04 de septiembre de 2018. “Legislemos Juntos”

H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-

Quien suscribe FERNANDO ALVAREZ MONJE, diputado a la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68 fracción I de la Constitución Local, 167, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 76 y 77 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, acudo ante esta Representación Popular a presentar iniciativa con carácter decreto para modificar la Constitución Local y la Ley Orgánica que nos rige, a fin de incorporar la figura de Parlamento Abierto. Al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Iniciamos una nueva legislatura colmada de grandes retos y desafíos para afrontar con responsabilidad y compromiso los requerimientos que emanan de la sociedad, por ello, este día hago uso de la tribuna y lo hare cuantas veces sea necesario para allanar caminos en un tema que hoy me ocupa y abona a la vida democrática de cualquier país y que precisamente permitirá satisfacerlos, me refiero a la figura del parlamento abierto, que lo encontramos instituido en el Gobierno Abierto, y se define como una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura parlamentaria, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probidad parlamentarias.
El Parlamento Abierto, en pocas palabras, consiste en que los congresos deben proporcionar la información de forma transparente y accesible, rinden cuentas, asimismo, esta herramienta invita a la ciudadanía a participar en el proceso legislativo, así como, a utilizar las tecnologías de la información y comunicación para fortalecer los vínculos entre representante y representados.
“El Parlamento Abierto no solo se trata de informar o de incorporar las nuevas tecnologías de información, aunque son elementos importantes. Se trata sobre todo de acercar las funciones legislativas a la ciudadanía, de que los congresos se abran al escrutinio, a la deliberación, a la participación ciudadana sustantiva, para aprovechar la inteligencia colectiva instalada en distintos sectores de la sociedad”.
Ahora bien, con el objetivo de impulsar prácticas que favorezcan el ejercicio de los derechos humanos dentro de la esfera de los poderes legislativos, federal y locales, el 22 de septiembre del año 2014, el Congreso de la Unión, el Instituto Federal de Acceso a la Información de Datos (IFAI) y organizaciones de la sociedad civil suscribieron la Alianza para el Parlamento Abierto (APA), en donde se comprometen a trabajar en el marco de los siguientes principios:

1. Derecho a la Información. Garantizan el derecho de acceso a la información sobre la que producen, poseen y resguardan, mediante mecanismos, sistemas, marcos normativos, procedimientos, plataformas, que permitan su acceso de manera simple, sencilla, oportuna, sin necesidad de justificar la solicitud e imparciales.

2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. Promueven la participación de las personas interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas; utilizan mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de sus tareas por parte de la población, así como las acciones de control realizadas por sus contralorías internas y los demás organismos legalmente constituidos para ello.


3. Información parlamentaria. Publican y difunden de manera proactiva la mayor cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización periódica, sobre: análisis, deliberación, votación, agenda parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las sesiones plenarias así como de los informes recibidos de actores externos a la institución legislativa.

4. Información presupuestal y administrativa. Publican y divulgan información oportuna, detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado a la institución legislativa, así como a los organismos que lo integran: comisiones legislativas, personal de apoyo, grupos parlamentarios y representantes populares en lo individual.


5. Información sobre legisladores y servidores públicos. Requieren, resguardan y publican información detallada sobre los representantes populares y los servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de los representantes.


6. Información histórica. Presentan la información de la actividad legislativa que conforma un archivo histórico, accesible y abierto, en un lugar que se mantenga constante en el tiempo con una URL permanente y con hiperenlaces de referencia de los procesos legislativos

7. Datos abiertos y no propietario. Presenta la información con característica de datos abiertos, interactivos e históricos, utilizan software libre con código abierto y facilitan la descarga masiva de información en formatos de datos abiertos

8. Accesibilidad y difusión. Aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público, promueven la transmisión en tiempo real de los procedimientos parlamentarios por canales de comunicación abiertos.

9. Conflictos de interés. Regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con mecanismos para evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los representantes.

