12 de enero de 2018. H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
P R E S E N T E.



El de la voz, en mi carácter de Diputado de la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, acudo ante esta Asamblea a fin de presentar un posicionamiento respecto al freno de los 700 millones de pesos que ha hecho el Gobierno Federal en contra del estado de Chihuahua, en represalia por la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

No pretendo abordar si fue o no una retención con sesgos partidistas, o si la retención fue legal, o si se condicionó en represalia por la detención de Alejandro Gutierrez; lo que pretendo, es sensibilizar a mis compañeros y compañeras legisladoras, en el sentido de que esta retención -y cualesquier otra pérdida presupuestaria-, afecta directa e indirectamente a la seguridad pública.

Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que estos 780 millones afecte la seguridad, si al parecer estaban destinados a otros programas? Pues miren, como saben la seguridad pública no solo es más policías y equipamiento, sino toda una generación de estrategias transversales a las secretarias y programas sectoriales, esto es, la seguridad pública no solo es perseguir a los delincuentes, sino la labor más ardua y emblemática es la prevención del delito.

Pero la prevención ha evolucionado en los últimos años, al grado que ahora la conocemos como la prevención social de la violencia, tan es así, que existe un programa nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, imponiéndose cuatro metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 1,México en Paz, 2, México Incluyente, 3, México con Educación de Calidad y 4, México Próspero; , metas que son apoyadas con programas sectoriales de Gobernación, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Innovador, Salud, Educación, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Financiamiento del Desarrollo.

Esto es, la prevención de la delincuencia ya no le es propia y exclusiva de las secretarias de seguridad pública y procuración de justicia, sino a todo un entramado complejo de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los gobernados, porque de esta forma es como se previene el fenómeno delincuencial.

De ahí que, si bien, al parecer solo existieron disminuciones, pero fueron entregados recursos federales, como el otorgamiento de apoyos en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, no menos cierto es que aquí en chihuahua aumentamos el presupuesto para la seguridad pública, en contrasentido, nos disminuyen las partidas presupuestales federales para la prevención.

Prueba de ello ha sido la disminución gradual al apoyo entregado por la Federación etiquetado como Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), dentro del cual Chihuahua durante el año 2015 obtuvo el mayor grueso de recursos entregados desde el 2014, donde se nos fue entregado un aproximado de 280 millones de pesos, cifra que contrasta enormemente con los 217 millones de pesos entregados para el pasado 2017 y, tomando en cuenta el aumento generalizado en la República Mexicana de los índices de violencia y que ah afectado enormemente a nuestra entidad, resulta insuficiente el presupuesto destinado para Chihuahua.
Y aunado a ello, nos impiden el acceso a esos 780 millones.
Ahora bien, es un hecho innegable que los índices delictivos en Chihuahua han ido en aumento, pero también lo es, que la mayor parte de estos delitos proveniente de la delincuencia organizada, -que en estricto sentido le compete a la federación su investigación- y aún así Chihuahua continua investigando.
De la incidencia delictiva que se registra en el estado, es irrefutable que un importante número de hechos que se registran tienen relación directa con delitos de fuero federal, por ejemplo:
• Homicidios, el 72% están relacionados con la delincuencia organizada y las drogas
• Delitos contra la salud, se han incrementado un 42% respecto a la producción, transporte, tráfico, comercio, suministro y posesión de narcóticos.
Al remitirnos al artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Seguridad Pública es concebida como: “…una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas…”

Con un mayor detalle, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública agrega en su artículo 2, que los fines de la Seguridad Pública son: “…salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo…” siendo los encargados de cumplir con estos fines el Estado Mexicano, las entidades federativas que lo integran y sus municipios.

Derivado de lo anterior se puede definir qué en el tema de Seguridad Publica se constituye como una función del Estado que le corresponde proveer a todas las esferas de gobierno – Federación, Estados y Municipios. Esto significa que se trata de una facultad constitucional de tipo concurrente, esto es, que ejercen cada una de las esferas de gobierno, en diversos grados y medidas, de acuerdo con la distribución de competencias que determina el Congreso de la Unión en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se constituye como una obligación del Gobierno Federal, el corresponder a las necesidades y exigencias en materia de seguridad que presenta el Estado de Chihuahua, las cuales no han sido cumplidas en su totalidad ya que sumando los recortes hechos a los Programas que se han realizado por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, también se ha presentado una diminución en los cuerpos policiales que cubren nuestro estado ya que durante el año 2017, un año marcado por el aumento a la violencia en nuestro Estado, solamente se contabilizaban 270 elementos de la Policía Federal y en el año 2017 se sufrió la desaparición del 2017 del Programa Nacional de Prevención del Delito que asignaba a Chihuahua cerca $98 millones de pesos.
Esto no ha sido un impedimento para nuestro Estado el cumplir con sus obligaciones en la materia donde con los recursos que cuenta ha logrado importantes avances donde se ah destinado un mayor presupuestó y destinado los recursos extraordinarios necesarios para que los elementos de seguridad puedan cumplir con su encomienda logrando así importantes avances en la materia como la captura de líderes de cartel y distribuidores de droga pero lamentablemente esto no alcanza a cubrir la gran demanda que se genera en la materia dado a la compleja situación que tiene el Estado donde su gran extensión territorial y ubicación estratégica hacen de Chihuahua un punto clave para el traspaso de droga a los Estados Unidos haciendo más difícil el garantizar la seguridad a los ciudadanos y tiene como consecuencia un desbordamiento en los indicadores de violencia.
Lo anterior es un reflejo de que mientras la violencia en Chihuahua aumenta hasta un punto en el cual el Estado no puede controlarla, ya que se ve limitado en sus recursos tanto monetarios, materiales y humanos, el presupuesto destinado a este y otros rubros sufre una disminución lo que solo logra agravar de manera preocupante la situación de nuestra entidad que llega incluso a que las mismas autoridades se vean rebasadas por los grupos criminales establecidos en nuestro territorio.
Por el bienestar y desarrollo de nuestro estado y el de todos los que lo habitamos hago un llamado a la Federación a dejar de condicionar los recursos que por derecho le corresponden a nuestra entidad así también a que cumpla con sus obligaciones en esta y todas las materias con Chihuahua y deje de castigar de manera injustificada a los ciudadanos de nuestro Estado, ya que son los que recienten mayormente las disminuciones efectuadas a nuestra entidad.




Atentamente
Gabriel Ángel García Cantú
Diputado por el V Distrito