15 de octubre de 2019. Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo a través de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas, a fin de que se informe el estado legal que guarda la posesión de las viviendas de los asentamientos indígenas “Carlos Arroyo” y “Díaz Infante”, en la ciudad de Chihuahua.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Francisco Humberto Chávez Herrera del Partido de Morena, quien detalló que, en la actualidad, existe una problemática que catalogó como grave, al referir que los representantes de diversas comunidades de Tarahumaras que habitan dichos inmuebles, han expuesto que son víctimas de abusos y amenazas.
“Estos abusos y amenazas por parte de distintos administradores de la Asociación Civil Asentamientos Tarahumares A.C., dado a que estos lugares, han cambiado de administradores y con ello, los contratos de comodato que lejos de beneficiar a los indígenas, vulneran sus derechos a acceder a una vivienda”, concretó.
Dijo que, los administradores abiertamente han realizado contratos de compraventa de los inmuebles, sin comprobar su legal propiedad, ya que no cuentan con ningún documento legal que acredite la propiedad del inmueble.
Aunado a esto, refirió que, en el acta constitutiva de la citada Asociación Civil, en la cláusula 11 señala que los fines de la Asociación, es brindar casas y materiales de construcción para el mejoramiento de vivienda a indígenas rarámuris, ya que el objeto social de la asociación, es sin fines de lucro.
“Alrededor de 30 familias que vivían en los asentamientos, Carlos Díaz Infante y Carlos Arroyo, fueron desalojadas por la asociación civil Asentamientos Tarahumares, cuyos representantes legales subieron las cuotas de 15 pesos semanales a 400 pesos mensuales, este precio varía dependiendo el tamaño del inmueble, sin respetar los derechos de los indígenas rarámuri”, comentó.
Además, denunció que desde el 2012, se ha solicitado ayuda a los gobierno estatales y municipales, sin embargo, han hecho caso omiso sus peticiones, lo que ha provocado que los indígenas sufran amenazas, engaños, maltrato, burlas y violación a sus derechos, por parte de la asociación.
“Ante estas circunstancias de amenazas y hostigamiento, consideramos grave que las instituciones públicas destinadas para servir a los pueblos originarios, se han mostrado indiferentes ante los hechos mencionados”, concluyó.