06 de octubre de 2020. El diputado Miguel Ángel Colunga, en nombre del diputado Benjamín Carrera, presentó iniciativa para reformar los Arts. 1º y 64, fracción VI, de la Constitución Política del Estado; así como el Art. 78 del Código Administrativo del Estado, respecto a las medidas de austeridad del gasto gubernamental.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

El que suscribe BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ, en mi carácter de Diputado a la Sexagésima Sexta Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de morena, con fundamento en lo establecido por los artículos 64 fracciones I y II, 68 fracción I de la Constitución Política del Estado, el numeral 167 fracción l de la Ley Orgánica, así como el artículo 75 del reglamento interior y de prácticas parlamentarias, ambos ordenamientos del poder legislativo del Estado de Chihuahua, acudo respetuosamente ante este Órgano Colegiado a efecto de presentar la siguiente iniciativa con carácter de Decreto con el propósito de reformar los artículos 1º y 64 fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como el artículo 78 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua todos al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La política social puede entenderse como aquellas decisiones y acciones asumidas por los gobiernos para procurar el bienestar de la población a través del acceso a la vivienda, al agua potable, los alimentos básicos y, reforma mayormente extendida, a la educación, los servicios de salud y el ingreso mínimo. Hugh Bochel y Guy Daly afirman que la política social está relacionada con la forma en que se distribuye el bienestar en una sociedad, “la política social y la administración se refieren al estudio de la distribución y organización del bienestar dentro de las sociedades. Su enfoque se centra en las formas en que las diferentes sociedades entienden y satisfacen las necesidades de sus poblaciones”.

En el mismo sentido Anne Westhues señala que "la política social es un curso de acción o inacción elegido por las autoridades públicas para abordar un problema que trata sobre la salud humana, la seguridad o el bienestar".

Con el fin de enfrentar los retos del bienestar social en la era neoliberal el gobierno implementó una política social basada en tres programas principalmente:

a) Seguro popular
b) Pensión universal para adultos mayores y
c) Progresa-Oportunidades.

El seguro popular tuvo como objetivo fundamental ofrecer a todos los mexicanos acceso gratuito a la atención médica en cuanto a consultas, algunos tipos de cirugías y medicamentos.

La pensión universal para adultos mayores, implementada por primera vez a nivel local en el año 2001 en la Ciudad de México, siendo Jefe de Gobierno el actual Titular del Ejecutivo y a nivel federal en 2007, buscó que la población adulta mayor tuviera acceso a un ingreso mínimo que permitiera aminorar la pobreza por ingresos.

El neoliberalismo trajo consigo una nueva forma de comprender el bienestar, a través del programa Progresa-Oportunidades, los esfuerzos se enfocaron en la población más vulnerable bajo el paradigma del desarrollo humano, a partir del cual se buscó disminuir la desnutrición, la deserción escolar e incentivar el cuidado de la salud.
El 20 de noviembre de 2017 el partido MORENA presentó su plataforma electoral para las elecciones de junio de 2018 llamado Proyecto Alternativo de Nación , el cual tenía como eje fundamental, “no al gasto sin control. Ejecución austera, responsable y honesta del gasto público. Primero se buscan los recursos y luego se asignan, no se endeudará más al país ni habrá nuevos impuestos”.

Con relación al tema del bienestar, el documento señalaba enunciativamente que se priorizaría la atención a los jóvenes y los grupos vulnerables, “la inclusión de todos los jóvenes en programas educativos o laborales, y la atención prioritaria al cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los niños y otros grupos vulnerables”. En cuanto al crecimiento económico, si bien se menciona la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica, no se asumen cambios sustanciales de la política económica. Lo que sí es posible resaltar es la insistencia con la que se menciona que la fuente de financiamiento de la política social sería a partir de una política de austeridad que incluiría el combate a la corrupción y la disminución del gasto corriente.

Lo cual se está logrando a través de: Las principales fuentes de financiamiento de los proyectos provendrán de la eliminación de la corrupción y de un ejercicio honesto de gobierno, así como de la estricta observancia de la austeridad republicana. Se presentará una iniciativa de presupuesto distinta, orientada a la reducción del gasto corriente y al incremento en el gasto en inversión pública.

La plataforma electoral se consolidó en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 presentado el 15 de marzo de 2019. El documento describió de forma más detallada los objetivos del gobierno de la cuarta transformación de la política social y de las fuentes de financiamiento. El documento contó con tres pilares, uno dedicado a la seguridad, el siguiente al bienestar y el tercero al crecimiento económico. Sin embargo, señalaba que tanto la política de seguridad y la económica se encontraban relacionadas de tal forma que el éxito de la política de bienestar era en donde descansarían las otras dos y, por lo tanto, se convertía en la prioridad del sexenio.
Cómo se ha expuesto, la política social del nuevo gobierno se ha robustecido a partir del aumento en el gasto en transferencias monetarias directas, en relación con los sexenios anteriores. Es posible señalar, que lo que buscó el gobierno fue dar un gran golpe de redistribución del ingreso que elevara la capacidad adquisitiva de la población, mitigando con ello los niveles de pobreza por ingresos. Sin embargo, la política social, de alguna forma, es una estrategia para incentivar el crecimiento económico vinculado a la política keynesiana : al elevar el poder adquisitivo, se eleva el consumo de la población y, en teoría, aunado al gasto en obra pública y al aumento de los salarios, hay crecimiento económico.

