24 de noviembre de 2020. La diputada del PAN, Georgina Bujanda Ríos, presentó iniciativa de Decreto a fin de reformar el artículo 212 del Código Penal del Estado, con el objeto de que se sancione la sustracción, copia o almacenamiento de los datos de las tarjetas de instituciones financieras provenientes de una transacción física para la cual haya sido empleada.
A continuación el contenido íntegro de la iniciativa presentada ante el Pleno Legislativo:

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Quien suscribe, GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS, en mi carácter de Diputada a la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 68 fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 167, fracción primera, 169 y 174, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como los numerales 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo. Comparezco ante esta Honorable Representación Popular para presentar iniciativa con carácter de Decreto que reforma el artículo 212 del Código Penal del Estado a fin sancionar la sustracción, copia o almacenamiento de los datos de las tarjetas de instituciones financieras provenientes de una transacción física para la cual haya sido empleada, lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El uso de tarjetas bancarias como medio de pago, ha beneficiado tanto a la ciudadanía como a los comercios y entidades gubernamentales que reciben alguna contraprestación, esto debido a que brinda mayor comodidad y seguridad a la ciudadanía al efectuar sus compras y pagos mediante este medio.
No obstante, a pesar de parecer la forma más segura para comprar servicios y productos, muchas personas se han visto afectadas ya que al momento de pagar con su tarjeta, los datos de la misma son sustraídos y tal es su sorpresa que días, semanas o meses después se percatan que sus cuentas han sido vaciadas con compras por internet que desconocen. Peor aún, cuando llaman al banco para reportar dicho acontecimiento, lo único que la entidad financiera realiza es levantar un reporte de cargo desconocido y entregar al propietario de la cuenta un número de reporte para su seguimiento.
Aunado a lo anterior, muchas veces los usuarios reciben mensajes o llamadas en donde los delincuentes se hacen pasar por personal de alguna entidad financiera y mediante engaños sustraen la información de tarjetas bancarias, para luego emplear dichos datos para vaciar las cuentas mediante compras en línea.
Tristemente, lo anterior es una realidad que diariamente sufren muchas personas en nuestro estado y país. Según la CONDUSEF este tipo de delitos está al alza, más cuando ahora una gran parte de las transacciones se realizan vía electrónica, es decir, desde Internet o teléfono celular.
Según reporta la CONDUSEF en 2016 en el sector Bancos, hubo un total de 5 millones 297 mil 509 reclamaciones por posible fraude, mientras que en el primer trimestre del 2017, según la CONDUSEF, se realizaron 1.5 millones de quejas por posible fraude financiero. De éstas, 864,000 fueron por fraudes tradicionales y 639,857 por fraudes cibernéticos.
El fraude digital no es ajeno a las modas y, en tiempos de la COVID-19, también existe. Los ciberdelincuentes, como plataformas organizadas, lo saben y aprovechan la ocasión para obtener rentabilidad de nuestras circunstancias, el repunte en estos últimos fue de más de 50%.
La forma en la que operan las personas que cometen este tipo de delitos son diversas, como el tallado de tarjetas, el smishing consistente en que te envían mensajes SMS a tu teléfono móvil con la finalidad de que visites una página web fraudulenta con el fin de obtener tu información bancaria, para realizar transacciones en tu nombre, así mismo encontramos el phishing, también conocido como suplantación de identidad, en este tipo de fraude el objetivo es que al hacerse pasar por una Institución Financiera, te enviarán un mensaje indicándote un error en tu cuenta bancaria, y al ingresar tus datos, obtienen tu información confidencial como: números de tus tarjetas de crédito, claves, datos de cuentas bancarias, contraseñas, etc.
El modus operandi funciona de muchas maneras, pero el objetivo es siempre el mismo: obtener nuestras credenciales, número de tarjeta, PIN y claves de acceso para acceder al dinero de nuestras cuentas.
La finalidad de la presente iniciativa es tipificar como robo al acto de obtener los datos de tarjeta de crédito o debito sin tu consentimiento, aprovechándose de tener contacto físico con ellas al momento en que el titular de la cuenta las entrega de buena fe al momento de realizar una transacción con la misma, ya sea en la propia institución financiera, en alguna dependencia pública o en cualquier negocio. Sin embargo, estos no son los usuarios finales ni tampoco están cometiendo fraude pues no existe error del sujeto pasivo.
Así mismo, pareciera que este nuevo tipo penal que se propone, podría encuadrar en el de usurpación de identidad, sin embargo, las hipótesis normativas del tipo no son iguales, ya que en el hoy planteado, no es necesario que el sujeto activo se ostente como la persona titular de la tarjeta, pues basta que haya sustraído los datos de su tarjeta bancaria para de esta manera poder robar el dinero que se encuentra en la cuenta del sujeto pasivo.
Cabe señalar que a pesar de los altos índices de casos en donde la información de las tarjetas de los usuarios es sustraída, no existen mecanismos realmente efectivos que aseguren a la víctima recuperar su dinero y castigar a los culpables de dicho crimen, las y los usuarios de tarjetas bancarias ante estas situaciones se encuentran en un estado de indefensión.
Ante este contexto, el día de hoy es apremiante dotar a los usuarios del mecanismo jurídico para que lleven sus casos ante la justicia, es por ello que la presente propuesta busca regular el tratamiento de los datos de tarjetas bancarias para evitar que el robo por parte de particulares de éstos quede impune. Lo anterior, ya que de esta manera, se puede prevenir, disuadir y castigar este tipo de acciones que claramente se ven materializados en un detrimento del patrimonio de las y los chihuahuenses.
Compañeros y compañeros, como representantes de las y los ciudadanos debemos trabajar por cuidar los bienes del pueblo de Chihuahua, porque no es justo que de buenas a primeras se les quite lo que con tanto esfuerzo la ciudadanía ha trabajado por conseguir.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, someto a la consideración de esta Honorable Representación Popular, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMA la fracción III y se ADICIONA la fracción VI del artículo 212 del Código Penal del Estado de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 212. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicarán de dos a diez años de prisión, cuando el robo:
I-II…

III. Se cometa a través de la sustracción, copia o almacenamiento de información de tarjetas de crédito, débito o cualquier forma de pago electrónico sin consentimiento y por cualquier medio proveniente de una transacción económica y presencial con tarjetas de instituciones financieras.

IV-V…

VI. Recaiga sobre bienes de instituciones educativas o culturales.
TRANSITORIOS
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico oficial del Estado.

ECONÓMICO. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de Decreto correspondiente.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinte.


ATENTAMENTE

DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS