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Pide la diputada Rocío Sáenz la creación de un protocolo de actuación en materia de seguridad en instituciones educativas

15 de marzo de 2018. H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.-

La suscrita en mi carácter de Diputada a la Sexagésima Quinta Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los numerales 167 fracción I, 169 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante esta Honorable asamblea a presentar Iniciativa con carácter de ACUERDO, a efecto de exhortar atenta y respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo, a través de _________________________________________________________________, con la finalidad de que se genere de manera coordinada un protocolo de actuación en materia de seguridad en instituciones educativas del Estado de Chihuahua.
Lo anterior con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El Estado mexicano desde el año 2012, emprendió la mayor transformación de conceptos y cobertura de los Derechos Humanos en nuestro país. Entre estas reforma destaca la realizada de modo particular a la protección de la infancia y adolescencia, como es el caso del Artículo 4º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se menciona que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos…”
Desde entonces velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ha generado importantes mejoras legislativas, mediante la implementación de políticas públicas específicas, así como la generación de diversos instrumentos de medición para conocer los avances y retrocesos de los numerosos aspectos de la vida de éste sector de la sociedad; sin embargo, debemos reconocer que aun hay un gran camino por recorrer, siendo uno de ellos mejorar su calidad de vida ante los diarios agravantes que padecen en su entorno.
En tal sentido, es importante mencionar la definición que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolló sobre la calidad de vida, definiéndola como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive, así como de sus expectativas, sus normas e inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por su salud física, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como sus creencias personales y su relación con los elementos esenciales de su entorno.
Me parece que del anterior concepto podemos decir que seguimos en deuda con nuestras niñas, niños y adolescentes ya que aun tenemos mucho por hacer en este tema tan amplio, pero a la vez tan prioritario.
Al hablar de calidad de vida de la infancia, sin duda tenemos que vincularla al tema de educación y entorno escolar. Sin embargo éste ha padecido de significativa violencia e inseguridad, las cuales siempre han estado presentes, pero en la actual administración estatal, se intensificaron de manera alarmante. Actualmente niñas, niños y adolescentes crecen y se desarrollan en ambientes nocivos para su integridad y que afectan su calidad de vida, convirtiéndose de manera indirecta, en cotidianas víctimas y habituales testigos de masacres, levantones, desapariciones forzadas, tiroteos en calles aledañas a sus planteles escolares o frente a sus escuelas y en muchas ocasiones blanco de ataques directos.
Nuestras niñas, niños y adolescentes, en vez de tener gratos recuerdos de su educación, experimentan terror, angustia, desesperanza e incertidumbre, pero por otro lado y cuando no están en la escuela, la calle y los parques, en vez de ser otro espacio adicional de juego y socialización, se han convertido en zona de control del vandalismo y la delincuencia organizada.
Bajo éste contexto es difícil que su crecimiento se dé en condiciones favorables, y con pleno respeto a sus derechos. Uno de los principales derechos de la infancia es el derecho a la protección, el cual implica que las familias y el Estado, en atención al interés superior de la infancia, deben procurar las condiciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo personal y social de niñas, niños y adolescente. Supone mantener a la infancia alejada de las drogas, de la pornografía, de la violencia, de los conflictos armados y defenderlos de situaciones como el abandono, el maltrato, cualquier forma de abuso y explotación, así como de un medio ambiente social de alto riesgo para su bienestar educación y sana convivencia.
Como sociedad hemos avanzado en acciones de prevención y reacción ante contingencias causadas por fenómenos naturales, mismos que conforman la cultura de la protección civil que debe permear en todo nivel educativo. También hemos avanzado en acciones de vinculación ante las autoridades municipales para integrar trayectos seguros para los alumnos, más no así en otro tipo de contingencias en materia de seguridad de menores, como son las detonaciones de armas de fuego o ejecuciones en las afueras de las instituciones educativas, como recientemente ha sucedido la ciudad de Chihuahua, en las afuera de la primaria Héroes de Nacozari, de la Colonia Cerocahui y en el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi 1), ubicado en la Colonia Rincones de San Felipe, tan solo en el mes de febrero del presente año.

Es asombroso que se tenga que implementar este tipo de acciones, pero los altos índices de inseguridad que lamentablemente vivimos en el Estado de Chihuahua obligan a diseñar nuevos protocolos de seguridad, la creciente violencia está cambiando la vida de muchas personas y ahora también tiene sus efectos en los centros escolares, por eso la importancia de que activen los protocolos y manuales de seguridad escolar, para el caso de personas armadas, detonaciones de arma de fuego y objetos explosivos, lo que deberá incluir la capacitación del personal docente, y si es necesario, se lleve a cabo la realización de simulacros con la comunidad educativa, para protegerse en caso de una balacera, como ya ha sucedido.
……………

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante ésta soberanía, la siguiente iniciativa con carácter de:

PUNTO DE ACUERDO