es un derecho humano consagrado en nuestra constitución federal y local, plasmado en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la convención Americana sobre Derechos Humanos y que se actualiza en favor de las personas que fueron afectadas en el evento “Extremo Aeroshow”, con motivo de la actividad omisa, irresponsable e irregular realizada por servidores públicos municipales, en las que se dio cabal cumplimiento a la recomendación primera de la CNDH y se procedió a indemnizar a los afectados, pues la comunidad chihuahuense demandaba un Municipio capaz de actuar con responsabilidad social ante estos hechos que derivaron en pérdidas humanas.

La insistencia de que todas las víctimas debían de ser ampliamente indemnizadas y que la presente administración Municipal, al margen de la actuación de las dos anteriores administraciones, respondió ante la ciudadanía, de tal forma que hechos como este, simplemente nunca vuelvan a ocurrir; y por supuesto que la sanción debía ser punible, pues debe servir para sentar un precedente para que ningún ente, funcionario o servidor público, considere que los actos plagados de irresponsabilidad y omisión queden sin castigo, ya que estos actos le cuestan a las instituciones y por ende a la ciudadanía, no es el monto de indemnización lo que debía estar en el debate, sino el hecho de que debía erogarse la cantidad necesaria de dinero público, para cubrir los actos de corrupción derivados de la ambición y la falta de escrúpulos de personas que, por el lado de la iniciativa privada buscaron hacer un negocio fácil y remunerante para beneficio propio, y por el lado de los servidores públicos, terminar su administración con un enorme evento de gran expectativa para así concluir su periodo relucientes ante la sociedad tras los reflectores, para posteriormente buscar y en su caso conseguir un nuevo cargo público, sin importar que las actividades y omisiones irregulares pusieron en riesgo a miles de chihuahuenses.


El monto global de indemnización ronda en los casi $71, 000,000.00 (setenta y un millones de pesos 00/100 M.N.), contenidos en 10 convenios celebrados el 9 de marzo de 2017, mismos que cumplen con reparar los daños a 38 personas afectadas.

Queda aún pendiente la Justicia, pues los únicos sancionados por estos hechos, fueron los servidores públicos de más baja responsabilidad, la cuerda se rompe por lo más delgado, pues en un afán de acuerdos políticos se perdonó a quienes debían pagar sin duda con cárcel estas grandes omisiones, incluso tristemente a algunos los vemos pasearse libremente y sin remordimiento alguno por los pasillos de este Congreso.

Resulta sumamente decepcionante y triste que a cuatro años de sucedida dicha tragedia del Aeroshow, ejemplo icónico del ejercicio gubernamental inescrupuloso, los responsables políticos y administrativos del hecho; no hayan pagado el costo monetaria y socialmente hablando, lo que implicó el pago de la administración actual por las indemnizaciones, no hayan sido llevados ante la justicia y ni siquiera hayan pedido perdón, y más aún; que algunos estén buscando de nuevo la confianza del electorado.

A la ciudadanía les digo: no olviden ésta tragedia, para que los funcionarios y gobiernos como los responsables de la tragedia y de la falta de resarcimiento a las víctimas no vuelvan a suceder.

Hoy a 4 años de estos trágicos hechos, debemos fortalecer el compromiso que tenemos con la ciudadanía de Chihuahua, para no volver a repetir los mismos errores, por ello celebro enormemente el Acuerdo de Urgente resolución, presentado por la Diputada Isela Torres, mismo que fue aprobado el pasado martes, con la finalidad de exhortar a que verifiquen requisitos y especificaciones en materia de protección civil para eventos de concentración masiva de personas.


Quiero citar aquí palabras de la ex comisionada del IFAI, ahora INAI, María Marvan Laborde, “la catástrofe es provocada por fenómenos naturales como los del pasado 7 y 19 de septiembre, la calamidad, la provoca la corrupción, pues teniendo o no conciencia de la pérdida de vidas humanas se actúa con gran negligencia, la falta de transparencia, rendición de cuentas, integridad y ética cobran, vidas”.

Diputada Carmen Rocío González Alonso integrante del Partido Acción Nacional


Chihuahua, Chih., a 05 de Octubre de 2017