13 de marzo de 2018.

El Poder Legislativo de Chihuahua, ha sido muy enfático en la defensa de los derechos de las personas adultas mayores, por lo que aprobaron por unanimidad de votos los dictámenes de la Comisión de Desarrollo Social, en los que se pide por una parte, modificar las reglas de operación del programa conocido como 65 y más y también se insta al Ejecutivo Estatal para que presente iniciativa, de acuerdo a sus facultades, para crear el Instituto Chihuahuense para la Protección del Adulto Mayor.
Por lo respecta a la modificación del Programa de Pensión para Adultos Mayores “65 y más”, la petición va dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, para que previo análisis, se verifique la viabilidad de modificar las reglas de operación de dicho esquema de apoyo social, específicamente en lo relativo al criterio de elegibilidad consistente en la cantidad máxima de la pensión o jubilación contributiva que reciben las personas beneficiadas, para que se establezca como límite el monto de 2 mil 184 pesos.
La presentadora del dictamen, diputada Nadia Siqueiros, integrante de la Comisión dictaminadora, informó que actualmente la cantidad de la pensión contributiva es de 1 mil 92 pesos de manera mensual, por lo que urge se modifiquen los esquemas para acceder a los beneficio del programa, y que se permita que el monto límite sea el antes mencionado.
Por otra parte la diputada Adriana Fuentes, Presidenta de la Comisión encargada de dictaminar, dio lectura al Acuerdo por medio del cual se solicita al Ejecutivo del Estado analice la viabilidad de presentar una iniciativa de Decreto para que sea creado el Instituto Chihuahuense para la Protección del Adulto Mayor, como organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal.
Cabe mencionar que la legisladora mencionó que con la presentación de dicha iniciativa, se coadyuvará con el Poder Legislativo, para cumplir con el requisito de procedibilidad contenido en el artículo 64 de la Constitución Política del Estado.
Asimismo, detalló que dicho Instituto tendrá como objeto implementar políticas públicas con el fin de coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas a favor del adulto mayor de la Entidad, y de aprobarse, el Ejecutivo deberá expedir el Reglamento Interior de la Ley, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.