22 de diciembre de 2020.
Las y los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, para que se realicen los ajustes necesarios al presupuesto asignado al Órgano Interno de Control del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2021, para asignarle el financiamiento que lo sitúe en el nivel jerárquico de una Dirección General.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la Diputada Rocio Sarmiento Rufino del Partido Movimiento Ciudadano, quien mencionó que con estas modificaciones, se espera que se cuente con una estructura orgánica y los recursos necesarios para que el ejercicio de sus atribuciones, tenga autonomía técnica y de gestión que la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, determinen.
En este sentido, mencionó que se establecerán las acciones necesarias con los organismos constitucionales autónomos, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con el propósito de asignar al Órgano Interno de Control de cada uno de ellos, los recursos financieros suficientes, a fin de situarlos en el nivel jerárquico de una Dirección General.
“De tal suerte que, a través de la estructura orgánica y los recursos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, tenga la autonomía técnica y de gestión que la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la propia del Ley que rige a cada uno de ellos, determinan”, abundó.
Dijo que desde el 2015, se adquirió en el rango de constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción, al cual Chihuahua se incorporó en octubre de 2017 con los ajustes al Artículo 187 de la Constitución Local, mismo por lo que se crearon mediante reformas, varias leyes secundarias, que además de crear las instituciones necesarias para enfrentar los retos que implica una tarea de ese tamaño, se dio vida legal a los Órganos Internos de Control, tanto de instituciones públicas como de los organismos constitucionalmente autónomos.
“A inicios de este 2020, con la modificación a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento correspondiente, se establecieron las precisiones para concluir con la tarea establecida desde el año 2015, en relación a la construcción del andamiaje institucional para trabajar en el combate a las malas prácticas en materia de responsabilidades administrativas y actos de corrupción.
Sin embargo, refirió que respecto al tema, Chihuahua aún tiene mucho trabajo por hacer, pues, de acuerdo a cifras del INEGI en 2018, sus índices de corrupción lo situaban como la octava entidad más afectada, aunque organismos empresariales como la COPARMEX a nivel nacional, nos favorecen actualmente en lo que se refiere a esos indicadores, en relación a las actividades de sus integrantes con el gobierno.
Recalcó que definidos como las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como de los órganos constitucionales autónomos, para cuyo desempeño debe contar con autonomía técnica y de gestión, los órganos internos de control, surgen a la vida jurídica desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y se definen en la leyes generales de la materia, como la figura responsable de promover, evaluar y fortalecer las instituciones del Estado.
“Deberán estar suficientemente sólidos en relación a su estructura orgánica, la que se debe conformar con personal especializado y calificado para la delicada tarea de prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas o actos de corrupción de personas servidoras públicas; razón por la cual, sin lugar a dudas, los instrumentos del Estado para proveerlos de recursos, deben estar a la altura de la enorme responsabilidad que desde la propia Constitución y las leyes que los rigen, se les ha encomendado”, concretó la legisladora.
Por último, recordó que para su debida conformación, el Congreso del Estado inició, a través de una Comisión Especial creada para tal efecto, la selección de las y los candidatos para ocupar la titularidad de los órganos internos de control para que el pleno, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y legales, realice la elección correspondiente.