Si bien no se trata de un regreso al modelo de industrialización como el mismo Plan Nacional de Desarrollo lo señala, “hoy, en 2019, el pís y el mundo han cambiado mucho y en muchos sentidos, y sería imposible y hasta disparatado intentar un retorno a las estrategias del desarrollo estabilizador”, sí se trata de una forma distinta de concebir la política económica y social que requiere una cantidad muy importante de recursos que el país no se encontraba en condiciones de enfrentar bajo la forma en la que se habían venido ejerciendo los recursos en los gobiernos anteriores, baste decir que el presupuesto para el año 2018 fue de 5,279,667,000,000 pesos y para el 2019 es de 5,838,059,700,000, prácticamente no hay una diferencia substancial.

La estrategia entonces fue buscar un instrumento que permitiera poner en marcha el proyecto y esa estrategia fue la política de austeridad, que tuvo como objetivo que gran parte del presupuesto se reorientara hacia la política social.

En este sentido, para llevar a cabo muchos de los proyectos y programas aquí enunciados se deberá buscar la reorientación de presupuestos públicos que actualmente se asignan y ejercen de manera opaca, sin evaluación ni rendición de cuentas; asimismo, parte de los recursos fiscales que se espera liberar en un plazo de cuatro años (equivalentes a 4.1% del PIB), serán reasignados a financiar proyectos de infraestructura con impacto regional y a financiar los programas sociales prioritarios, como los de rescate a los jóvenes y la pensión universal para adultos mayores.

La política de austeridad se integró esencialmente por 3 instrumentos:

a) La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos,
b) La Ley de Austeridad Republicana y
c) Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, los cuales se exponen a continuación.

El 4 de mayo de 2019, el gobierno federal emitió una serie de lineamientos a través de un memorándum para disminuir el gasto corriente de las dependencias federales, órganos desconcentrados y empresas estatales en relación con el presupuesto de por sí ya disminuido en el presupuesto 2019.

El documento señaló, entre los puntos más importantes, que debían eliminarse los asesores al interior de la Administración Pública Federal, los puestos de confianza y alto rango de las delegaciones federales, la eliminación de las plazas de Director General Adjunto y sobre todo el ajuste en un 30% de lo presupuestado en los gastos de papelería, transportes aéreos, viáticos, estudios e investigaciones.

En este orden de ideas el pasado 01 de febrero de 32019, presente la Iniciativa con carácter de decreto, a fin de expedir la Ley de Austeridad en el Ejercicio y Asignación de Recursos Públicos del Estado de Chihuahua. Misma que hasta esta fecha se encuentra en estatus de pendiente en la pagina del H. Congreso del Estado de Chihuahua .

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, someto a consideración de esta Honorable Diputación Permanente, el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 1º y 64 fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera:
Artículo 1º. El Estado de Chihuahua es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos y posee una composición pluricultural, pluriétnica y multilingüistica.

La identidad plural de la sociedad chihuahuense será reflejada en una imagen institucional única para los poderes públicos del Estado y de los municipios, sin perjuicio de las identidades regionales de los gobiernos municipales. La ley regulará las características de los símbolos del Estado y definirá las reglas de las imágenes institucionales de los ayuntamientos, en todo caso, el escudo y lema del Estado estarán integrados a las imágenes de los municipios.

Como política de Estado se deberá la aplicar las medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental, para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público de que dispone la Nación, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 64

I a V …

VI. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos del Estado, discutiendo y aprobando primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo.

En la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado, el Congreso autorizará las erogaciones plurianuales necesarias para cumplir las obligaciones derivadas de los proyectos de Asociación Público Privada que haya aprobado, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción IX, inciso G), del presente artículo.

El Ejecutivo del Estado hará llegar al Congreso la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar el día treinta de noviembre, debiendo comparecer el encargado de las finanzas del Estado a dar cuenta de las mismas. Tanto el Proyecto, como el Presupuesto de Egresos que se apruebe, deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban los servidores públicos, sujetándose a los dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Constitución Federal y 165 bis de esta Constitución;

Serán irrenunciables y adecuadas al desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones y a la responsabilidad que éstos entrañen.

ARTÍCULO segundo. Se reforma el artículo 78 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 78. Los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado prestarán siempre sus servicios mediante nombramiento expedido por la persona que estuviere facultada legalmente para hacerlo, excepto cuando se trate de trabajadores eventuales para obra o por tiempo determinado, en cuyo caso el nombramiento podrá ser substituido por la lista de raya correspondiente.

En ningún caso, el estado de gravidez será impedimento para que una aspirante a trabajadora preste sus servicios al Estado en los términos del párrafo que precede; en consecuencia, queda prohibido practicarle pruebas de embarazo como requisito previo a su ingreso.

Todos los servidores públicos del estado recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente.

Queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos federales para beneficio de cualquier servidor público, con excepción de aquellos necesarios por corresponder a una función de alto riesgo, conforme a lo establecido en la ley.

También quedan prohibidas las pensiones de retiro a titulares del Ejecutivo estatal.

TRANSITORIOS

TRANSITORIO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

TRANSITORIO SEGUNDO. - Quedan derogadas todas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

ECONÓMICO: Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la Minuta de Decreto en los términos en que deba publicarse.

Dado el Salón de Plenos del Honorable Congreso del Estado, a 1º de octubre del año dos mil veinte.
ATENTAMENTE


DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