10. Legislan a favor del gobierno abierto. Aprueban leyes que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno, asegurándose de que en todas las funciones de la vida parlamentaria se incorporen estos principios.
Cabe hacer mención que de estos principios que se definieron por la Alianza en referencia, se desglosaron 97 variables que permiten reflejar el cumplimiento de cada uno de ellos.
En este tenor, es importante destacar que el Informe Legislativo 2018, denominado "Diagnóstico de Parlamento Abierto, 2017", que realiza el Instituto Mexicano de la Competitividad ( IMCO), coloca a Chihuahua, como una de las entidades federativas, mejor evaluada, situación que nos enorgullece y no dice que vamos por buen camino, junto con Guanajuato con un cumplimiento, sin embargo, no obstante los logros a nivel nacional, ninguna entidad federativa alcanzó el 100%, es decir, el nivel de muy satisfactorio se encuentra alejado de las legislaturas de los Estados,
Ante tal panorama, es menester no retroceder de los alcances logrados en Chihuahua, y es apremiante implementar y reforzar las acciones para subsanar fallas y omisiones para llegar hacer un Parlamento Abierto, como su nombre lo indica, porque es un deber someter al escrutinio público toda la información pública que es del pueblo y para el pueblo, que la necesita para empoderarse y así participar en proceso de las toma de decisiones públicas, la fiscalización y la evaluación de legislación y políticas públicas, así como en el proceso legislativo, es decir, su participación debe ser más afectiva; su función no se termina con el sufragio, sino va más allá de eso, debe inmiscuirse en asuntos públicos, al igual, aquellas personas que no ejercitaron este derecho; todas y todos deben exigir satisfacer sus reclamos, por ello, es menester que cumplir con el deber conferido y por ende, evitar actos de corrupción.
No pasa desapercibido, que uno de los ordenamientos jurídicos más importantes, que emitió la pasada legislatura, sin demeritar alguno y después de existir varios proyectos para expedir la Ley de Participación Ciudadana, en diversas legislaturas pasadas, por fin el proyecto se cristalizó y es de resaltar que era la única entidad federativa que carecía de este instrumento tan esencial para avanzar en la democracia; me complazco que haya salido del tintero, indudablemente, vendrá a sumar esfuerzos para fomentar la participación de la ciudadanía en las decisiones de gobierno.
Pugnemos por un parlamento abierto para recuperar la confianza de la ciudadanía y fortalecer la democracia participativa, a través de la involucración en el proceso legislativo, a los colegios de abogados, asociaciones civiles y la sociedad en general, dado que desde tiempo atrás y hoy en día, no es la excepción, es común la mala percepción del actuar de las legisladoras y legisladores, en este sentido, por citar alguna fuente, el Latinobarómetro producido por la Corporación del mismo nombre, organización sin fines de lucro, con sede en Chile, que evalúa actualmente a México y otros 17 países latinoamericanos, indica que en el año 2017, se acentúa el declive de la democracia, con bajas sistemáticas del apoyo y la satisfacción de la democracia, así como de la percepción de que se gobierna para unos pocos, asimismo, detalla que el 78% de los mexicanos no tiene confianza en el Congreso, aunado a esto, nos coloca en el 4° país con más corrupción.
Asimismo, de acuerdo con el Informe Parlamentario Mundial de la Unión Interparlamentaria, la confianza de la ciudadanía hacia los congresos legislativos se encuentran casi en el último lugar entre todas las instituciones públicas. (PNUD, 2012)
Así las cosas, compañeras y compañeros, es nuestro deber y compromiso revertir tal panorama, sin perder de vista que la transparencia y rendición de cuentas es un derecho humano y nunca estará en la palestra de voluntades políticas, conduzcámonos con los Principios Éticos Compartidos que llaman a los legisladores a: salvaguardar la democracia y los derechos humanos, servir al interés público por sobre todo lo demás, asegurar la integridad pública y evitar los conflictos de interés, sobrellevando sus tareas de forma profesional y transparente, valorando la diversidad política y el pluralismo.
Reitero, es indispensable que la ciudadanía se involucre de manera directa en los parlamentos, sea ella, quien decida, el rumbo que debamos seguir, pongamos en la vitrina pública toda la información del acontecer parlamentario, más allá de formatos en que se realice, pero que pueda ser leída de forma clara y accesible para todas las personas, sin excepción alguna y con ello, tenga la oportunidad de fiscalizar y monitorear el trabajo que se nos encomendó a través de su voto, su confianza para que les demos resultados esperados, sin excusa alguna, indudablemente, la participación ciudadana complementa la democracia representativa.
Así pues, la presente acción legislativa pretende incorporar esta herramienta jurídica a la Constitución Local y Ley Orgánica, disposición que vendrá a vincular al Poder legislativo con la ciudadanía, sustentada en los principios ya mencionados.
En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos señalados en el proemio del presente, someto a consideración el siguiente proyecto de
DECRETO
ARTICULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo 40 Bis a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, para quedar como sigue:

ARTICULO 40 Bis.- El Poder Legislativo del Estado actuará y se regirá por los principios de Parlamento Abierto, de conformidad con lo que se establezca en su Ley Orgánica.

ARTICULO SEGUNDO- Se reforman el Capítulo Único del Titulo Primero, para intitularse Capítulo Primero y el artículo 96, fracción V; Se adiciona un Capítulo Segundo al Título Segundo Único, para denominarse del Parlamento Abierto, que contiene el artículo 15 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera::

TITULO PRIMERO
DEL CONGRESO
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1 AL ARTICULO 15….

CAPÍTULO SEGUNDO
PARLAMENTO ABIERTO

ARTICULO 15 BIS. El Congreso del Estado promoverá la implementación de un Parlamento Abierto orientado en los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación del desempeño legislativo, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información.

En el ejercicio de su función las y los Diputados deberán generar una apertura institucional para que los ciudadanos puedan involucrarse, de manera pacífica y organizada, en los trabajos legislativos.

El Congreso del Estado impulsará en el Reglamento Interno y de Prácticas Parlamentarias, la implementación de mejores prácticas de transparencia para alcanzar los principios contemplados en el presente artículo, y promoverá una agenda de parlamento y gobierno abierto en los ámbitos estatal y municipal.

ARTÍCULO 96.- …
…
I a IV. …
V. De Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.
VI a XXV. …

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.

Atentamente

DIP. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE